La designación de Daniela Bruna Ugolini, la candidata de Mauricio Macri para ocupar un lugar en el Tribunal Superior de Justicia, sigue avanzando pese a que hay cinco órdenes judiciales de detener el proceso, que el jefe de Gobierno decidió obviar. En la causa de la jueza Helena Liberatori se sumó una nueva denuncia: el marido de Ugolini, Rubén Puppo, con el que Ugolini comparte las acciones de una inmobiliaria y son acreedores de un spa en Bariloche, omitió en su declaración jurada que tiene una camioneta 4x4 Chevrolet Blazer Executive. En la actualidad, cuestan no menos de 110 mil pesos y un modelo usado se vende por más de 50 mil. La declaración jurada de Puppo, que será denunciado por “falsedad ideológica”, fue aceptada como buena por la gestión PRO pese a que no está firmada.

Como parte del proceso de selección, Ugolini debía presentar su declaración jurada y la de su conviviente. Como informó Página/12, en ambas declaraciones aparece la inmobiliaria Maumar, de la que cada uno tiene el 50 por ciento de las acciones, valuadas en 829 mil pesos. Puppo indicó en su declaración jurada que cobra allí un sueldo de cinco mil pesos. Ambos son acreedores del Villa Sofía Resort y Spa (Ugolini, con 361 mil pesos; Puppo, con 323 mil), un lujoso hotel con pileta climatizada, hidromasajes, sauna, que administran dos de los hijos de Puppo, que recibieron préstamos de la pareja por otros 120 mil pesos. Entre Ugolini y Puppo declararon tener un auto Audi A6, modelo 1999, que valuaron en 47.900 pesos. Ninguno dice nada de una 4x4.

Liberatori recibió una denuncia del querellante Enrique Grodnitzky, que señaló que Puppo omitió en su declaración jurada que tiene una camioneta Chevrolet Blazer Executive 4.3 todo terreno, modelo 2000, y presentó como prueba un informe de dominio del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor del 21 octubre de 2009, en el que la camioneta figura a nombre del conviviente de Ugolini. “Nos encontramos en presencia de impedimentos sustanciales consistentes en el ocultamiento de bienes de riqueza y la falsedad ideológica de la declaración jurada, lo que podría constituir el delito de falsificación de documento público”, indicó el denunciante, que volvió a reclamar que se detenga el procedimiento.

En uno de sus fallos, el juez Roberto Andrés Gallardo advirtió que la declaración de Puppo no tenía firma, pero la gestión PRO la aceptó sin más para seguir adelante con el procedimiento. Allí también figura un velero, llamado “Bizzarro”, al que el conviviente de Ugolini le asignó un valor de 50 mil pesos, cuando en el mercado un yate de 40 pies (con baño, cocina, luces y parlantes internos y externos) no bajaría de los 200 mil dólares.

Esta semana, el macrismo recibió dos nuevos fallos que ordenaron detener el procedimiento, que se sumaron a otros tres que ya habían desobedecido. En total, ya hay cinco magistrados en lo contencioso-administrativo interviniendo. El juez Guillermo Treacy denunció penalmente a los cuatro legisladores que firmaron un acta de la Junta de Etica de la Legislatura y continuaron el procedimiento contra las órdenes judiciales. La causa, que lleva el nombre de “Ritondo, Cristian s/resistencia”, recaló en el juzgado correccional 14, secretaría 82, y están denunciados, además de Ritondo, Carlos Araujo, Virginia Morales Gorleri y Oscar Zago.

La jueza Liberatori les fijó a estos cuatro legisladores macristas una multa de 500 pesos por cada día que no cumplan la sentencia, que deberán pagar de su bolsillo. La magistrada Patricia López Vergara, por su parte, citó esta semana al director de la Junta de Etica, Hugo López Tanco, que le reconoció que el inicio del procedimiento fue irregular: necesitaban 6 votos para tener quórum, por lo que a los cuatro votos afirmativos de los legisladores de PRO se sumaron los de los opositores que se abstuvieron. La jueza está evaluando nuevas medidas de prueba.

Los macristas aseguraron que mantendrán el procedimiento y que harán la audiencia pública prevista para el viernes próximo, pese a las múltiples impugnaciones que tuvo la candidata de Macri por haber dictaminado como procuradora porteña que una mujer casada debía pedir autorización de su marido para hacerse una operación de ligadura de trompas y por haber avalado como fiscal de Cámara, entre otras cosas, el cierre de la muestra de León Ferrari y los 2400 despidos de Macri.

Ugolini recibió el apoyo para su presentación del ex ministro de Justicia de Carlos Menem Rodolfo Barra; el ex juez de la Corte menemista Adolfo Vázquez; el ex presidente Fernando de la Rúa y ex asesor de Jorge Rafael Videla, Virgilio Loiácono. La impugnaron el CELS, ACIJ y otras organizaciones sociales y de derechos humanos, entre otras cosas por sus dictámenes como fiscal de Cámara en contra de derechos sociales, de vivienda, trabajo, salud, y siempre, siempre, siempre a favor del Ejecutivo local.