El juzgado federal de San Martín rechazó la excarcelación del represor Luis Sadi Pepa, quien operó en la zona de San Isidro durante la última dictadura y fue director de la Escuela de Comunicaciones del Ejército, al que una confusión judicial había dado por muerto. El juez Juan Manuel Yalj, a cargo interinamente del juzgado federal número 2 de San Martín, dictó para ello la “inconstitucionalidad” de un artículo de una ley que obliga a los jueces a acatar los fallos plenarios de un tribunal superior, en este caso de la Cámara Nacional de Casación. Sadi Pepa tiene 83 años. Si el magistrado hubiera acatado el llamado “caso Díaz Bessone” de Casación, que indica la excarcelación para represores si se presume que no van a interferir la acción de la Justicia ni fugarse, Sadi Pepa hubiese sido liberado. El coronel retirado está detenido con arresto domiciliario acusado de gravísimas violaciones a los derechos humanos, entre ellas un ataque a la casa del matrimonio formado por Roberto Lanouscou y Bárbara Miranda, en septiembre de 1976, en el que murieron junto a sus hijos Roberto, de cinco años, y Bárbara, de cuatro. Tras el operativo, los militares se llevaron con vida a la hija menor del matrimonio, Matilde, por entonces de seis meses de vida. Sadi Pepa está imputado en la causa caratulada “Riveros, Santiago Omar y otros s/privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos y homicidio”, entre otros cargos, en el marco de un expediente en el que también está detenido el ex secretario general del Ejército Eduardo Alfonso, y acusado el último dictador, Reynaldo Benito Bignone.