El tratamiento de la modificación de la Ley 25.917 de Responsabilidad Fiscal rompió con los alineamientos rígidos. Veinte de las 24 jurisdicciones, con sus jefes de gobierno al frente, apoyaron la propuesta que ya obtuvo media sanción, autorizando la emisión de deuda de las provincias por arriba del techo que establece la citada ley. Es que, más allá de la postura opositora que asumen tradicionalmente algunos gobiernos provinciales respecto de las propuestas oficialistas, esta vez mandó la necesidad. Sin un aflojamiento de las restricciones impuestas por la Ley de Responsabilidad Fiscal, más de un distrito podría verse obligado a la emisión de cuasi monedas para atender sus obligaciones. Los especialistas señalan que, tras tres años consecutivos en que la situación fiscal de las provincias viene deteriorándose paulatinamente, el cuadro alcanzado este año es peor que el existente en 2001. Con casi 100 mil millones de pesos de deuda consolidada en la suma de los 24 distritos y un déficit financiero previsto para este año en cifras cercano a 12 mil millones de pesos, la vía de escape a mano es lograr el permiso de emisión de títulos de deuda, que tendrían como posibilidad de colocación inmediata una compra masiva por la Anses, convertido en equipo de rescate en catástrofes.

Las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emplean a 1,3 millones de personas. El pago de sus remuneraciones representa el 51 por ciento del presupuesto consolidado de esos 24 distritos. El aumento salarial para los agentes estatales provinciales acompañó en el último año la pauta de la suba dispuesta por el gobierno nacional en mayo a favor de sus empleados: 15 por ciento. La administración nacional asumió la responsabilidad de transferir fondos para cubrir parte del aumento (60 por ciento), pero el resto quedó sobre las espaldas de las provincias. Docentes, empleados de la salud y de la justicia provinciales reclamaron distintos porcentajes de aumento, obteniendo mejoras iguales o levemente mejores que la pauta antes señalada. Mientras tanto, el ritmo de crecimiento de las recaudaciones provinciales viene declinando.

Ya el año pasado habían aparecido dificultades en el financiamiento provincial, pero el Estado Nacional fue en su auxilio. Las transferencias por coparticipación aumentaron en 2008, en un 27 por ciento respecto de 2007. En los primeros meses de este año, la distribución federal siguió creciendo, pero no al mismo ritmo: 9 por ciento respecto del año pasado. Las expectativas que generó la decisión en marzo de coparticipar el 30 por ciento de las retenciones a la soja no rindió lo esperado. Se calculaba que la medida iba a suponer una transferencia extra anual de 6520 millones de pesos a las provincias, pero la posterior caída en los precios internacionales y declaraciones de los exportadores menores a las esperadas demostraron que el beneficio resultará muy inferior.

El proyecto presentado en Diputados por el oficialismo, con el apoyo del socialismo santafesino y aliados de la Coalición Cívica de Catamarca, establece la suspensión por dos ejercicios (2009 y 2010) del tope a la emisión de deuda de las provincias del 15 por ciento de los recursos corrientes. Permite, además, aumentar gastos en un porcentaje mayor al aumento nominal del PIB. Y habilita la modificación del destino de los gastos previstos para rubros de capital o pago de deuda, desviándolos a gastos corrientes. Fundamentalmente, sueldos.

Las provincias enfrentarían una necesidad inmediata, en su conjunto, de emitir deuda por aproximadamente 2300 millones de dólares. Pero también reclaman un canje de la parte de la deuda que mantienen con la Administración Nacional, que es aproximadamente el 70 por ciento del total. Proporción que se incrementaría si la Anses absorbiera una parte importante de la nueva deuda que se emita. Seguirán reclamando una mayor coparticipación de impuestos y deberán pensar en nuevos impuestos en sus distritos, camino que después de los tropiezos padecidos por Daniel Scioli con su reforma impositiva bonaerense, no le será fácil a nadie.

El conflicto fiscal es masivo, pero no todos están en la misma situación. Según un estudio del Instituto Argentino para el Desa-rrollo de las Economías Regionales (IADER), la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires surgen como las más comprometidas por el monto de los déficit financieros esperados para este año. Pero otras jurisdicciones también presentan cuadros de situación complicados: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Neuquén son las principales. En el otro extremo, San Juan y San Luis aparecen como las excepciones, ya que a pesar de cierta desaceleración en el crecimiento de sus recursos, estarían en condiciones de cerrar el año con las cuentas equilibradas.

El mismo informe del IADER apunta que algunas provincias, ya antes de finalizar el primer semestre del año, habían resuelto políticas de recorte de gastos para enfrentar un creciente desequilibrio:

n Tucumán estableció un esquema de ahorro presupuestario consistente en una disminución del 10 por ciento en los gastos para paliar la desaceleración del crecimiento de la recaudación y los menores envíos de recursos desde la Nación.

n Río Negro aprobó, a través de la Legislatura, un recorte del presupuesto de gastos para el año de 182 millones de pesos, aproximadamente el 4,5 por ciento de los gastos totales.

n Corrientes reprogramó obras públicas, aun a costa de provocar un impacto negativo sobre el ritmo de actividad económica provincial.

La vía de escape de reformar la Responsabilidad Fiscal puede ser sólo un paliativo coyuntural, pero también es una demostración de que ese tipo de “disciplinamiento”, impuesto en su momento por el FMI, tampoco es la solución. En circunstancias en las que la intervención estatal vuelve a ser imprescindible, por necesidades sociales no resueltas, la revisión de la estructura impositiva vuelve a ser un tema prioritario de agenda. Aunque, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, las corporaciones demuestren toda su capacidad para bloquear las mejores intenciones.