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El Grupo de Río es un organismo de consulta de alto nivel cuya característica más destacada es que la integran los países de América latina y el Caribe y no está incluido Estados Unidos. Con la única, y por ello ominosa, ausencia de Cuba, el Grupo de Río no lograba desprenderse de una herencia de años de preponderancia de la diplomacia norteamericana sobre las decisiones de los demás países de la región. La famosa imagen del patio trasero de Washington. La incorporación de Cuba, esta semana, puso las cosas en el lugar que debían haber estado desde hace mucho y constituye un paso importante para terminar con el aislamiento impuesto a Cuba por Estados Unidos.

Cuando Cuba fue expulsada de la OEA en 1962, el único país latinoamericano que sostuvo relaciones diplomáticas normales fue México. En los últimos quince o veinte años esa situación se fue revirtiendo lentamente. Al punto que en la actualidad, Cuba tiene relaciones con todos los países, y sin embargo se la mantenía excluida del concierto institucional de la región. El presidente de Brasil fue el promotor de su incorporación al Grupo de Río y en su viaje a Cuba, Lula se había ofrecido también como mediador ante el gobierno norteamericano.

La integración de Cuba, una acción lógica, necesaria y natural, se convirtió en una especie de bomba por el grado de ridiculez y anacronismo que tiene la política norteamericana con relación a la isla.

Pero también es cierto que esta inclusión que aparece como una bofetada a Washington sucede cuando el país del Norte solamente tiene capacidad de respuesta para atender los monumentales líos en que lo metió el presidente George Bush, con una de las mayores crisis de la historia y dos guerras que no tienen salida.

Porque prácticamente en la misma semana que se proclamaba esta incorporación, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunciaba la moratoria de una parte importante de su deuda externa a la que declaraba “ilegal, ilegítima y corrupta”. En esa semana, el ministro de Política ecuatoriano, Ricardo Patiño, visitó la Casa Rosada en busca de apoyo para la decisión de su gobierno. El caso argentino era el antecedente más cercano de esa moratoria. No fue casualidad que las primeras condenas que surgieron en Estados Unidos contra Ecuador partieron del lobby de bonistas que no se incorporaron a la quita realizada por el gobierno de Néstor Kirchner.

La Task Force, o Grupo de Tareas, un nombre que se dieron estos lobbistas y que para los argentinos despierta recuerdos poco gratos, condenó duramente la moratoria de la deuda ecuatoriana en un comunicado que firmaron Robert Shapiro y Nancy Soderberg, los copresidentes del Grupo de Tareas, pronosticando consecuencias apocalípticas para la economía ecuatoriana y el cierre del crédito externo. La andanada contra los ecuatorianos no fue la única tarea del grupo esa semana, ya que ellos fueron los que fogonearon la decisión del juez Thomas Griessa, de la Corte del distrito Sur de Manhattan, que congeló 553 millones de dólares de las AFJP argentinas.

Shapiro y Soderberg son dos personajes del jet set político y económico de Estados Unidos. El primero fue alto directivo de Monsanto y un conocido inversionista de Wall Street, en tanto que la ex embajadora Shapiro fue parte de la misión norteamericana ante las Naciones Unidas durante la última estapa del gobierno de Bill Clinton. Sobre todo Soderberg, por sus relaciones con el Partido Demócrata, ha tratado de interferir los contactos, primero de Hillary Clinton, cuando parecía que iba a ser la ganadora de las elecciones, y luego del presidente electo Barak Obama, con el gobiero argentino.

Shapiro y Soderberg aspiran ahora a representar a los tenedores de bonos ecuatorianos, aunque todavía falta la última parte de la historia, anunciada por el mismo Correa, quien dijo que en los próximos días presentará un “plan de reestructuración para que, en lugar de ir a complicados, engorrosos y tal vez dolorosos litigios, se busque una salida rápida a este tema.”

Un sector de la izquierda criticó a Néstor Kirchner por no haber elegido este mismo camino. La deuda externa local tiene la misma historia plagada de ilegalidades y corrupción que la deuda ecuatoriana, como lo demostró la investigación de Alejandro Olmos, cuyo hijo fue uno de los técnicos que auditó la deuda en Ecuador. Pero la situación era diferente, porque Argentina salía de un default por incapacidad de pago. Ecuador estaba en otra situación, no defolteó su deuda y no salía de una crisis tan profunda como la de Argentina, por lo que le hubiera resultado más difícil defender su no capacidad de pago.

Entre las dos opciones, resulta más justo declarar ilegal y corrupta a la deuda, porque de esa manera se pone de manifiesto que el que está en falta es el acreedor y no el pagador, que ha sido esquilmado a lo largo de años, durante los cuales ha llegado a pagar varias veces el monto adeudado. No pagar por incapacidad de pago, como se resolvió con la deuda argentina, pone la falta del lado del que fue esquilmado.

Los bonos Global 2012, cuyos pagos suspendió Correa, involucran unos tres mil millones de dólares y el total de la deuda ecuatoriana pasa un poco los diez mil millones. O sea que esta moratoria suma un 30 por ciento del total. Hay un cálculo de que esta medida podría llegar al 40 por ciento del total. En Argentina nunca se calculó el porcentaje de la deuda que se hubiera podido declarar ilegal, pero las historias de las deudas de ambos países son bastante similares y tienen los mismos horrores. Lo paradójico es que en Argentina, la quita fue del 67 por ciento, mucho mayor que la planteada por Ecuador. Hay otros cálculos, pero incluso los más críticos no bajan del 50 por ciento del total, sobre valores nominales, descontando intereses acumulados desde el default, que igual hubieran tenido que ser pagados. O sea que con esa estrategia, Argentina pagó mucho menos de lo que hubiera pagado con la otra. Además, el mismo Correa aclaró la dificultad que deberá afrontar para probar en tribunales internacionales esa ilegalidad, y para sortearla ofreció una reestructuración negociada a los acreedores.

Esa problemática con la deuda aproximó a los gobiernos de los dos países, al punto que Correa, que ya prevé una fuerte ofensiva en su contra, viene proponiendo al ex presidente Néstor Kirchner –que ganó fama de ser un negociador difícil– como titular de Unasur. En el marco de los gobiernos progresistas surgidos en América latina se han ido definiendo dos grupos. Un ala más moderada o “neodesarrollista”, como la califican algunos, que integran los gobiernos de Brasil, Uruguay y Chile. Y otro grupo, integrado por Venezuela, Bolivia y, en menor medida, Ecuador, que plantean un tipo de socialismo en democracia, con participación importante del capital privado y tiene un discurso más confrontativo con Estados Unidos. Para el contexto internacional, el gobierno argentino forma parte de ese conglomerado progresista, aunque se lo juzga más heterodoxo que el ala moderada, tampoco se lo embloca con el ala más radical. La propuesta de Ecuador buscaba también un candidato en Unasur que funcionara como articulador entre los dos grupos, una posición intermedia. El gobierno argentino ha mediado más de una vez entre Bolivia y Brasil y Venezuela y Brasil. En ese punto, el gobierno de Tabaré Vázquez, al que dos años atrás se le negó la posibilidad de seguir perteneciendo al Mercosur si firmaba un Tratado de Libre Comercio con Washington, bloqueó la propuesta ecuatoriana con el argumento del conflicto por Botnia. Los gobiernos de Colombia y Perú, de Alvaro Uribe y Alan García (ausentes esta semana en las Cumbres en Brasil), coinciden por lo bajo con Tabaré, pero sin levantar la voz, ya que su situación no es muy favorable porque son reconocidos como los más influenciables por Washington.

La decisión de Correa desató el debate sobre la deuda. Los presidentes Evo Morales, Fernando Lugo y Chávez declararon que había que auditar todas las deudas. La consigna más dura del no pago, que hasta ahora nunca ha sido practicada por ningún gobierno, ha quedado en desuso, pero Evo afirmó que todas las deudas contraídas por dictaduras o gobiernos neoliberales tendrían que ser auditadas, menos las deudas bilaterales con fines sociales. Chávez que, al igual que Argentina, pagó toda su deuda con el FMI para terminar con los controles, apoyó la idea de la auditoría junto con Lugo.