[HTML]El juez federal Arnaldo Cora-zza solicitó al Ministerio de Seguridad bonaerense la “desafectación del predio donde funciona actualmente el destacamento policial de Arana” para “resguardar los elementos probatorios hallados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y ante el eventual surgimiento de nuevos hallazgos”. De hecho, el EAAF encontró en diciembre restos óseos calcinados en el centro clandestino que funcionó allí durante la dictadura. La Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) habían pedido varias veces que los policías bonaerenses fueran desalojados del llamado Pozo de Arana.

Ambos organismos insistieron en que se dispusiera esa medida “para garantizar la preservación de las pruebas judiciales realizadas y pendientes”, ante la perspectiva cierta de seguir explorando el terreno y por la “inconveniente permanencia de personal policial en el lugar”. La fiscalía estuvo de acuerdo con la AEDD y la LADH, querellantes en la causa que investiga los crímenes cometidos en ese centro clandestino de detención. A partir de la orden del juez de efectuar tareas en el predio de Arana, estos organismos se reunieron con el EAAF y luego con miembros de la Secretaría de Derechos Humanos provincial, el Ministerio de Infraestructura y Planeamiento y el grupo Proyectar-Construir-Identidad. En los encuentros conversaron sobre la necesidad de desalojar a los bonaerenses, tal como sucedió en el denominado Pozo de Banfield. “Estamos en presencia de una prueba fundamental porque es el primer centro clandestino donde se producen hallazgos de restos humanos”, explicaron en su pedido a Corazza al referirse a Arana. “Resulta escandaloso que a la fecha el gobierno bonaerense no haya dispuesto de oficio el desalojo del predio para dejar una mera custodia, mínima y elemental medida de resguardo ante la magnitud probatoria hallada”, agregaron.

Los querellantes recordaron que el 25 de marzo se llevó a cabo frente al destacamento de Arana un acto de señalización del centro clandestino. En tal sentido, expresaron que “resulta paradójico que las autoridades provinciales señalicen el lugar y anuncien la construcción de un espacio de memoria, sin reparar en la violencia simbólica de la presencia de la misma fuerza policial que lo habitaba durante la dictadura”. El juez Corazza tomó nota y pidió que los policías dejen Arana. Ahora le toca al Ejecutivo provincial resolver la solicitud del magistrado federal.