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A pesar de las súplicas del Gobierno y de los bancos, la Corte Suprema rechazó ayer tres pedidos de “per saltum” destinados a suspender la devolución de depósitos mediante resoluciones judiciales. Con los votos de cinco ministros, el máximo tribunal dejó en pie –al menos momentáneamente– el fallo del juez Alfredo López, quien ordenó el reintegro de su dinero a 14 mil ahorristas de Mar del Plata. Rechazó también un planteo extraordinario que había hecho el Ministerio de Economía para frenar los amparos como concesión a una de las exigencias clave del FMI. Las entidades que nuclean a los bancos temen que, ante la decisión de los supremos, se agudice la incertidumbre financiera “si se propagan medidas judiciales como la marplatense”.
La mayoría de los integrantes de la Corte evaluó en su reunión plenaria de ayer que no hay motivos de “gravedad institucional” que justifiquen la aplicación del “per saltum”, un recurso destinado a saltear instancias judiciales para que directamente los supremos tomen cartas en el asunto. Esa fue la posición que adoptaron ayer Eduardo Moliné O’Connor, Adolfo Vázquez, Guillermo López, Carlos Fayt y Augusto Belluscio. El único que firmó en disidencia fue Antonio Boggiano, al considerar que estaban dadas las condiciones para que el alto tribunal reclamara el expediente y resolviera. Julio Nazareno no votó porque está de viaje y Enrique Petracchi tampoco, porque está excusado en las causas sobre el corralito.
La intervención urgente de la Corte fue solicitada el lunes por la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPPRA) y también por el Ministerio de Economía. Fue un intento por frenar los efectos del fallo colectivo del juez de Mar del Plata. En realidad, la cartera que comanda Roberto Lavagna había presentado unos días antes un pedido de “per saltum” para que la Corte pusiera freno al goteo de fondos, como estrategia para destrabar las negociaciones con el FMI. En ese caso, el cuestionamiento apuntaba a un fallo del juez Ernesto Marinelli, quien consideró que había que devolver a una ahorrista el 50 por ciento de su dinero acorralado. Ya ante ese caso varios supremos objetaban en voz baja: “El Gobierno derogó el decreto que autorizaba el per saltum y ahora pretende utilizarlo; es contradictorio”.
Para evitar que se reproduzcan iniciativas como la del juez de Mar del Plata, los bancos recurrirán hoy a la Cámara Federal de esa ciudad. “Lo que más nos preocupa es el tiempo que se tomen; este tema requiere mucha urgencia. Inclusive, según lo que resuelvan los camaristas, el caso podría llegar a volver a la Corte”, señalaron en una de las asociaciones.
Con su decisión de rechazar el “per saltum”, el alto tribunal sigue haciendo tiempo antes de tomar posición sobre la validez del corralito. Pero también contradice, al menos simbólicamente, los intentos que en las últimas dos semanas encabezó el ministro Boggiano por hacer realidad los deseos de banqueros y gobernantes con un proyecto destinado a poner coto a la devolución de dinero. Buscando acercar posiciones, dicho juez agregó a su propuesta la alternativa de que en los bancos quedara registrada una proporción de cada depósito y, el resto, en asientos contables del Banco Central. Su criterio no sólo no logró mayoría, sino que provocó irritación en algunos de sus pares. Vázquez, por ejemplo, le replicó en un memorándum interno, indignado, que la propuesta era jurídicamente insostenible.
Desde la semana pasada, varios emisarios del Gobierno vienen manteniendo contactos con la Corte intentando frenar decisiones sustanciales del tribunal en relación al corralito y la pesificación. Dentro de la Corte, parece haber una posición mayoritaria en torno a “respetar los derechos adquiridos de la gente”, lo que en la práctica podría llegar a traducirse de varias maneras diferentes. Lo que desde Economía quieren evitar como sea es que los ministros ordenen sin rodeos redolarizar los depósitos. Apuestan a sostener la devolución con bonos.
Hay un sector del tribunal que está pensando en apurar un fallo que deje sentada la inconstitucionalidad de las restricciones bancarias y promueva la devolución de ahorros en la moneda de origen. Sería una resolución que definiría el fondo de la cuestión. Cuatro supremos –Nazareno, López, Moliné O’Connor y Vázquez– están dispuestos a sostener la misma postura que adoptaron en el “caso Smith”, cuando objetaron la legalidad del corralito. Están, de hecho, esperando que llegue el dictamen del procurador general de la Nación quien, según trascendió, también dictaminaría la inconstitucionalidad del corralito en estos días. Además, les falta un voto para lograr la mayoría de cinco necesaria. Algunas especulaciones internas señalan que Fayt podría sumarse adoptando el criterio de Becerra. Si no lo hace, llamarán a conjueces.
Algunos banqueros ven con buenos ojos que la Corte dicte un fallo dejando sentada la inconstitucionalidad del corralón. Creen que eso obligará al Gobierno a resolver cómo concretar la devolución de dinero, forzando tarde o temprano la implementación de un bono compulsivo.