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La Cámara Federal porteña confirmó un nuevo procesamiento con prisión preventiva para el dictador Jorge Rafael Videla, esta vez por treinta homicidios agravados, entre otros graves delitos cometidos bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura militar. La resolución suscripta por los camaristas Eduardo Farah y Jorge Luis Ballestero atribuye además al ex militar responsabilidad en 571 secuestros y 268 tormentos, delitos de “lesa humanidad” cometidos en los centros clandestinos que dependían del general Carlos Guillermo Suárez Mason. Videla está detenido en la unidad penal 34, bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal, dentro del predio militar de Campo de Mayo.

Como presidente de facto y jefe de la primera junta militar, Videla acumula procesamientos por centenares de víctimas del terrorismo de Estado en todo el país. Hasta ahora, sin embargo, no hay certezas de que vaya a ser juzgado durante 2009. El juicio con mayores chances de concretarse que lo cuenta entre los imputados no es por su responsabilidad en el Plan Cóndor, en el plan sistemático de robo de bebés o por los crímenes del Primer Cuerpo que comandaba el general Guillermo Suárez Mason, sino una causa de Córdoba por ejecuciones de presos políticos sacados de la cárcel de San Martín. Allí compartirá el banquillo de los acusados, posiblemente a mediados de año, con el condenado Luciano Benjamín Menéndez, sus subordinados del Destacamento de Inteligencia 141 y la patota del Departamento de Investigación (D2) de la policía provincial.

El expediente en el que se investigan los delitos cometidos en los centros clandestinos que funcionaban en la órbita del Primer Cuerpo tramita en el juzgado de Daniel Rafecas y es una de las megacausas reabiertas tras la derogación y declaración de “nulidad insalvable” de las leyes de obediencia debida y punto final. En un texto de 51 carillas, los camaristas Farah y Ballestero desbarataron los argumentos de la defensa del dictador, que insistían en sus planteos de prescripción y nulidad de la ley que anuló las leyes de impunidad y que fueron rechazados en todas las instancias.

Videla “estaba en la cima de la cadena de mandos desde que se ideó el plan de represión ilegal”, en los últimos meses de 1975. Desde allí “se dieron las órdenes para su ejecución y se dispusieron todos los medios del Estado para lograrlo”, escribieron los camaristas. En otro párrafo los magistrados explicaron que esas órdenes e instrucciones tenían como objeto “asegurar su máxima impunidad a través de la clandestinidad”. Esa es una de las características que llevaron a Farah y Ballestero a concluir que, en caso de concedérsele la libertad, Videla “podría entorpecer el curso de la investigación”. Basaron su presunción en que el ex presidente de facto “conoce a todos los máximos responsables y a los aspectos de la última fase de las maniobras delictivas”. “Ello no sólo podría ocurrir con el objeto que se conozca el destino final de las víctimas de los sucesos que se le imputan, sino también para que su reproche penal no resulte eventualmente agravado”, enfatizaron.

El octogenario dictador cumple su prisión preventiva en la cárcel de Campo de Mayo, luego de que el juez federal Norberto Oyarbide le revocara el beneficio de la prisión domiciliaria en la causa conocida como “plan sistemático”. La medida de Oyarbide, que luego se extendió a la investigación del secuestro de los empresarios Gutheim, fue confirmada por la Cámara Federal.