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Cada día que pasa, Elisa Carrió abandona algo de su rol de diputada para incorporar algo más a su traje de candidata presidencial. El próximo sábado comenzará la discusión de lo que se conoce como Bases Para una República de Iguales, una serie de documentos desde donde surgirá, a través de talleres y seminarios que se realizarán hasta diciembre, la plataforma electoral del ARI. Carrió habla, deslizas pistas, fundamentos teóricos y políticos y pequeños anticipos de lo que tendrá su futuro plan de gobierno, pero con cautela. El argumento para tanta precaución se resume en una de sus frases: “Cuando se asume un gobierno no se dice. Se hace”.
–Partimos de la siguiente tesis. La crisis de desarrollo económico y social que tiene el país responde a una perversa distribución del ingreso pero también a la ruptura de un contrato moral y social. Esa ruptura, la degradación moral de las instituciones republicanas, más la concentración del ingreso llevaron al colapso. De modo tal que la tesis nuestra –y que reafirmamos– es que para poder tener una nueva democracia, un nuevo desarrollo y una integración social en la Argentina, es preciso partir de un contrato moral que tenga concreta expresión institucional y que habilite ese desarrollo económico y social. De otra manera será imposible. Es impensable la actual Alemania si no hubiera renunciado a la violencia que la caracterizó durante la etapa del régimen nazi. La posguerra le determinó una renuncia a la violencia, y firmaron un pacto de carácter moral e institucional que quedó establecido en la nueva Constitución. Sobre esas bases firmaron un contrato institucional de inclusión social.
–Eso se consiguió por una alianza de todos los sectores políticos. ¿Cómo puede suceder algo similar acá, cuando lo plantean solamente ustedes?
–No, no. Mire, le repito lo que yo decía de Brasil. Ellos tuvieron una descolonización pactada. No tuvieron nunca su Plaza de Mayo. En consecuencia, la relegitimación de la política en Brasil viene desde la alternancia en el poder tradicional. La Argentina no procesa sus cambios si no es por una ruptura. Como lo fue 1810, el 17 de octubre del ‘45 y el ‘83. De modo tal que el proceso de cambio se produce en nuestro país cuando se crea la conciencia colectiva fundadora de una nueva moral social. Lo que nosotros le decimos a la sociedad es que generemos ese consenso social de una nueva moral que habilite un nuevo sistema político, económico y moral. No es el ARI el que lo propone y que incluso no decimos que porque nos voten luego sucederá. Lo que le decimos a la gente es: o nos arrepentimos y renunciamos a la violencia y el desafío de esta sociedad es construir la paz, o cualquier modelo de desarrollo institucional, social y económico está condenado al juego de suma cero y al fracaso. Esto quiere decir que es cortoplacista, especulativo y se cae.
–Entonces, ¿cómo se genera ese consenso que usted propone?
–Depende del clima social que esto genere. Si encarna en la sociedad no será la propuesta del ARI la que fundará la nueva república sino la nueva moral social que generó la sociedad. Incluso puede ser que el ARI no gane pero que la gente funde esa nueva moral. Eso es lo más importante. También puede ser que el ARI gane y sea el comienzo de esa nueva moral.
–De todas formas, es difícil pensar que el ARI gane y el resto de los partidos que son funcionales al modelo acompañen. ¿No le parece?
–Si gana lo que es una fuerza emergente y en consecuencia la menos estructurada porque es naciente, es porque cambió la legitimidad en el país. No hay otra posibilidad, no cierra teóricamente.
–Bien, supongamos que usted triunfa. Comienza a gestarse la nueva moral, pero también debe resolver problemas heredados del modelo actual, por ejemplo la deuda externa. ¿Cómo enfrentará usted este tema?
–Nosotros creemos en el principio del pago de la deuda, pero con quita de capital, quita de intereses, llevando a tribunales internacionales la cuestión de la ilegitimidad de la deuda y de sus intereses. Pretendemos también un plazo de gracia y un fondo especial que no afecte a la productividad. No creemos en el défault. Lo que establecemos es el principio de pago de lo que se debe, pero también asumiendo la corresponsabilidad de los organismos de crédito para establecer un sistema de pago que sea compatible con el crecimiento del país. Discutiendo lo que haya que discutir, como el megacanje, donde nosotros somos querellantes. Y en cuanto a la otra deuda pediríamos un arbitraje internacional.
–Descuente entonces que provocará el malestar en el FMI.
–No lo creo, porque a ellos no les conviene el défault. No va a ser fácil. Hay tres salidas. Una es el aislamiento al no pagar nada. El otro camino, el allanamiento y la sumisión más absoluta. El tercer camino es el que recorreremos nosotros y que es el más difícil.
–Difícil si lo hace la Argentina sola...
–Claro, esto depende de una negociación regional donde Brasil juega un rol más que importante. Esto depende de los avances y de un trabajo diplomático serio y perseverante.
–Usted caracterizó como una de las causas de la crisis del país la distribución del ingreso. ¿Qué plantea el ARI al respecto?
–Modificar la distribución de los ingresos no tiene que ver con una sola política. Tiene que ver con una articulación de la política macroeconómica y además de la política sectorial. En consecuencia, si se tiene una legislación antidumping, de defensa de la competencia, de mecanismos asociativos entre grandes y pequeñas empresas, una política de fomento de las pymes, una política tributaria especial para este sector, una política de un fondo de desarrollo regional y local para ayudar a las pymes agropecuarias vinculadas a un desarrollo de población. En realidad lo que se pretende generar es una política de redistribución del ingreso porque se distribuyen recursos, oportunidades de trabajo y empleo.
–¿Y el salario?
–Nosotros proponemos la negociación para la recuperación del salario en el país. Está la política de los ingresos ciudadanos para la niñez y la vejez, que implica una política de redistribución del orden de los 8000 millones de pesos. Redefinir la política financiera también hace a la distribución del ingreso. Creemos en la banca pública, creemos en una fuerte redefinición del Banco Nación dirigida a las pymes y a las industrias del segundo segmento. Con límites en los montos de los créditos que no favorezcan a los que concentraron el ingreso en los últimos años. Con la puesta en marcha de todas estas políticas podemos empezar a establece un modelo de distribución del ingreso.
–Sí, pero para eso el Estado debe existir y estos últimos 12 años el menemismo y la Alianza se encargaron de destruirlo.
–¿Usted quiere saber si nos planteamos una reforma del Estado?
–Mire que eso siempre significó despidos y más desempleo.
–No, no es lo que nosotros entendemos. Creemos que el gran problema del Estado radica en que se rompió el mérito. El Estado es ineficiente porque se impuso el clientelismo, el amiguismo, el nepotismo, el interés particular donde debía estar el mérito. Por eso postulamos una modificación del funcionamiento del Estado a partir de dos principios: primero un gran control anticorrupción interno con los mismos empleados públicos, y segundo, aplicar un sistema de ingreso a partir de concursos por antecedentes y oposición auditados. Esto incluye pautas muy claras de transparencia. Es decir, reconstruir la administración desde la misma administración. Esto es la reforma del Estado, además debemos redefinir las instituciones de la república. Así que deberemos poner transparencia donde hay oscuridad, poner mérito donde hay clientelismo.
–¿Qué dicen los documentos del ARI sobre la Justicia?
–El mecanismo para modificar la Justicia es la reforma constitucional. Y desde allí propiciamos la revisión del Consejo de la Magistratura, los mecanismos de selección de los jueces para que sólo sean a través de concursos por antecedentes y oposición anónimos. Sacarle la facultad al Presidente de designar los jueces inferiores, así el que ganó el concurso es juez. Promover una fiscalía anticorrupción a la que se accederá a través de concurso y ratificación popular. Además estamos pensando en una agencia estatal autárquica que sirva para el control de corrupción pero también de legalidad de los concursos. Es decir que el control de concursos lo haga una agencia federal y no el ministerio que realice la convocatoria.
–Usted habló recién del ingreso ciudadano para la niñez y la vejez. ¿De dónde saldrán los fondos para sostener esos planes?
–Estos tienden a sustituir varios planes sociales que están en vigencia. Nosotros lo que propiciamos es una asignación familiar, que antes estaba ligada a los que tenían empleo. Ahora, con el desempleo altísimo esto se perdió, porque los mecanismos de seguridad social estaban unidos al trabajo. Hoy eso no sucede. Entonces entregaríamos esta asignación a todos los niños del país. Esto implica revisar el programa de asignaciones familiares y otros programas relacionados con la infancia. En definitiva, es mucho menos el dinero que se invierte por la sustitución de planes. El beneficiario lo recibe hasta los 18 años y se convierte en un seguro social, porque obligará a las madres a tener a sus hijos en la escuela y en el sistema de salud.
–¿Qué pasará con el plan Jefes y Jefas de Hogar?
–Lo mantendremos. En todo caso trabajaremos en transparentarlo y, si es necesario, incrementarlo. Además queremos que se genere una línea de crédito para que los beneficiarios puedan trabajar en pequeñas cooperativas. Entonces, cuando van teniendo una retribución salen del ingreso garantizado. Tenemos también otras políticas de empleo como las políticas productivas para los pueblos y el plan de empresas recuperadas por los mismos trabajadores. Lo que pretendemos es que haya trabajo formal, a través de las pymes, o trabajo autónomo o cooperativo que tengan continuidad en el tiempo.
–Usted plantea redefinir un nuevo rol al Estado...
–No hay capitalismo sin Estado.
–¿Se define como capitalista?
–En realidad el capitalismo es un hecho. El que me diga que no es capitalista y que plantea colectivizar los medios de producción yo se lo acepto. Yo no veo ningún partido que lo esté postulando. Yo creo en un papel preponderante del Estado, con una excelente política de distribución del ingreso, un fuerte acompañamiento al fortalecimiento de la clase media argentina, terminar con el hambre y una clara política que favorezca el ascenso social. Este es nuestro objetivo.
–En ese nuevo Estado, ¿qué rol les adjudica a las Fuerzas Armadas?
–Nosotros pretendemos Fuerzas Armadas profesionalizadas. Si bien consideramos que no hay hipótesis de conflicto regional, no debemos perder de vista que las nuevas guerras en el mundo están dadas por la apropiación de recursos naturales. El ejemplo más claro es Afganistán, donde no se combate el mal, sino que se pretende el gas. Irak no es Hussein sino el petróleo. Entonces, nuestra política de defensa estará orientada al mantenimiento de la integridad del territorio y de sus recursos naturales. Pero para eso necesitamos de Fuerzas Armadas especializadas y reestructuradas. Además creemos que lo peor que les pudo pasar fueron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. No pueden mantenerse todas sospechadas por los que cometieron delitos. En consecuencia, la anulación de estas normas servirá para que los que cometieron delitos aberrantes respondan ante la Justicia. Sólo así las nuevas generaciones podrán formar parte de Fuerzas Armadas orgullosas de sí mismas. Pero para ello hay que limpiarlas de sospechas, y por eso es preciso que haya verdad, justicia y anulación de esas leyes.
–Usted dice que las guerras están relacionadas con la apropiación de los recursos naturales. Acá no sucederá algo así, porque el país ya privatizó todo.
–Con mayor razón.
–¿Impulsará una política de reestatización?
–El aspecto de lo nacional para nosotros pasa por la renegociación de la deuda, la reestructuración de la banca pública, por una legislación claramente restrictiva para que capitales extranjeros golondrina se apropien de nuestras tierras y una clara política energética. Sobre este último punto hay una estrategia de recrear una empresa petrolera nacional que no significará una expropiación.
–¿No hay nacionalización de empresas salvo que lo indique la necesidad?
–Los contratos se revisarán. Los que no cumplan con la ley caducarán. El principio es que no vamos a transferir a las futuras generaciones los montos que signifiquen expropiaciones por una fiebre estatizadora. Queremos que los servicios públicos se presten con eficiencia y tarifas razonables. Eso sí, todos controlados por los entes reguladores.
–Las encuestas dicen que los candidatos a presidente no superan el 20 por ciento de intención de voto. ¿Con tan poco porcentaje se puede tener legitimidad en el gobierno?
–Esa no es la circunstancia en la que se realizarán las elecciones. Serán altamente polarizadas y con mucha participación. Nada está dicho. Hoy hay una alta fragmentación de candidaturas, casi sin fuerzas políticas en competencia. En consecuencia, estamos en un proceso de alta dispersión y confusión. Estamos en una zona clara de imprevisibilidad política.
–¿Esta imprevisibilidad incluye los comicios del 30 de marzo?
–Nosotros estamos dispuestos a dar la batalla en cualquier fecha. No hacemos especulaciones políticas con respecto a ello. Hay dos proyectos muy claros. Uno de integración con Brasil en lo político, económico y social, es decir, una integración latinoamericana y continental con una relación distinta con los Estados Unidos. El otro es de alineamiento automático y carnal con Norteamérica. Esto será decisivo y si las elecciones se polarizan entre (Carlos) Menem y nosotros, va a definir claramente la política continental.
–¿Competir contra Menem es el mejor escenario para el ARI?
–Es previsible que si hay una profunda discusión sobre la identidad moral, política y social de la Argentina, sin duda es uno de los mejores escenarios. Nada está dicho. Nuestro peor enemigo es la indiferencia y el desánimo, si lo podemos trastrocar en un proyecto colectivo común de esperanza y construcción de un país distinto, seguramente ni Menem ni (Adolfo) Rodríguez Saá serán un problema.