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El jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, adelantó ayer que impulsará una reforma de la Constitución de la ciudad para modificar la composición de las juntas comunales y que sea solamente uno quien conduzca las comunas en que debe dividirse el distrito. Ibarra hizo el anuncio después de que la Justicia ordenara sancionar la ley de comunas y convocar a elecciones para integrar sus respectivos órganos de gobierno, una medida que fue reprobada por más de un legislador.
La orden de llamar a elecciones de juntas comunales la impartió el juez Vicente Cataldo ante una demanda presentada por la Fundación Ciudad. Según la Constitución porteña, la fecha límite para celebrar esos comicios era el 1º de octubre pasado. Las juntas comunales son el órgano colegiado de gobierno compuesto por siete miembros, que la misma Constitución prevé para conducir las comunas. La creación de las comunas persigue como objetivo la descentralización política y administrativa del distrito y -según establecieron también los constituyentes– la Legislatura debía dictar una ley para fijar su número, sus límites y su organización.
Sin embargo, el debate de la ley de comunas –para cuya sanción se requieren dos tercios del total de la Legislatura– está trabado desde hace años. En lo formal, los legisladores no logran llegar a un acuerdo sobre la cantidad de comunas en que se debe dividir la ciudad, pero detrás de ese debate subyace una puja por el reparto de poder que implica la descentralización política y administrativa del distrito.
La reforma de la Constitución anunciada por Ibarra apunta a corregir algo que muchos advierten, además, que hoy no es posible llevar a la práctica, como es la integración de las juntas comunales con siete miembros. “Ahí metió la cola el aparato político, para lograr siete cargos por comuna”, explicó Ibarra –quien como constituyente condujo el bloque entonces mayoritario del Frepaso– y agregó que “son siete lugares para que vayan las fuerzas políticas allí y generen su espacio territorial, y así crezcamos en burocracia y en ineficiencia, que va a pagar la gente con su dinero”. Además, sostuvo que “un país como la Argentina lo que necesita es achicar su gasto público”
“Debemos sancionar la ley de comunas pero con una estructura menor”, coincidió el vicepresidente primero de la Legislatura, el radical Cristian Caram, quien en su momento presentó también un proyecto de reforma constitucional similar al impulsado por Ibarra. Aún así, Caram advirtió que “un juez no puede obligar a la generación del consenso necesario para sacar una ley”. La orden de Cataldo también fue cuestionada por otro radical, Jorge Enríquez, quien la calificó como un “avasallamiento de facultades propias de la Legislatura por parte de la Justicia”.
Al margen del proyecto de reforma constitucional que Ibarra dice que impulsará, los legisladores que le responden están trabajando ahora en otra línea: la búsqueda de consenso para que, hasta tanto no se sancione la ley de comunas, los porteños puedan elegir al menos a los directores de los 16 Centros de Gestión y Participación (CGP).