Con la lectura del requerimiento de elevación y el clima enrarecido por la muerte violenta de un policía retirado que actuó como guardia de un centro clandestino y estaba citado como testigo, comenzó ayer el segundo juicio por delitos de lesa humanidad de Córdoba. El principal acusado, general Luciano Benjamín Menéndez, con dos condenas a reclusión perpetua en el haber por su actuación como comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, concurrió a la sala de audiencias con una escarapela argentina. El segundo militar imputado, coronel retirado Rodolfo Aníbal Campos, siguió la lectura de la acusación por videoconferencia desde una sala del Consejo de la Magistratura, en Buenos Aires, porque su salud le impide trasladarse hasta Córdoba.

Los policías imputados “degradaron y enlodaron” a la institución, afirmó el gobernador cordobés Juan Schiaretti, quien concurrió a la audiencia inicial con miembros de su gabinete. “Queremos un juzgamiento, pero sin odio ni venganza. Que tengan un juicio justo como el que no tuvieron quienes ellos mataron”, agregó. “Es necesario que la gente entienda que hoy no sólo se va a juzgar el crimen de Albareda sino la impunidad de la policía de Córdoba durante tanto tiempo”, señaló Fernando Albareda, hijo del subcomisario Ricardo Fermín Albareda, un ex militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores que fue secuestrado, torturado y asesinado el 25 de septiembre de 1979 por miembros del Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Córdoba.

La muerte que acaparó los comentarios de centenares de personas que siguieron el juicio desde el exterior de los tribunales ocurrió el viernes, pero se conoció públicamente ayer. Jesús González, ex miembro de la misma fuerza de seguridad a la que pertenecieron cuatro de los imputados, fue encontrado sin vida en el baño de su casa, en el barrio Alejandro Carbó. En principio la causa fue caratulada como de “etiología dudosa”, como se rotulan las muertes que a priori se consideran suicidios. Según los primeros informes de los forenses, el deceso se habría producido por una herida punzo-cortante en el pecho.

Según declaró durante la instrucción el policía Roque Calderón, ex guardia del centro clandestino “Casa de Hidráulica” donde fue torturado y asesinado Albareda, González estaba allí la noche del secuestro y presenció el ingreso del militante del PRT. González también prestó testimonio durante la investigación inicial, y según trascendidos habría confirmado la existencia del centro de torturas y exterminio a la vera del dique San Roque. En su caso fue ofrecido como testigo por la defensa del imputado Hugo Cayetano Britos, quien formó pareja con la ex esposa de Calderón y pretende demostrar que la acusación en su contra es producto del rencor. Calderón, testigo central del proceso, está preso en la cárcel de San Martín por un asesinato que cometió luego de dejar la fuerza. González era un testigo clave para corroborar o refutar sus dichos.

El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano explicó ayer que, “sin saber que se trataba de un testigo” del juicio a Menéndez & Cía., la muerte comenzó a ser investigada el viernes por la fiscal provincial María Antonia de la Rúa. Cuando se detectó el vínculo con el juicio, el primero a ex miembros del D2, el Tribunal Oral Federal 1 solicitó el expediente a la Justicia provincial y encomendó la investigación a Vidal Lascano. Jaime Díaz Gavier, presidente del TOF-1, informó ayer que González había “rehusado” la protección policial y psicológica que se le había ofrecido por su condición de testigo. La fiscal De la Rúa confirmó que el ex policía “llevaba al menos dos horas muerto” cuando fue revisado por el médico forense y que, si bien se espera todavía un informe oficial, los indicios sugieren que el ex agente murió desangrado. “Vamos a trabajar en forma colaborativa con la Justicia para determinar si hay algún delito punible. Si es suicido, no lo es. Pero sí está castigado en el Código Penal que sea una instigación al suicidio o, en el otro extremo, que lo hayan matado”, señaló.

La audiencia comenzó pasadas las once y se demoró porque Campos, ex jefe de la policía de Córdoba, adujo problemas para seguir el audio desde el Consejo de la Magistratura. “¿Me está escuchando, Campos?”, preguntó más de una vez Díaz Gavier. “No escucho, señor”, respondía el militar, mientras una asistente a su lado aseguraba que se escuchaba. Al mediodía la situación derivó en un cuarto intermedio. A las 16.30 concluyó la lectura del requerimiento de elevación de la causa “Albareda”, la única de las tres que se juzgan en la que está imputado Campos, por lo que pudo retirarse a su casa. El represor no tiene obligación de escuchar a los testigos, por lo que podrá estar en su casa al menos hasta los alegatos.

Martín Fresneda, abogado de HIJOS que patrocina a la familia Albareda, destacó ayer que “mientras no aparezcan los restos de cada uno de los desaparecidos, los delitos continúan y se debe seguir investigando, para romper con el pacto de silencio”. Fernando Albareda, hijo de la víctima, celebró que “a pesar de las amenazas telefónicas y las maniobras intimidatorios con el objetivo de obstaculizar la realización de este juicio, hoy estamos aquí con todas las garantías”. El proceso continuará hoy con la declaración de los primeros tres testigos.