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El Presupuesto fue aprobado rapidito y sin sobresaltos en Diputados. Si hubiera habido asistencia perfecta, la diferencia de votos hubiera sido apretada pero el ausentismo opositor la hizo confortable. La conducción de la bancada senatorial del Frente para la Victoria (FpV) supone que a mediados de noviembre se aprobará la ley, con cierta comodidad en general y con lo justo en la prórroga de la ley de cheque, que exige mayoría especial. La coalición ad hoc se estructura con los gobernadores propios y algunos de otros “palos”.

La Casa Rosada recuperó la iniciativa y el manejo de la agenda pública, ante una oposición deshilvanada que no zanja sus internas. Mantiene su perspectiva de triunfo en las presidenciales de 2011 pero, en el cotidiano, genera más querellas personalistas que acciones conjuntas. También la aqueja una carencia de creatividad y de ímpetu para movilizar a la sociedad civil.

Las denuncias de borocotización siguen en boga, a la par del doble standard para juzgar los cambios de bando. El diputado Julio Ledesma, denunciado y expulsado por Unión-PRO por haber avalado el Presupuesto, es un caso testigo. Ledesma había ingresado a la Cámara en su condición de suplente en las listas del FpV, se encolumnó veloz con Francisco de Narváez. Esa transfugueada, se supone, fue un ejemplo de altruismo y espíritu cívico. En cambio, su reflujo hacia el oficialismo se fulmina con exaltación moral. El cronista no ve una ruptura en esa trayectoria sino un patrón de conducta homogéneo, para nada exclusivo del susodicho. Un camino de doble mano y no unidireccional. El itinerario de Ledesma es propio de la permisiva cultura política del justicialismo, en la que el cambio de camiseta durante el partido es una regla aceptada.

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Con facultades delegadas, impuestos prorrogados y un incipiente repunte económico el kirchnerismo lograría un horizonte de previsibilidad y gobernabilidad para el 2010. El círculo debería cerrarse auxiliando a las provincias a aliviar sus angustias financieras. La hiperkinesis oficial subsistirá hasta el 10 de diciembre, cuando entrará en funciones la nueva integración del Congreso. Están en carpeta la reforma política, la ley de entidades financieras y la implantación de un ingreso universal a la niñez. Las aspiraciones de la Casa Rosada son altas: mantenerse en el centro del ring, dinamizar una regeneración institucional que defina el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, recuperar el favor de sectores progresistas. Es un trípode ambicioso, cuya tercera pata parece ser la más chueca, hasta acá.

La reforma política seguramente entrará al Senado la semana que viene, conforme informó ayer este diario. Fue concebida en el Ministerio del Interior y redondeada por la pluma de Carlos Zannini. Se la presentará como saldo del diálogo político, una flor de un día que el oficialismo dejó marchitar. Es de manual que la oposición negará la paternidad de la criatura y todo indica que costará plasmar un consenso amplio en un tema relevante para el largo plazo, en el que todos los actores atienden también sus necesidades inmediatas.

El nodo de una reforma sería eliminar o (con más realismo) limitar severamente el financiamiento espurio y, más aún, las siderales diferencias de potencial económico entre distintos partidos. Eso alude a la oscuridad de los mecenas, a la falta de transparencia de los aportes y también a poner coto al uso de fortunas personales. Poner esas prácticas extendidas en la picota es un buen primer paso, sí que insuficiente.

Las internas abiertas, obligatorias y simultáneas para elegir fórmulas presidenciales serían una de las innovaciones. Es un mecanismo reclamado e interesante por la legitimación que confiere. Habilita una nueva instancia de participación ciudadana, siempre bienvenida. Todo tiene contrapartidas en este valle de lágrimas, la principal de este método es devaluar a los afiliados de los partidos que pierden un incentivo sustancial para serlo y se confunden en la masa de los votantes “independientes”, sobrevalorados por el sentido común dominante.

Con un recambio presidencial en ciernes, toda innovación será sospechada y mirada con lupa. Con el adelanto electoral, las candidaturas testimoniales y el precedente de los “neolemas” en 2003, el desempeño del oficialismo alienta las suspicacias opositoras. Claro que nadie es inocente en estos juegos, todos tratarán de cuidar su propio patrimonio. Si se añade que es una cuestión árida, poco apta para interesar a audiencias masivas, cuesta suponer que esa norma mejore el capital simbólico del kircherismo. Y tampoco da la impresión que haya motivos para ganarse el favor del centroizquierda, como sucedió con la reinstalación del sistema jubilatorio de reparto o con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

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El ingreso universal a la niñez sí es una demanda progresista con largo millaje recorrido. El oficialismo la admitió en su agenda, tras demasiados años de desdén, fundados en la fallida hipótesis de que el “modelo” se bastaba para terminar con la pobreza. Con pruebas en contrario a la vista, el proyecto (aún no redactado) se amasa en Diputados, tal como prometiera en el recinto Agustín Rossi y como informara Página/12 días atrás. La Presidenta, el ex presidente Néstor Kirchner y la ministra Alicia Kirchner siempre recelaron de la medida que entienden contradictoria con la “cultura del trabajo”. La ministra se avino ante los diputados a revisar su juicio, a condición de que se proponga una “ingeniería financiera” que sustente la medida. Los moradores de Olivos dieron un guiño inicial, su venia definitiva se hará cuando el proyecto tenga forma precisa.

El impacto fiscal, claro, depende de la amplitud del universo de beneficiarios y del importe mensual de la asignación. El fondeo sustentable es un elemento sustancial y, a los ojos del cronista, son míticas (o aviesas) las mociones de hacer una vaquita reasignando fondos dedicados a distintos planes sociales vigentes.

Hay propuestas previas en danza de varias bancadas, si se las escudriña a fondo contienen diferencias sensibles. Un punto controvertido es la persistencia del sistema contributivo de asignaciones familiares para los trabajadores formales. El cronista se enrola entre los que creen que lo mejor es mantenerlo y habilitar un sistema paralelo para los hijos de desempleados, trabajadores informales e indigentes. La finalidad es que todo ciudadano menor de edad (o menor de 18 años) tenga por su pura condición ciudadana un ingreso mínimo garantizado, independiente de los avatares laborales de su grupo familiar.

En lo institucional es un salto de calidad en los derechos sociales, que se asocia a la satisfacción de necesidades. Un derecho básico de nuevo cuño, nada menos. Lamentablemente, el ingreso mensual no garantiza un acceso pleno a los bienes imprescindibles para una subsistencia digna, pero es un paso enorme en ese sentido.

El oficialismo saldaría una deuda y una incongruencia. En seis años cuasi universalizó las jubilaciones y amplió las consiguientes asignaciones de recursos. Respecto de otras políticas sociales, fue más avaro y menos innovador.

Las derivaciones económico-sociales de un plan de ingresos volcado a los hogares más humildes son evidentes, de puro cuño keynesiano: fomento del consumo inmediato, del mercado local, de los pequeños comercios. El esquema de financiamiento debe ser consistente con el espíritu de la medida: fondearse mediante tributos progresivos que carguen sobre los más ricos. La reforma impositiva integral seguramente seguirá cajoneada pero es entre oportuno y forzoso mejorar el esquema fiscal: impuestos a las actividades financieras o bursátiles, al juego o a ciertos tramos de la minería, elevación de las tasas de los grandes contribuyentes de Ganancias. Algunas propuestas que también danzan por ahí –como aplicar Impuesto a las Ganancias a jueces u obispos, o reimplantar el impuesto a la herencia– son estimulantes y ejemplificadoras pero su producido sería irrisorio al efecto.

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Cada ley tiene su abanico de aliados y su metodología. En la de medios se instó la participación de organizaciones sociales y culturales, los foros ciudadanos, se dialogó con el centroizquierda, se incorporaron reformas y modificaciones. El Presupuesto salió con fritas, se pactó con los gobernadores y se redondeará con negociaciones “de a uno en uno” con ellos. Ese vaivén en las coaliciones y en el trato resiente la relación con el centroizquierda. Amén de sentirse usados y relegados, sus referentes se valen de la relación con el oficialismo en su competencia interna, lo que (máxime cuando se los deja afuera) exacerba el ansia de diferenciación. La negativa a reconocer la personería de la Central de Trabajadores Argentinos ahonda objetivamente la zanja.

Los fastos del 17 de octubre también desalientan potenciales aliados y ansiadas convocatorias de sectores medios. En eso pueden incidir gorilismos irreparables o linajes históricos. Pero el conjunto de dirigentes aplaudidores en el Teatro Argentino es de difícil digestión aún para muchos “progres” tolerantes o justicialistas desencantados en los últimos 25 años. La cuestión es dilemática para los Kirchner porque en ese platillo de la balanza, amén de un rosario de impresentables, están los dominios territoriales, el control social y un sostén de la gobernabilidad. Conciliar un ideario que trascienda al peronismo realmente existente con la paz social es un desafío dialéctico que Néstor Kirchner encaró desde 2005. Hasta las elecciones de 2007, el oficialismo pudo conciliar gobernabilidad y consenso electoral. El equilibrio se desbarató desde el conflicto de las retenciones móviles. Los comicios de junio sinceraron un techo bajo para el kirchnerismo. Su potencia política y su aptitud para remontar la derrota fueron notables, queda por verse si le bastan para elevar ese tope.

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Muchos pronósticos concuerdan: el 2010 puede ser un año de recuperación económica. El consultor Miguel Bein, usualmente afiatado en sus juicios y sus vaticinios, escribe que se “podrá extender el escenario K de crecimiento con inflación, sin necesidad de avanzar con la agenda larga para iniciar el viaje al desarrollo”. Y predice que “ésta será la primera transición política en décadas sin la espada de Damocles de la devaluación, el default o la híper”. El plazo largo, la calidad de la inversión, las políticas contracíclicas quedarán en manos del futuro gobierno. Bein estima un 4,2 por ciento de crecimiento del PBI en su “escenario pesimista”, si no se abre paso al financiamiento externo.

Mario Blejer, otro economista que no comulga con el Gobierno pero que no profetiza el Apocalipsis, piensa en términos parecidos. Y supone que, si se reanudan las relaciones con el FMI y se reabre el canje de deuda, hay amplias posibilidades de financiamiento externo y también de inversión en la economía real. Así se lo explicó a la Presidenta, con quien se reunió a poco de asumir el ministro Amado Boudou. Esa perspectiva es contemplada con inédito cariño en Economía y también, con más matices, en la Casa Rosada. Pero lubricarla exigiría hacer concesiones (así fueran maquilladas) con el FMI y derogar o cambiar la “ley cerrojo” que traba reaperturas del canje. Si el oficialismo la impulsara, algo que hoy suena más que factible, toparía con otro frente de rechazo del centroizquierda. En rectángulo de juego, las opciones entre mantener el programa económico (apodado “modelo”) y ampliar la base política suelen ser excluyentes.

El escenario expresado en términos profanos por el cronista, podría ser un año de crecimiento del PBI, gasto público intenso, una inflación del orden del quince por ciento, quizá superada por los acuerdos en paritarias, alguna recuperación de los niveles de empleo y poco impacto en la pobreza, si no median políticas específicas y amplias.

En ese contexto, la asignación universal sería un salto en las instituciones, un legado de largo plazo como lo son la eutanasia de las AFJP y la ley de medios. En un país donde la mayoría de los chicos son pobres, la mayoría de los pobres son chicos y los pobres son muchos, sería un tiro para el lado de la justicia.

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