El Gobierno decidió eximir a 330 mil hogares, distribuidos en diez provincias, del cargo para financiar la importación de combustibles y obras de infraestructura necesarias para esa provisión. Esa medida se dispuso subiendo el piso de consumo a partir del cual se debe pagar ese ajuste, que alimenta un fondo fiduciario a administrar por el Estado y que para los usuarios de más demanda implica casi triplicar la tarifa que estaban pagando por metro cúbico antes del 1º de noviembre.

Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa, Tierra del Fuego, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y el interior de Buenos Aires son los territorios elegidos por el Gobierno para elevar ese mínimo, con el argumento de que las temperaturas más bajas inducen naturalmente a consumir mayor cantidad de carburante. Por ejemplo, en territorio bonaerense hoy el cargo afecta a los usuarios que demandan más de 1000 metros cúbicos al año, en tanto que en el fueguino involucra a los que registran de 8100 en adelante. Según anunció ayer el ministro de Planificación, Julio De Vido, esos límites treparán ahora a 1250 y 10.150 metros cúbicos, respectivamente.

La tarifa de gas para usuarios residenciales regulada por la Nación se descongeló el año pasado con la imposición de diversos cargos sobre los consumos que superasen los 800 metros cúbicos anuales, algunos aplicables desde el 1º de septiembre. Esto implicó un incremento promedio del 20 por ciento que recibirían las distribuidoras que no tenían demanda contra el Estado en el Ciadi. Caso contrario, lo recaudado pasa a integrarse en un fondo para obras.

En febrero, la resolución 615 del Enargas habilitó la imposición de otro cargo, que en parte se destinará a mejorar la retribución a los productores locales, y en parte a costear la importación de los muy onerosos combustibles que Enarsa traía desde el exterior a su costo: gas de Bolivia o el fuel-oil barcos metaneros de Venezuela. También para “financiar operaciones necesarias para complementar la inyección de gas natural”, es decir, para el tendido de nuevos gasoductos o la ampliación de los existentes, por ejemplo.

En este caso particular, la divisoria eximió a todos los que consumieran menos de 1000 metros cúbicos al año, en rigor, una demanda casi standard de una familia tipo. Para los que superasen ese límite las subas implican un incremento creciente que, en algunos casos, podía llegar hasta casi el 200 por ciento. El salto alertó tanto a las asociaciones de consumidores como al ex defensor del Pueblo Eduardo Mondino, que intentó frenarlo en la Justicia con el argumento de que era un tributo y por ello debía ser impuesto por el Congreso.

Si bien al cargo lo cobran las distribuidoras, alimenta el fondo administrado por el Estado, que con la medida anunciada ayer dejará de recaudar unos 50 millones de pesos por año. Pero esa pérdida sería debidamente compensada por la baja que está teniendo el precio de los combustibles importados. Un caso testigo es el gas que se importa desde Bolivia. Con un barril que rozó los 140 dólares, el millón de BTU comprado rozó los 10 dólares el año pasado. Pero con el derrape a 50 dólares el crudo, ese pago se redujo a 4,5 dólares.

El alivio para los hogares cuyanos y sureños es modesto en relación con los fuertes incrementos que está recibiendo el universo de clientes domiciliarios de todo el país, no sólo por la imposición de los nuevos cargos sino por la aplicación del Programa de Uso Racional, que penaliza fuertemente la suba en los consumos respecto del año 2003.