El titular de la Central de Movimientos Populares, Luis D’Elía, fue procesado por haber golpeado a un manifestante en Plaza de Mayo, en marzo del año pasado, durante un enfrentamiento entre grupos que protestaban contra la implementación de la resolución 125 sobre las retenciones móviles a las exportaciones de granos y oleaginosas y otros que apoyaban al Gobierno.

El juez de instrucción Luis Alberto Schlegel dictó ayer el procesamiento contra el dirigente kirchnerista, al que se le imputa el cargo de “lesiones en riña”, que prevé una pena de hasta cuatro días de prisión. Su abogado Damián Albor adelantó que hoy mismo presentará una apelación ante la Cámara del Crimen porteña.

La víctima de la agresión fue Alejandro Gahan, un referente de la Asamblea de Gualeguaychú, que se había movilizado hasta Buenos Aires para sumarse a las protestas durante los días más álgidos en el conflicto entre el Gobierno y el campo. El 26 de marzo por la noche coincidieron en Plaza de Mayo las columnas opositoras con las oficialistas, encabezadas por D’Elía, y se produjeron los incidentes.

Originalmente, D’Elía había sido procesado bajo una figura más grave, “lesiones leves”, pero la Cámara revocó esa resolución al considerar que “otros sujetos, cuya identidad se desconoce, agredieron físicamente al querellante”, por lo que no se puede establecer la identidad de quien lo lastimó.

De todas formas, el abogado Albor sostiene que “esta figura tampoco corresponde” y denunció que “están buscando una manera de aplicarle una sanción penal” a su cliente. Ante la Justicia, D’Elía había justificado su accionar, ya que, según afirma, Gahan lo había estado insultando “reiteradamente”, por lo que él actuó en “legítima defensa” ante el delito de “injurias”.

D’Elía también está imputado en una causa por la toma de la comisaría 24, en el barrio porteño de La Boca. El 7 de septiembre está previsto que comparezca ante el juez federal Sergio Torres. La toma ocurrió hace cinco años, cuando un grupo encabezado por el dirigente piquetero reclamaba la detención de una persona sospechada de haber asesinado a un miembro de ese movimiento.

Por este caso, D’Elía fue respaldado públicamente por un grupo de intelectuales, artistas y periodistas “históricamente comprometidos con la defensa de los derechos humanos y el auténtico ejercicio de las libertades públicas”, que publicaron una carta abierta en su apoyo.

Suscripto entre otros por Vicente Zito Lema, Horacio González, Cristina Banegas y Norman Briski, el texto sostiene que “las expresiones sobre el odio, especialmente cuando se observa el odio a los poderosos, tienen una extensa mención en la historia política” y “considerarlas un objeto jurídico sujeto a penalidades significa un retroceso cultural equivalente a un acto de persecución política, que por sus efectos públicos supera los intereses del directamente afectado”.

“Manifestamos nuestra honda preocupación y rechazo frente al procesamiento judicial al que es sometido el ciudadano Luis D’Elía –sostiene la carta–. La historia enseña que la oligarquía, como forma concreta del poder de los ricos, es responsable de graves sucesos que ha sufrido nuestro país, y que el amor y la fraternidad activa con los millones de pobres de toda pobreza demanda poner en acto una criteriosa advertencia: ‘Libraos de los ricos y no hallaréis pobre alguno’”, concluye.

Las imágenes de la pelea de D’Elía con el asambleísta mostraban que los insultos reiterados habían precedido a la inoportuna trompada.