El juez federal Julián Ercolini abrió ayer formalmente la investigación contra el ex presidente Néstor Kirchner, el ministro Julio De Vido y un grupo de empresarios por supuestos hechos de corrupción. El magistrado aceptó el pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita y ordenó algunas medidas para iniciar la pesquisa.

La causa se inició por una denuncia de Elisa Carrió y once diputados de la Coalición Cívica que involucró al ex presidente Néstor Kirchner; el ministro de Infraestructura, Julio De Vido; el secretario de Transporte, Ricardo Jaime; el ex titular del Occovi Claudio Uberti, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini, junto a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Rudy Ulloa.

Ercolini solicitó que en tribunales se certifique si existen otras causas en las que se están investigando los mismos hechos denunciados en este expediente. También dispuso que en la Inspección General de Justicia y en los Registros de Comercio provinciales se obtenga toda la información sobre estatutos, balances y documentación de un grupo de sociedades que fueron mencionadas en la pesquisa. Otro organismo al que se le pidió información es la AFIP. El juez quiere saber si hay denuncias penales tributarias o previsionales de los mencionados en el expediente. Además, solicitó un informe de la integración accionaria de unas 24 empresas mencionadas en la denuncia.

Ercolini requirió datos al Principado de Liechtenstein a raíz de la medida dictada por un juez de ese país que bloqueó diez millones de dólares de una cuenta vinculada a la empresa Austral Construcciones S.A, propiedad del empresario Lázaro Báez, en una causa abierta por supuesto lavado de dinero. También envió un exhorto a Córdoba para que el ex intendente Luis Juez ratifique declaraciones vinculadas a presiones de Cristobal López para apoyar el negocio del juego en Córdoba Capital.