El intendente Gustavo Posse aceptó “suspender” la construcción del muro de San Isidro –que en verdad ya había caído, aún nonato, derribado por vecinos en la mañana de ayer–, después de que un juez hiciera lugar al amparo presentado por el intendente de San Fernando. En la mañana de ayer, Carlos Stornelli, ministro de Seguridad bonaerense, había sostenido que la obra “es una locura” y había anticipado que “la provincia tiene que ejercer su autoridad y, mediante el poder de policía, impedir que se consume esta conducta”. El juez también requirió “mayor cantidad de móviles y personal policial” en la zona.

En su recurso de amparo, presentado el miércoles, Gerardo Amieiro, intendente de San Fernando, había sostenido que “este anacrónico ‘Muro de Berlín’ cercena el derecho del vecino a circular libremente, a acceder a la escuela y a los centros de salud, y complica en grado sumo el tránsito vehicular”. “La vergonzosa obra –según el escrito– es digna de la época más oscura del proceso militar” y “motivó un masivo rechazo de los vecinos”. “En nombre de la ‘seguridad’ se margina y divide, convirtiendo a los vecinos de San Fernando en sospechosos”, reprochaba la presentación, que requería “la medida cautelar de prohibición de innovar”.

Ayer, el juez sanisidrense Fernando Manuel Ribeiro Cardadeiro hizo lugar al amparo, ya que “la construcción de la muralla genera dispendio en materiales y mano de obra, solventados por la comuna sanisidrense, sumado a los daños morales, educativos y de salud que la construcción del muro conlleva”. El fallo decreta “la medida cautelar de prohibición de innovar, ordenando se suspenda la ejecución de la obra hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”. Además, el juez dispuso que la Policía Bonaerense “arbitre los medios para que en el escenario del conflicto se destaquen mayor cantidad de móviles y personal policial a efectos de brindar mayor protección y seguridad”.

El martes pasado, en la calle Uruguay al 5800, a la altura de Carlos Tejedor –en el límite con el municipio de San Fernando–, empleados de la Municipalidad de San Isidro habían empezado a construir un muro de separación que, según el intendente Gustavo Posse, se construía en respuesta al pedido de “un grupo de vecinos”, con el propósito de proteger la seguridad de la zona, próxima al lujoso barrio La Horqueta. En la mañana de ayer, mientras airados vecinos de San Fernando procedían a destruir las bases del Muro (ver nota aparte), Carlos Stornelli, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se trasladó al lugar “con expresa indicación del gobernador Daniel Scioli”, para “supervisar que se detenga la obra”.

“Es una locura que hay que frenar lo antes posible”, precisó Stornelli; agregó que “esto no puede existir en la mente de nadie” y aseguró que la Municipalidad de San Isidro “no tiene jurisdicción para cortar así la vía pública ni para cercar barrios ni dividir gente”.

El ministro –acompañado por representantes de los foros de seguridad de San Isidro y de San Fernando– recordó que al municipio de San Isidro se le confirieron “12 millones de pesos para gastar en seguridad” y que “en el curso de la gestión del gobernador Scioli, ese municipio recibió más de 200 efectivos policiales, cantidad no superada por ningún otro distrito de la provincia”. “Todos los distritos tienen lugares conflictivos –agregó Stornelli– pero ésta es la manera de generar más delito: excluir es provocar, incitar a la violencia y discriminar.” El funcionario concluyó que “la provincia tiene que ejercer el poder de policía para impedir que esta conducta se consume”.

Diego Herrera, presidente del Concejo Deliberante de San Fernando, también se hizo presente en la avenida Uruguay: “Acompañamos a los vecinos porque es un reclamo justo; allí viven madres de familia que se han manifestado contra la discriminación”, sostuvo.

Entretanto, Amieiro y el grupo de vecinos sanfernandinos, además del recurso de amparo, habían hecho una denuncia por discriminación ante el Inadi. A mediodía, Posse todavía ratificaba que “por supuesto” continuaría con la difícil erección y sostenía que el muro favorecía a “33 vecinos humildes, obreros, no de villa”, para los cuales “lo que hicimos fue hacerlos depositarios de la vereda”. Amieiro pedía, por su parte, “buscar soluciones comunes a una problemática que la sufren en mayor medida los más pobres, pero que se conoce sólo cuando la sufren los ricos”.

En la tarde de ayer, luego de conocerse la medida cautelar del juez Ribeiro Cardadeiro, la Municipalidad de San Isidro decidió “suspender provisoriamente los trabajos, que abarcaban un total de 240 metros, a la espera de propuestas superadoras por parte de los funcionarios responsables de la seguridad”. El intendente Posse hizo a su vez una denuncia por “destrucción de bienes públicos” contra los ocupantes de un Volkswagen Polo que, según fuentes de esa intendencia, estaría registrado a nombre del “sindicato de Camioneros”.