El caso de la importación de supercamionetas Hummer, a través del uso ilegal de franquicias diplomáticas, golpeó ayer las puertas de la Embajada de Bulgaria, como antes lo había hecho en las representaciones de Uruguay y Rusia. Esta vez, el juez en lo Penal Económico Jorge Brugo procesó por contrabando agravado a Alejandro Amiano, representante de una funcionaria diplomática de la legación búlgara y a la escribana Mirta Salgado, quien participó en los trámites relacionados con una Hummer. En concreto, la funcionaria búlgara trajo una camioneta por 29.000 dólares y la vendió muy poco después en 130.000. Lo que se demuestra –según el juez– que la Hummer nunca tuvo como destino el uso diplomático: la trajeron para venderla, esquivando el pago correspondiente de las tasas aduaneras.

Brugo no dictó la prisión preventiva ni del representante de la diplomática búlgara ni de la escribana, porque la Sala A ya dijo dos veces en esta causa que todos tienen derecho a esperar el juicio oral en libertad. Pese a que el magistrado cree que los imputados deberían estar presos –cosa que ya dejó en claro en fallos anteriores–, por economía procesal directamente no dicta la prisión preventiva. Quien no quedó procesada es la compradora de la Hummer, ya que Brugo consideró que la adquirió de buena fe, al precio correspondiente. El negocio lo hicieron la diplomática y sus representantes.

La mecánica que investiga Brugo consiste en el ingreso al país, utilizando franquicias diplomáticas, de camionetas que no son adecuadas para el uso de diplomáticos e incluso no figuran entre las permitidas por la Cancillería. Las Hummer, que ni siquiera están habilitadas para circular en el país, son traídas para uso particular y el ingreso a través de la franquicia es un ardid para no pagar las tasas aduaneras.