El tratamiento de la nueva ley de arrendamiento rural en la Cámara baja podría fracasar por el rechazo de los diputados de la Mesa de Consenso Agropecuario –formada por la oposición– a la iniciativa que divide aguas entre las patronales ruralistas. El oficialismo quiere avanzar con el “consenso mayoritario” de las distintas fuerzas políticas y hará hoy una nueva ronda de consultas con los jefes de bloques parlamentarios en busca de un acuerdo, aunque podría suspender su inclusión en la sesión prevista para esta semana si no alcanza ese objetivo. La Federación Agraria Argentina (FAA) –que impulsó el proyecto– advirtió que “no se va a prestar a ser parte del juego oficialista que intenta dividir al movimiento agrario”, y así salió a zanjar las diferencias que provoca el proyecto entre sus socios de la Mesa de Enlace.

Para los miembros de la opositora Mesa de Consenso Agropecuario, el proyecto “no es una prioridad” dentro de la agenda que reclaman las entidades ruralistas, que siguen enarbolando como principal bandera la baja y hasta la eliminación de las retenciones a las exportaciones. Los diputados del macrismo, la Coalición Cívica, el radicalismo, el PJ disidente y el socialismo no quieren aparecer como los impulsores del proyecto que fractura a la Mesa de Enlace.

Así lo demostraron con el faltazo masivo a la reunión de la semana pasada en la Comisión de Agricultura, que trató la iniciativa. Allí, se avanzó en la unificación de los proyectos presentados por Eduardo Macaluse (SI), el entrerriano Lisandro Viale (PS), la santafesina Susana García (CC) y el oficialista cordobés Alberto Cantero Gutiérrez, titular de la comisión. La iniciativa que prosperó aún mantiene los ejes elaborados por los técnicos de la Federación Agraria.

Pero fueron los propios federados los que salieron al cruce del proyecto. “No quedan dudas de que este repentino interés por la regulación de los contratos de arrendamiento forma parte de una operación política de menor cuantía como es la división de la Mesa de Enlace”, aseguró la FAA en un comunicado que tituló “¡Ley de Arrendamientos sí, chicanas políticas no!”. Para la entidad que dirige Eduardo Buzzi, “al día de hoy dos mil productores trabajan el 50 por ciento de la tierra. Eso no es desarrollo ni beneficio para nadie, excepto para esta nueva oligarquía aliada y fortalecida a la sombra del kirchnerismo”. La prioridad para los federados sigue siendo la pelea contra las retenciones a las exportaciones de granos y oleaginosas, además de sostener su sociedad política con la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales, que resisten la nueva ley de arrendamientos.

El oficialismo volverá a sondear la actitud que sostendrían los bloques opositores. La vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, Patricia Vaca Narvaja, será la encargada de realizar la ronda de consultas. El bloque K dejaría el proyecto afuera de la sesión si no hay consenso para llevarlo al recinto.

Dentro del kirchnerismo parlamentario también existen propuestas de no sesionar esta semana, si la oposición “sólo quiere usar el recinto como tribuna contra el veto presidencial” a la Ley de Emergencia Agropecuaria –la ley aprobada el jueves pasado en el Senado y que por “error” incluyó la eliminación por seis meses de las retenciones a 22 partidos bonaerenses afectados por la sequía, y la rebaja de un 50 por ciento a otros 17–.

De todas maneras, las consultas del oficialismo también incluyen a distintos diputados de centroizquierda que fogonearon el proyecto de la FAA en plena batalla legislativa por la resolución 125 y que, a pesar de algunas modificaciones, respaldan con disidencias la iniciativa que llegaría al recinto de la Cámara baja. Incluso, el proyecto también lleva la firma “en disidencia parcial” de algunos de los diputados opositores, cuyos bloques se encolumnarían con la postura de la Mesa de Enlace. Recién con las cartas sobre la mesa, el kirchnerismo decidirá si avanza o no con el proyecto, al menos por esta semana.