Dicen que en la calle anoche todavía se escuchaban algunas bromas. Muchos santiagueños se preguntaban si los hombres del intendente también se habrían llevado las estatuas de las plazas más importantes de la ciudad. Después de varios allanamientos, la Justicia detuvo al ahora ex intendente Julio Alegre como jefe de una presunta “asociación ilícita” y cargos por defraudación calificada y malversación de caudales públicos en números millonarios. Durante unos pocos años de mandato, Alegre pasó de remisero a propietario de un imperio con propiedades hasta en Punta del Este y un zoo de animales exóticos. Hasta ahora, Alegre era un aliado del gobierno radical de Gerardo Zamora. Según una versión, su caída refleja el largo resquemor y el quiebre de esa sociedad política.

Los viejos santiagueños dicen que Alegre era un muchacho de barrio, que hizo una meteórica carrera política en la que ascendió de concejal a presidente del Concejo Deliberante de la capital de Santiago y a jefe de la intendencia en 2006, cuando Zamora entró en la gobernación. Radical, de 40 años, con una vocación frustrada de abogado, en los últimos años terminó atenazado a las arcas financieras de la comuna en medio de una estafa que ahora se calcula como millonaria. “Pero no sólo hizo la caja –advierte un experto santiagueño–, sino que además se pavoneaba.”

La causa judicial empezó a mediados de mayo cuando la Justicia detuvo a un empleado municipal que intentaba cobrar un cheque de 80 mil pesos en un banco. Ese eslabón le permitió entender a la Justicia que existía todo un circuito en el que varios empleados municipales cobraban cheques de hasta 50.000 como proveedores de la comuna en medio de un tejido de lo que supuestamente son empresas fantasmas.

En ese momento, el juez del crimen Gustavo Herrera ordenó la detención del director de Obras Públicas Oscar Farías como supuesto jefe de la asociación ilícita. Y pidió la captura de un empleado municipal y del propietario de una imprenta que aparecían como dueños de una SRL “fantasma” proveedora del municipio. La última semana, la investigación llegó a las puertas de Alegre. El sábado, el ahora ex intendente renunció. El Concejo Deliberante ayer aceptó la renuncia y colocó en su lugar a Hugo Infante, del Frente Cívico, la coalición del oficialismo. Al mediodía, Alegre quedó detenido: salió de la puerta de los Tribunales hacia el Cuerpo de Infantería esposado y bajo un fuego de flashes.

Según el expediente, Alegre posee una enorme cantidad de propiedades a su nombre. Entre otras cosas, la Justicia encontró la mansión de dos plantas con techos de tejas en el Zanjón –una de las tierras más caras de la ciudad–, con pileta, quincho, parque, caballerizas, jaulas especiales para animales exóticos, garitas de vigilancia y un plantel de empleadas domésticas y de seguridad que eran beneficiarios de planes sociales. En Punta del Este compró una propiedad por unos 700.000 dólares y en el barrio Nueva Córdoba, un departamento de 270 metros cuadrados, con dos cocheras y acceso a la piscina, solarium, quincho y terrazas con vistas panorámicas valuado en otros 420.000 dólares.

En los allanamientos la Justicia encontró un equipo de música valuado en 20 mil dólares y la reseña de objetos y posesiones incluye autos, cuatriciclos, dos camionetas, una máquina enfardadora de billetes y entre cuatro y seis cajas fuertes en su casa y en la casa de los padres de su chofer, que durante el fin de semana todavía intentaban ser abiertas.

La Justicia también sigue la pista de varias tarjetas de crédito. Una es una extensión de la de un empresario de la industria farmacéutica que financió la campaña política de Alegre. En algún momento se dijo que podría ser un testaferro del intendente, pero hasta ahora sólo se probó que los gastos de su tarjeta serían “menores” porque rondarían los 12 mil pesos.

De todos modos es un elemento importante: el suyo fue uno de los tres testimonios que le permitió al juez cerrar el cerco de la investigación sobre el intendente. Además de la suya, fue clave el testimonio de los empleados. Con el arresto de Alegre, Herrera dispuso detener además a su pareja, la escribana Cecilia Vittar, en cuyo estudio había documentos. El director de Obras Públicas está prófugo y en el último fin de semana el escándalo provocó la renuncia de 85 funcionarios de la comuna. Otro dato curioso son los abogados: a Alegre lo defienden el abogado tucumano Juan Carlos Saín y el porteño Rafael Cúneo Libarona, hermano de Mariano Cúneo Libarona, el abogado de Mario Segovia en la causa de la efredina.

Un viejo abogado de Santiago del Estero, experto en las causas contra la impunidad, advirtió en la caída de Alegre un elemento político. Según esa hipótesis, Alegre estaba diseñando un gabinete integrado por hombres del viejo juarismo. Con esa tropa, Alegre se estaba armando para proyectar un probable espacio provincial distinto al del gobernador de Santiago.

El abogado de Alegre, Juan Carlos Saín, dijo que su defendido fue notificado de los cargos que se le imputan, pero no le mostraron las pruebas en su contra. Dijo que no prestó declaración indagatoria y que el juez Herrera rechazó la eximición de prisión por “extemporánea”.