Los diputados y diputadas de la oposición sobreactúan sus diferencias con el proyecto oficial de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En sus iniciativas para reemplazar a la ley de radiodifusión de la dictadura los supuestos abismos se transforman en matices. Los autores de la ley que impulsa el kirchnerismo son los mismos que participaron del armado de las propuestas alternativas y todos los textos en danza abrevan en algunas presentadas en el Congreso durante gobiernos anteriores. Pase, vea y compruebe la distancia que hay entre las declaraciones y las redacciones.

Dos expertos que trabajaron en el borrador que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el 27 de agosto coincidieron ante Página/12, en que casi todas las iniciativas “tienen la misma matriz y fueron elaboradas por la misma gente”. Se referían a la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación (Cositmecos) y a su asesor, Damián Loreti, abogado doctorado en Ciencias de la Información, titular de la cátedra de Derecho a la Información en Comunicación de la UBA y vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Los lineamientos surgidos de la Cositmecos hace una década influyeron en los proyectos de los ex diputados Pablo Fondevila e Irma Parentella, que a su vez fueron retomados en 2001 por la iniciativa de Gustavo López, durante el gobierno de la Alianza. En el anterior período legislativo recogieron esa posta tanto el justicialista Osvaldo Nemirovsci como la radical K Silvia Vázquez.

El proyecto del Poder Ejecutivo retomó ese enfoque legislativo, al que le sumó los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión de la Democracia y un aporte considerable de legislación comparada. El borrador de la diputada radical Silvana Giudici reproduce el proyecto de su autoría, Vilma Baragiola y Claudio Lozano de 2006, que a su vez tomaba como antecedente los proyectos de Margarita Stolbizer y Héctor Polino de 2002. En tanto, el otro proyecto que tiene estado parlamentario pertenece al diputado Horacio Alcuaz, del Acuerdo Cívico y Social, que retomó fielmente la propuesta de Stolbizer y Daniel Carbonetto de 2002.

Así, no parece que en la letra de las iniciativas se libre alguna batalla político-ideológica. “Los monopolios frenaron esto durante décadas a fuerza de un feroz lobby y lo lograron, nunca necesitaron impulsar su propio proyecto porque su objetivo es que no haya nueva ley, mantener el status quo, y la mejor prueba es que la derecha no tiene un proyecto”, dijo un asesor parlamentario que está en la cocina del actual trámite legislativo. De hecho, el diputado PRO Federico Pinedo tiene uno pero sólo referido a la creación de la empresa “Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado”, que presentó en 2004, 2006 y 2008.

Tal como le marcó el interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, la diputada Giudici cuestiona en sesiones y notas periodísticas aspectos de la propuesta oficial que figuran en su propio proyecto. En una reciente entrevista con este diario, criticó “el 33 por ciento del espectro para la comunicación estatal no gubernamental”, pero el anteproyecto del Gobierno fija ese porcentaje para “personas de existencia ideal sin fines de lucro”. En su iniciativa, la diputada asignó el 40 por ciento de reserva del espectro para ese mismo sector de potenciales prestadores. Giudici previó que no podrán ser titulares de servicios de radiodifusión “quienes presten servicios públicos en condiciones monopólicas”, lo cual podría significar un impedimento para la participación de las empresas de telecomunicaciones, el aspecto más cuestionado al proyecto oficial, que abre esa posibilidad. Sin embargo, las excepciones del artículo 7 del proyecto de la legisladora radical propiciarían en la práctica que las telefónicas ingresen al mundo de los servicios de comunicación audiovisuales. Es decir, su propuesta posee lo que le cuestiona a la del Ejecutivo. Además, la legisladora, que preside la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara baja, coincidió con el proyecto oficial en otorgar a las universidades nacionales o provinciales una licencia de radio y otra de televisión, pero en su proyecto nada dice respecto de los pueblos originarios.

Matriz UCR-Coalición Cívica

A partir de su artículo 7 los proyectos de la radical Giudici y Alcuaz, que pertenece al espacio de Stolbizer, son casi idénticos. Al igual que la iniciativa oficial, establecen que las sociedades titulares de licencias deben estar constituidas en el país y, aunque expresado de otra forma, también coincidieron en exceptuar de este requisito de nacionalidad “cuando se tratare de sociedades o personas extranjeras que recibieran el amparo de tratados de protección recíproca de inversiones vigentes (TPI), de mercados comunes o de cualquier otra naturaleza que establezcan igualdad de trato o libre circulación de capitales”. De nuevo, en el plenario de las comisiones parlamentarias denunciaron que el oficialismo impulsa una ley que habilita la extranjerización de los medios, pero en sus proyectos hicieron la misma salvedad respecto de los TPI. A diferencia de Giudici-Alcuaz, el texto impulsado por el Ejecutivo limita a no más del 30 por ciento la participación de capital extranjero.

Los tres proyectos propician que las licencias serán otorgadas mediante “concursos públicos, abiertos y permanentes”, aunque los opositores quieren que duren 15 años en lugar de 10 como propone el PEN. Los tres coinciden en que para concretar la prórroga de las licencias debe haber audiencias públicas. Pero Giudici no consideró necesario poner límite de tiempo a las licencias para los operadores de servicios por abono (cable), que serían adjudicadas en forma directa sin concurso.

Las limitaciones a la concentración de licencias en un sentido antimonopólico son considerablemente mayores y más precisas en el proyecto oficial, pero no están ausentes en los otros dos. Los tres consideraron que las licencias de comunicación audiovisual son intransferibles. También hay similitud en cuanto al contenido de la programación, los tres proyectos establecen un mínimo del 70 por ciento de producción nacional, pero los opositores pensaron que era suficiente con exigir un 25 por ciento para la música nacional, mientras que el proyecto K dice que debe ser un 30 por ciento, y de ese porcentaje pretende que la mitad que haya sido producida de manera independiente.

Las mayores diferencias aparecen respecto de la autoridad de aplicación, que la oposición se empeñaba en propugnar que fuera independiente, hasta que en uno de los 24 foros de debate previos al anteproyecto Loreti les explicó que el único poder independiente es el Judicial. Así, en los textos de Giudici y Alcuaz quedó redactado que el Ente Federal de Radiodifusión (EnFER) será un organismo “autárquico” que funcionará en la órbita del Poder Ejecutivo. La piedra de la discordia radica en que el proyecto oficial pone a la autoridad bajo la órbita de la Secretaría de Medios de Comunicación, donde la oposición ubica el gran margen de discrecionalidad de la propuesta del kirchnerismo. Por lo demás, todos hablan de una comisión bicameral y de directorios de Consejos Federales integrados de manera plural por los sindicatos de trabajadores, sectores empresarios, académicos y provinciales. Giudici y Alcuaz no contemplaron la creación de un organismo específico de medios públicos como la Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, que sí aparece en el proyecto oficial y también en el que impulsa la diputada radical Silvia Vázquez.

Matriz Cortina y Vázquez

Al igual que la propuesta enviada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el proyecto de Vázquez –que acompaña los cambios oficiales con su propia visión– reserva el 33 por ciento de las localizaciones planificadas para personas jurídicas sin fines de lucro. También coincide en el tope de licencias a nivel local y en el límite del 35 por ciento de abonados al cable por licenciatario, uno de los ejes de las restricciones antimonopólicas. La conformación de la autoridad de aplicación, que esta diputada llamaría Comisión Nacional de Radio y Televisión (Conarte), es muy similar a la que pensó el Gobierno. Respecto de la publicidad oficial, obliga al cursar el 25 por ciento a través de RTA (Radio y Televisión Argentina).

En sintonía con el proyecto oficial, la propuesta del socialista Roy Cortina “promueve el modelo de servicio público europeo, siendo una de sus principales implicancias, además de la extensión de la capacidad regulatoria y de control del Estado, que el ánimo de lucro cede ante las necesidades de interés general involucradas”. Su proyecto reduce a 12 los límites de concentración de licencias en manos de un mismo titular, elimina la renovación automática de licencias y establece porcentajes del 30 y 20 por ciento de reserva para licenciatarios comunitarios de radio y televisión, respectivamente. La autoridad de aplicación pensada por Cortina es autárquica sin dependencia del Poder Ejecutivo, y fija porcentajes de asignación de la pauta comercial oficial para que sea “imparcial y no discriminatoria”.

Matriz abierta

Los representantes de los pueblos originarios acudieron durante meses a cuanto foro hubo de debate del proyecto. Según comentó a Página/12 Luis Lázaro, coordinador general del Comfer, lograron así ser incluidos como potenciales licenciatarios, diferenciados de lo que la norma denomina como “prestadores de gestión privada sin fines de lucro”. La misma diferenciación pretende un sector de los medios alternativos, populares y comunitarios (ver aparte). Más allá de las urgencias del Gobierno y la intención de dilatar los plazos de la oposición, tendrán por delante varias audiencias públicas para lograrlo.