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El agujero que un juez federal de Mar del Plata le hizo al corralito y la negativa de la Corte Suprema de Justicia de ir a taparlo con urgencia les crispó los nervios a varios. A los banqueros, que describen una situación caótica en la ciudad balnearia y advierten sobre los efectos devastadores que tendría una reproducción acelerada de la experiencia marplatense en otros puntos del país. A Roberto Lavagna, que ya imagina a la dama de hierro del FMI, Anne Krueger, diciéndole que es imposible acordar con la Argentina por la falta de previsibilidad jurídica. A los empleados bancarios, que temen por sus puestos de trabajo y a la ira de los ahorristas. Y a estos últimos, que no entienden cómo el Gobierno, el establishment financiero y el FMI pueden ubicarlos como victimarios cuando siempre han sido víctimas. Se trata del mismo conflicto de siempre, que ha estado contenido durante meses por la solución precaria que le encontró el Gobierno. Pero ahora ese equilibrio se rompió en Mar del Plata y la pregunta es si el corralito será reparado o si se romperá en más partes.
La Corte Suprema les dio ayer la espalda al Poder Ejecutivo y a las dos cámaras bancarias al rechazar sus pedidos de “per saltum” (ver página 2). En consecuencia, por ahora se mantiene el fallo del juez marplatense Alfredo López, quien se pronunció a favor de 14.000 amparistas de esa ciudad. La interpretación que hicieron tanto los financistas como el Ministerio de Economía fue que el pronunciamiento de la Corte dejó el camino despejado para que otros magistrados del país imiten a López. Mencionan con alarma el riesgo de “propagación” del fallo del juez marplatense, con distintos jueces autorizando a miles de amparistas en diferentes ciudades a pasar por ventanilla.
La apelación de los banqueros y del Gobierno a la Corte buscaba abortar con rapidez esa posibilidad. El Plan B que pondrán hoy en marcha ABA y Abappra, las cámaras del sector, será presentar una apelación al fallo de López ante la Cámara Federal de Mar del Plata. Claro que eso no elimina el “peligro” de que aparezcan otros magistrados que emitan fallos colectivos. En este punto, los banqueros sostienen que si eso llegara a ocurrir el Gobierno debería hacer lo que ellos le han reclamado desde el principio: disponer la entrega compulsiva de bonos a los ahorristas.
Carlos Heller, titular de Abappra, reiteró a Página/12 el argumento de que “no hay ninguna posibilidad de que los bancos les paguen a los amparistas. Si pudieran hacerlo, el corralito no tendría razón de ser”. Y siguió: “El problema es que al haberse decidido la pesificación de los activos (bancarios), los bancos no tienen los recursos para devolver los amparos en moneda de origen. La devolución de los depósitos en moneda de origen supera en varias veces el patrimonio de las entidades financieras”. La conclusión a la que llegó el gerente general del Banco Credicoop es que “la única solución global es la entrega de bonos públicos con garantía bancaria”. Las entidades financieras garantizarían la devolución hasta 1,40 más la indexación por el CER, mientras el Estado debería asumir la diferencia entre esa cantidad y la cotización del dólar libre.
Otros altos ejecutivos de entidades financieras coincidieron en pronosticar que el corralito terminará en un plan de entrega compulsiva de bonos, en caso de que se repitan los fallos como el de López. O que la Corte Suprema declare inconstitucional el corralito y disponga la restitución del dinero en moneda original. Heller consideró que en este último caso, el máximo tribunal avalaría un plan de bonos. “La Corte diría que el Gobierno debe disponer los medios para que se devuelva la plata. Sería como en el caso del descuento del 13 por ciento a los empleados públicos y jubilados. La Justicia ordenó que se les reponga el dinero. El Gobierno acató, pero como no tenía recursos decidió darles bonos. Los bancos tampoco tenemos el dinero, así que también deberíamos entregar bonos compartidos con el Estado”, explicó.
El caso de Mar del Plata llevó a los financistas a pensar seriamente en promover la salida que sugiere Heller. Sin embargo, saben que es unapropuesta políticamente inviable, que Lavagna se ha negado a aceptar. El ministro hizo conocer ayer su indignación con el fallo de López. Y fue bastante más allá, ya que instruyó a la Procuración para que enjuicie al magistrado de Mar del Plata. El juez dijo desconocer ese pedido y no estar interesado en enterarse pronto. En el Palacio de Hacienda siguen el tema con preocupación, tanto por el impacto que las decisiones judiciales incluidas las de la Corte- puedan tener sobre el corralito, como por la repercusión que el tema seguramente tendrá en Washington.
El equipo económico es consciente que al FMI le ha quedado servido un argumento para volver a poner distancia. Lavagna había admitido que “el problema de los amparos” complicaba la negociación. Ahora que apareció el fallo colectivo en favor de los ahorristas de Mar del Plata y la Corte no le puso freno a esa situación, es evidente que la posición del Gobierno queda todavía más debilitada.
En cuanto a lo que pueda ocurrir hoy en Mar del Plata, Heller alertó, sin matizar para nada la versión catastrofista, que “habrá incidentes a granel” porque no todos van a poder cobrar y porque “los bancos no van a llevar plata para que se la embarguen”.