Luego de romper las negociaciones con el gobierno, la Mesa de Enlace utilizó la concentración del viernes en Leones para mostrar hasta qué punto se ha constituido en un actor político, con la mira puesta en las elecciones de renovación parlamentaria de octubre. Los oradores apenas se refirieron a la problemática del sector, cuestionaron en tono insultante todas las políticas oficiales y saludaron con entusiasmo la presencia de dirigentes de la UCR (Mario Negri), de la Coalición Cívica Libertadora (Adrián Pérez), del socialismo (Rubén Giustiniani), del vecinalismo (Luis Juez) y del “justicialismo no obsecuente”. De hecho las principales figuras de esa nueva tendencia, que no estuvo presente, forman parte del sector: Carlos Reutemann y Juan Carlos Romero son productores de soja, Francisco de Narváez explota el predio malhabido de La Rural en Palermo y Felipe Solá engordaba terneros en feedlot. El locutor oficial provocó la aclamación del público, más vocal que numeroso, al anunciar la presunta deserción de otros legisladores del Frente para la Victoria. Dos días antes, el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, había inaugurado en Bahía Blanca sus cursos de participación política para productores, concebidos por el consultor Felipe Noguera para limpiar la imagen de la entidad, vinculada con los golpes militares del siglo XX. La clase de democracia fue impartida por el ex director de la revista Cabildo y ex viceministro de Defensa de Carlos Menem, Vicente Massot, quien debió renunciar a ese cargo luego de la defensa de la tortura en un reportaje de Ernesto Tenembaum. En diálogos privados, Biolcati repite que “hay que ganarles en octubre y empujarlos para que no terminen el mandato”. La disposición beligerante de la Mesa de Enlace se refleja también en el nuevo lockout y en la convocatoria para el 12 de marzo a un acto multisectorial con participación de dirigentes de la oposición en Córdoba. La decisión reiterada por la presidente CFK de excluir del diálogo con las patronales agropecuarias los tributos a las exportaciones de cereales y oleaginosas, la apertura de la venta de pliegos para la instalación de nuevos operadores de televisión por cable, el estudio sobre la pretendida fusión de los dos cables del Grupo Clarín y la probable inclusión de la nueva ley de servicios audiovisuales en el período de sesiones ordinarias del Congreso que se inicia la semana próxima, sugieren que el gobierno nacional ha decidido recoger el guante lanzado por el complejo agromediático. Esto no significa que el ex presidente Néstor Kirchner haya decidido presentarse como candidato en la provincia de Buenos Aires, donde reside desde 2003, aunque sus apariciones públicas en diversas provincias implican el reconocimiento del carácter plebiscitario de los próximos comicios, en los que el oficialismo pondrá en juego su mayoría en ambas cámaras legislativas. Si los pasos previstos en materia de radiodifusión se cumplen, el gobierno padecerá renovados ataques pero habrá hecho un aporte sin precedentes a la institucionalidad democrática, permitiendo la participación de otras voces que hoy no se escuchan.

El diálogo

El presidente de la Sociedad Rural dijo que había abandonado la negociación con el ministro Julio De Vido porque las propuestas del gobierno eran insuficientes. Sin embargo, en la primera reunión, el 5 de enero, el gobierno puso dos condiciones para avanzar: que no hubiera nuevos menoscabos a la investidura presidencial (Biolcati condujo un cacerolazo sobre la residencia de Olivos el año pasado) y que no se discutieran las retenciones a la soja, porque esos ingresos eran el ancla imprescindible para que el vendaval económico originado en la economía mundial no desquiciara la del país. La prueba de que Biolcati aceptó esas restricciones es que los encuentros entre ambos negociadores continuaron en los 45 días transcurridos desde entonces, con participación del Secretario de Agricultura Carlos Cheppi y del economista jefe de la Rural, Ernesto Ambrosetti y, según dijo Biolcati a su interlocutor oficial, con conocimiento del presidente de la Franja Morada Agropecuaria, Mario Llambías, y del agitador de la Federación Agraria, Alfredo De Angeli, con quien Biolcati almorzó en la sede gremial de Palermo luego del primer encuentro con De Vido. Ante la publicación de este diario, los que sabían y los que no se habían enterado, como Eduardo Buzzi, negaron los contactos y atribuyeron la noticia a una operación oficial contra Biolcati. Pero la negociación no fue revelada por esta página, sino en el panorama empresario de Clarín de la semana anterior. Fue a partir de esa primicia periodística de ostensible fuente patronal, que esta columna intentó, y logró, reconstruir la trama secreta. Con la misma impavidez, Biolcati atribuyó al gobierno la ruptura de códigos a los que él se habría atenido como un caballero, pasando por alto la declaración de la Mesa de Enlace que acusó de negarse al diálogo al gobierno, con el que la Sociedad Rural estaba negociando desde Navidad. Fue recién en respuesta a este ultimátum que el vocero presidencial hizo pública la transacción con el representante de la Mesa de Enlace. Omitió, sin embargo, los detalles de lo acordado. El gobierno aceptó una larga serie de reclamos, como la eliminación total de las retenciones a las economías regionales, el cobro de retenciones al trigo después y no antes de la molienda, lo cual tendría efecto fiscal neutro pero beneficiaría a los productores; la mejora en el precio de la leche que cobran los tamberos, la supresión de las retenciones a las exportaciones de leche en polvo, el lanzamiento de un programa carne plus, que permita la faena de animales más pesados, de modo de incrementar el tonelaje exportado con el mismo número de cabezas y la asignación a los corrales de engorde que tienen 35 por ciento de capacidad ociosa de los terneros de las vacas lecheras; la revisión de la resolución 543 de la Oncca que desacopló al Estado del riesgo en los mercados de futuros y la eliminación de los Registros de Operaciones de Exportación (ROE) a cortes finos, como el lomo o el cuadril. En cambio, rechazó permitir la exportación de manta de vaca vieja, que va a la industria del termoprocesado, por la dificultad de controlar que esos permisos no se usen para faenar terneros, y la reducción de la cantidad de productos lácteos de precio regulado, que encarecería productos como la crema y los postrecitos. Esa defensa del niño peronista y su dieta alimenticia fue la única intervención en los acuerdos que puede atribuirse al Gran Satán del comercio interior y los precios. Aun hay otro punto de desacuerdo: Biolcati sostiene que pidió que se suprimieran las retenciones al trigo, De Vido no lo recuerda y en el paper presentado por la Sociedad Rural no figura. El gobierno también rechazó nuevas quitas parciales en las retenciones al girasol y el maíz, que implicarían sacrificar mil millones de dólares de recaudación.

Hoy un juramento

La Federación Agraria acusó a Biolcati de traición y su Vicepresidente Ulises Forte lo trató de patrón de estancia. La sorpresa de Buzzi y sus incondicionales es comprensible y termina de calificar el tipo de relación que entabló con la organización de los latifundistas, contra la que hace 97 años la Federación Agraria dio su grito de Alcorta. La ratificación del gobierno como enemigo común y principal disolvió la tormenta. La dura declaración de la Mesa de Enlace hizo comprender al gobierno que Biolcati no investía la representación que se había arrogado al llegar a esos puntos de acuerdo. Amplió entonces la convocatoria a todos los miembros de la Mesa, para reunirse pasado mañana con la ministra Débora Giorgi, de quien depende la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. No obstante, luego de recibir la invitación, las cuatro cámaras patronales decidieron realizar la primera medida de fuerza del año. La exasperación de los federados tiene que ver con la gratuidad de los documentos necesarios para el transporte de productos agropecuarios dispuesta por la AFIP y la Oncca. La canonjía otorgada por Menem y Cavallo a una cooperativa que manejaba la Federación revirtió luego a la propia entidad de los medianos arrendatarios rurales que de ese modo financiaba en forma holgada sus actividades. El cierre de ese chorro de plata dulce obligó a un ajuste de gastos que, según el opositor Movimiento Campesino Liberación, conducido por quien fue el maestro de Buzzi en el gremialismo rural, José Luis Livolti, eran dispendiosos. La conflagración que estalló en la Mesa de Enlace se aplacó en Leones, pero una solución de fondo sería que la Sociedad Rural, Coninagro y Carbap compensaran a la Federación los 15 millones de pesos que recibía de los productores por la emisión de las cartas de porte. Buzzi los considera un lucro cesante causado por la participación común en la Mesa de Enlace. Su situación es complicada frente a sus propios afiliados porque la media sanción del proyecto de ley sobre retenciones móviles que la Cámara de Diputados votó el 3 de julio pasado contenía apreciables beneficios para los productores de hasta 1500 toneladas de cereales y oleaginosas e iba atada a otros dos proyectos de ley inspirados por la propia Federación: uno de arrendamientos, al que se oponía la Sociedad Rural, y otro de creación de un fondo de 150 millones de pesos para atender a pequeños productores en situaciones de emergencia agropecuaria debidas al cambio climático o a fenómenos biológicos que pongan en riesgo la continuidad de los productores y afecten a las comunidades rurales. Sin embargo, por razones que Buzzi nunca explicó pero que deben tener alguna motivación nítida, la Federación Agraria redobló sus esfuerzos para que el Senado no convirtiera esa sanción en ley y cuando Julio Cobos terminó de lloriquear y votó como le habían indicado su esposa y sus hijas, celebró en Palermo como si se tratara de un campeonato deportivo. Por cierto, la derrota de la resolución 125 y sus modificaciones fue una gran victoria de la Sociedad Rural y Carbap, que representan a los latifundistas más poderosos, cuya alícuota se mantuvo en el nivel previo, pero perjudicó al resto, al anular los subsidios por tonelaje y distancia que el gobierno había aceptado pagarles y mandó a una vía muerta los otros proyectos de ley. Luciano Miguens, quien entonces era presidente de la Sociedad Rural dijo la semana pasada a la revista Fortuna que habían cometido un error de evaluación, porque pensaron que después de quebrar al gobierno en el Congreso podrían imponer sus condiciones “pero se creó como un castigo al sector y el gobierno mantuvo la confrontación”. Según su particular visión de los hechos, hay en curso una venganza contra “el campo”. En la Sociedad Rural, acompañado por Biolcati y Llambías, Buzzi mencionó a Víctor De Gennaro y el Frente Nacional contra la Pobreza, Frenapo. Podría batir el record de obscenidad política, si hubiera medios que la reprodujeran y contextualizaran: una de las denuncias del Frenapo fue que la extrema pobreza coexistía con la extrema riqueza, principal obstáculo para la redistribución.