Los dos suicidios de conocieron el mismo día. Uno es el ex capitán del ejército Alfredo Marcó, interrogador de los centros de tortura durante la represión ilegal en La Rioja. Aunque un testigo lo denunció en 1984 porque fue uno de los represores que anticipó a un grupo de presos la muerte del obispo Enrique Angelelli, hasta ahora no había sido incluido en ninguna investigación judicial. Marcó se suicidó en su casa, días antes de la exhumación del cuerpo del obispo prevista para mañana, que significará la reapertura de la causa por su muerte. El otro caso es más sugestivo. Se trata de Segundo Wenceslao Garro, un ex subcomisario, segundo jefe del departamento de Operaciones (D3) de la policía de San Luis, cuyo nombre cobró notoriedad la semana pasada al final del juicio por el asesinato de Graciela Fiochetti. Según los jueces del tribunal oral, Garro declaró y participó en las audiencias y estuvo presente en la inspección ocular a la ex sede del Departamento de Inteligencia (D2) y a la Jefatura Central de Policía. En su sentencia, el tribunal admitió que “el testigo Garro guió y señaló a los jueces y a las partes a las distintas instalaciones que para septiembre de 1976 ocupaba el D2 y sus funcionarios”.

Los dos casos están bajo investigación. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación indicó anoche que en principio estaban informados como suicidios. Uno sucedió el sábado y el otro un día después.

La policía encontró a Marcó en su cama, tirado, con un tiro en la sien de un revólver calibre 38 corto que tenía en la mano. En la casa de su familia, en La Quebrada, estaban varios de sus parientes. Tenía 66 años, y según alguna versión una enfermedad terminal.

Para La Rioja se trata de una figura emblemática. Había sido denunciado en el informe de la Comisión Provincial de Derechos Humanos en 1984 como uno de los principales “interrogadores” de los presos políticos alojados en el Instituto de Rehabilitación Social (la cárcel local). El 24 de marzo de 1976, Marcó encabezó la comisión que intervino el diario cooperativo El Independiente. En su edición de ayer, la publicación recordó entre otras cosas que cuando llegó intentó obligar a uno de los integrantes del taller a leer una chapa de impresión cuyos tipos estaban al revés y exigió una copia porque no entendía cómo escribían.

Un periodista del diario, Plutarco Schaller, lo denunció ante la Conadep e indicó que durante la tortura les vaticinó la muerte del obispo Angelelli. Precisamente, la Justicia exhumará mañana los restos del obispo para saber si el accidente que terminó con su muerte el 4 de agosto de 1976 fue “provocado”. El sacerdote murió en una recta de la ruta entre Chamical y La Rioja.

Entre las víctimas de Marcó hubo además varios dirigentes peronistas, sindicales, representantes de la Iglesia Católica y de la juventud peronista. El represor trabajó en el diario El Sol, la publicación riojana desde donde se motorizó la lucha contra la pastoral de Angelelli y contra los que habían transformado en cooperativa el diario El Independiente, como Alipio Paoletti, ya fallecido. Según una versión que circuló durante años en la provincia, en el diario descorcharon champaña para festejar la muerte del obispo.

El suicidio de Garro tiene un contexto diferente. Policía, jubilado, de 70 años, su cuerpo apareció el sábado con un disparo en el corazón, a la vera de la ruta 3, a la altura del kilómetro 10, cerca de la entrada del establecimiento puntano de “Las Aguaditas”. Según el parte policial, el cadáver estaba en posición de cúbito ventral, es decir, con la cara para abajo, aunque lo usual es que un impacto al corazón derribe a la persona hacia atrás. El disparo se habría producido con un viejo pistolón de caza. Hasta ahora la causa está caratulada como “averiguación de suicidio”. La policía llegó alertada por una llamada realizada por un vecino de la finca.

Señalado como torturador por varios sobrevivientes, el Tribunal Oral Federal de San Luis lo convocó durante el juicio por el asesinato de Graciela Fiochetti y las desapariciones de Santana Alcaraz y Pedro Ledesma. El juicio terminó la semana pasada con la condena a prisión para cinco militares y policías. Y el pedido de investigación sobre otros cincuenta nombres, entre los que estaba este policía. Durante las audiencias, sin embargo, Garro prestó declaración y guió a las partes y al Tribunal por los lugares que funcionaron como centros clandestinos. Así lo recordaron los jueces en varios párrafos de la sentencia.

Indicaron, por ejemplo, que Garro participó de la inspección ocular del edificio central de policía y del D2 junto a Víctor Fernández, ex detenido y único sobreviviente de la causa. “Fue el testigo Garro –indicaron– quien guió y señaló al Tribunal y a las partes y abogados de las partes, las distintas instalaciones que para septiembre de 1976 ocupaba el D2 y los funcionarios que en ellas se desempeñaban.”

Garro también participó de los secuestros. En la madrugada del 21 de septiembre de 1976, por caso, estuvo en La Toma, la localidad puntana donde secuestraron a Fiochetti y Fernández. En ese tramo, su testimonio parece clave porque integró el operativo con Carlos Esteban Pla, ex teniente coronel, ex subjefe de la policía de San Luis junto a los responsables del grupo de tareas. En su declaración dijo que el operativo tenía por finalidad dar con las armas, explosivos y material bibliográfico. Además, explicó que le dieron una orden por memorándum del jefe de policía donde se indicaba que había que ir a La Toma, que nunca sabían con anterioridad adónde iban a ir, que llegaban y les decían: “‘Esta noche vamos a hacer un procedimiento’. No les decían ni a dónde, nada” y que si uno preguntaba algo corría el riesgo de que lo suspendieran. Agregó también que la policía recibía órdenes del Ejército en lo que llamó “lucha antisubversiva”.

Ni Marcó ni Garro son los primeros casos de suicidio. En diciembre de 2007, el prefecto Héctor Febres apareció muerto en su celda de castigo, después de haber ingerido cianuro justo cuando iba a ser sometido a juicio. En realidad, la Justicia aún no determinó si se quitó la vida o fue un homicidio. El prefecto Juan Antonio Azic se pegó un tiro tras la orden de arresto de Baltasar Garzón en julio de 2003.

En el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos, un funcionario explicaba ayer que algunos militares pueden encontrar en el suicidio el camino para salvar el honor ante la certeza de una condena. Que la muerte interrumpe el proceso y que con la muerte su familia puede continuar recibiendo pensiones y honor. En cambio, quienes siguen la causa de Febres se preguntaban si –en caso de tratarse de suicidio– no es el pacto de silencio que han hecho los militares lo que los obliga a quitarse la vida para anular la posibilidad de hablar.