La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados estará centrada en el debate de cuatro proyectos vinculados a resoluciones judiciales internacionales sobre derechos humanos que el Gobierno envió al Congreso. La lista incluye el pase a la órbita nacional del Banco de Datos Genéticos, las reformas al Código Penal que habilitarán a los organismos de derechos humanos como querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad y nuevos procedimientos para la extracción de ADN en los casos de apropiación de niños durante la última dictadura; además de adecuar a los “estándares internacionales” el delito de calumnias e injurias para garantizar la libertad de expresión. Las iniciativas son parte de los compromisos asumidos por el Estado argentino y refrendadas en una “solución amistosa” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los proyectos fueron anunciados por Cristina Fernández de Kirchner el 11 de septiembre, en un acto realizado en la ex Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada (ESMA) para homenajear a los integrantes de la comisión de la CIDH que llegó a Buenos Aires en 1979 –en plena dictadura– para recabar información sobre violaciones a los derechos humanos, que luego fue utilizada en los juicios y condenas a las juntas militares. Ese mismo día, la Presidenta firmó “una solución amistosa” con la CIDH para resolver los reclamos planteados por Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y envió los proyectos al Congreso.

Después de su paso por las comisiones de Derechos Humanos y Legislación Penal, los proyectos de ley llegarán al recinto de la Cámara baja este miércoles para buscar su media sanción.

Análisis de ADN: La iniciativa apunta, en sintonía con el fallo de la Corte Suprema, a garantizar la obtención de muestras genéticas para establecer la verdadera identidad de una persona que podría haber sido víctima de apropiación ilegal durante la última dictadura. La Corte señaló que, si la presunta víctima no estuviera dispuesta a someterse a una extracción de sangre, se dispondrá el secuestro de objetos que contengan restos de ADN. La reforma al Código Penal habilitará a los jueces a llevar adelante este procedimiento –que admite extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas– con una serie de recaudos puntuales para evitar la revictimización de la persona, cuya verdadera identidad se busca esclarecer.

Organismos como querellantes: Este proyecto apunta a que la mora de la Justicia no termine convalidando la caducidad de las causas, dado que a más de 30 años de cometidos los delitos muchos de los familiares directos de las víctimas, que impulsaron los procesos judiciales como particulares damnificados, ya no están en condiciones físicas de continuarlos. Por eso, la iniciativa establece que las asociaciones o fundaciones relacionadas a la defensa de los derechos humanos, registradas legalmente, podrán constituirse en parte querellante en procesos en los que se investiguen crímenes de lesa humanidad.

Banco Nacional de Datos Genéticos: Actualmente, el Banco de Datos Genéticos –creado por ley en mayo del ’87 a pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo y que dio certeza científica al encuentro de 95 chicos secuestrados y apropiados durante la dictadura– funciona en el Hospital Durand, bajo la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto le da al banco carácter nacional que pasará a funcionar como organismo descentralizado dentro de la estructura del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Su director y el resto de los profesionales que lo integren serán los peritos oficiales exclusivos ante los jueces competentes en las causas penales que tengan por objeto la identificación de hijos o hijas de personas desaparecidas durante la dictadura. Por eso, los organismos de derechos humanos, que podrán ser querellantes en las causas judiciales, no conformarán su consejo consultivo.

Calumnias e injurias: El proyecto da respuesta al fallo de la Corte Interamericana –fijado un año y medio atrás– contra el Estado argentino por el caso de Eduardo Kimel, el periodista condenado por criticar la actuación de la Justicia en su investigación sobre el asesinato de monjes palotinos durante la dictadura y volcado en su libro La masacre de San Patricio. El tribunal ordenó al Estado dejar sin efecto la sentencia, indemnizar al periodista y reconocer su responsabilidad en un acto público, y lo intimó a modificar su legislación para evitar violaciones a la libertad de expresión.

La iniciativa modifica varios artículos del Código Penal “para adecuar la legislación a los estándares internacionales y constitucionales en materia de libertad de expresión”. Las modificaciones establecen que “en ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas”, así como “tampoco configurará delito de injuria los calificativos lesivos al honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público”.

Todos los proyectos tienen el respaldo de la mayoría de los bloques parlamentarios, salvo el relacionado con la obtención de ADN: la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, calificó esa iniciativa, avalada por la CIDH y en sintonía con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, como “fascismo puro” y la relacionó con “una revancha personal” del Gobierno contra Ernestina Herrera de Noble, la dueña de Clarín que afronta una causa judicial por la identidad de su dos hijos adoptivos. Habrá que ver si el resto de los bloques opositores adhieren a su interpretación.