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El fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello dictaminó que el torturador Luis Patti, preso en el penal de Marcos Paz con procesamiento firme por delitos de lesa humanidad y a disposición del Tribunal Oral Federal de San Martín, puede presentarse como candidato a diputado nacional en las elecciones del 28 de junio. Fundó su visto bueno en el fallo de la Corte Suprema en el propio caso “Patti” que sostuvo que el Congreso no tenía facultades para impedir la incorporación de un legislador electo y que sólo una condena firme podía invalidar la candidatura de un represor. La Cámara Nacional Electoral recibirá hoy en privado a abogados y familiares de las víctimas de Patti, que volverán a reclamar la discusión del caso en audiencias públicas.

El fiscal Di Lello se había pronunciado en contra del ingreso de Patti a Diputados en julio de 2006, a partir del planteo del policía contra la decisión de la Cámara baja de impedirle la jura.

Sostuvo entonces que los legisladores tienen “atribuciones para emitir juicio sobre la idoneidad técnica y moral” de sus miembros. La Corte se pronunció sobre el caso en abril del año pasado. Con votos de Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Raúl Za-ffaroni, el tribunal dio un giro sorpresivo respecto de sus fallos históricos, al sostener que Diputados se había excedido en sus facultades de contralor. Agregó que la instancia de debate sobre la idoneidad sobre los candidatos debía ser previa a los comicios, tal como ocurre ahora.

“Sin perjuicio del criterio personal que el suscripto ha sostenido oportunamente en su dictamen, entiendo que corresponde, hasta tanto se mantengan las circunstancias apuntadas (léase la ausencia de condena firme), habilitar al señor Patti como candidato a diputado nacional”, expuso el fiscal en su dictamen ante la Cámara Electoral, que ahora debe pronunciarse. Frente a los reclamos de los abogados y familiares de las víctimas de Patti de debatir el tema en audiencias públicas para que los votantes “puedan ejercer su derecho con la debida información”, Di Lello apuntó que “no tiene objeciones”. Para alcanzar ese fin, hoy se reunirán con los miembros de la Cámara.

Patti tiene procesamiento firme por los secuestros de Diego Muniz Barreto y Juan Fernández, el asesinato de Gastón Goncalves, la desaparición de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico, y la detención de Osvaldo Arriosti, ocurridos mientras prestaba servicios en la comisaría de Escobar entre 1976 y 1977. Se postuló para diputado como cabeza de una lista de duhaldistas, menemistas y miembros del Modín. Su candidatura se produjo después de catorce meses en los que el Congreso no reunió el quórum necesario para tratar un proyecto de ley de la diputada Victoria Donda, que inhabilita a imputados en graves violaciones a los derechos humanos a asumir en cargos públicos. El mes pasado la norma se aprobó en general, pero se empantanó durante la votación en particular cuando debía tratarse la inhabilitación a ex funcionarios de la dictadura.