“Se ha acreditado que durante los dos mandatos presidenciales de Carlos Saúl Menem se ideó, se ejecutó y se desarrolló, por parte de los funcionarios de más alta jerarquía del Poder Ejecutivo, un sistema por el cual se destinó dinero público (asignado a gastos de inteligencia y seguridad del Estado) para el pago de sumas a funcionarios, las cuales eran repartidas de manera discrecional e informal entre ellos”, aseguró el juez Marcelo Martínez De Giorgi al procesar por peculado a nueve ex funcionarios, incluidos el ex presidente, los ex ministros Domingo Cavallo y Raúl Granillo Ocampo y la ex secretaria María Julia Alsogaray. La medida incluyó abultados embargos, que en el caso de Menem llegó hasta los 100 millones de pesos.

La causa en la que se investiga el pago de sobresueldos durante las dos gestiones menemistas se inició en 2003, cuando en el juicio oral contra Alsogaray por enriquecimiento ilícito, la acusada buscó justificar su incremento patrimonial apelando al “dinero extra” que recibía como parte de su salario. En ese proceso, el ex secretario de Granillo Ocampo Roberto Martínez Medina afirmó que todos los meses retiraba de la Jefatura de Gabinete un sobre con plata para su jefe.

A través de peritajes, informes de la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, las declaraciones testimoniales de diferentes funcionarios y hasta las indagatorias de algunos acusados, el magistrado llegó a establecer que “el origen del dinero que fue utilizado para alimentar el fondo general de sobresueldos se reconoció en las partidas asignadas por Ley de Presupuesto a gastos reservados, las cuales fueron engrosadas considerablemente”, ya que esa plata podía disponerse en efectivo y no debía rendirse.

Según surge de la investigación, de los cuatro organismos provistos de fondos reservados (la Side, los ministerios de Interior, Relaciones Exteriores y Defensa), los tres primeros habrían contribuido a la integración de un fondo general para sobresueldos. De allí se habría aprovisionado en primer lugar a la Secretaría General de la Presidencia y más tarde, en su reemplazo, a la Jefatura de Gabinete. Estos organismos, por su parte, habrían nutrido de sobresueldos a los distintos ministerios y secretarías del Estado nacional.

Además de Menem, Cavallo, Alsogaray y Granillo Ocampo, también fueron procesados Enrique Kaplan, ex subsecretario de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Recursos Naturales; Raúl Alberto Castellini, ex subsecretario de Ordenamiento Ambiental; José Domingo Coronel, ex subsecretario de Administración del Ministerio de Justicia; José Alberto Torzillo, ex subsecretario de Presupuesto y Administración del Ministerio de Defensa, y Heriberto Baeza González, ex secretario de Asuntos Militares. Todos seguirán libres mientras avanza la causa judicial.

“La manera en que se pensó, se implementó y se ejecutó este sistema transforma lo que podía primariamente constituir un mero desvío de fondos en una verdadera maniobra de sustracción de caudales públicos; porque desde su origen mismo la modalidad que lo regía dio lugar a que las sumas en cuestión fueran apropiadas por los distintos funcionarios encargados de su distribución. Desde el momento en que se dispuso su distribución de este modo se perdió el control acerca de su correcta aplicación, quedando creado desde entonces el riesgo (es decir, la tentativa) del peculado, independientemente de que en cada caso particular luego ese riesgo se viera concretado o se aplicaran los fondos a algún fin remunerativo”, señaló Martínez De Giorgi al calificar el delito como “peculado”, que tiene una pena de entre dos y diez años de prisión y se define como la conducta de un funcionario que “sustrajera o empleare en provecho propio dinero cuya administración le fuera confiada”.

- En relación con Menem, el juez dijo que “en su carácter de jefe de Estado tomó la decisión y dio la orden definitiva para dar inicio al funcionamiento de este sistema, designando a los funcionarios que ejecutarían cada una de las acciones necesarias para su funcionamiento y dotándolos de la autoridad suficiente para ello, disponiendo concretamente el traspaso de los fondos requeridos para alimentar el fondo general de sobresueldos necesario para disponer del dinero en efectivo, determinando el modo y los espacios públicos en los cuales estas acciones se desarrollarían (...) Menem ejecutó y sostuvo en el tiempo una conducta ilícita como funcionario competente, con la decisión final sobre la existencia y vigencia del sistema”.

- Cavallo, consideró el magistrado, “asistió al entonces presidente en el asesoramiento e impartió directivas a los funcionarios acerca de cómo justificar los fondos recibidos irregularmente”. En el fallo se menciona una reunión de gabinete en la que el ex ministro les dijo a los presentes: “hay que empezar a declarar el sobre”. El ex ministro de Economía fue embargado por diez millones de pesos.

- Granillo Ocampo, dice la resolución, “fue uno de los funcionarios que, por orden del ex presidente Menem, desvió fondos del Ministerio de Justicia a su cargo para alimentar el aquí denominado “fondo general de sobresueldos”. Su embargo, también ascendió a diez millones de pesos.

- La intervención del resto de los acusados, según Martínez De Giorgi, cierra el círculo de la maniobra con la distribución del dinero a los ministerios y secretarías de Estado y luego a los funcionarios de esas reparticiones.