Luego de que el Gobierno envíe al Congreso el miércoles próximo la reforma política –que de acuerdo con lo que pudo saber Página/12 se dividirá en cuatro proyectos de ley– el próximo paso será el anuncio, una semana después, del lanzamiento de los nuevos DNI. Un alto funcionario de la Casa Rosada adelantó a este diario que el Estado desembolsará una cifra cercana a los 20 millones de dólares por los documentos contra los 1260 millones que costaban en el contrato firmado durante el mandato de Carlos Menem con la empresa Siemens.

El Registro Nacional de las Personas (ReNaPer), del que depende la confección de los DNI, pagará apenas un 2 por ciento de lo que se había pactado con Siemens, quien reconoció ante la Justicia de Estados Unidos haber pagado 105 millones de dólares de coimas durante los gobiernos de Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. También el costo de los documentos para los ciudadanos será notablemente inferior al que se estipulaba en aquel contrato, que era de 32 dólares. Ahora habrá que pagar los mismos 15 pesos que cuestan en la actualidad, es decir 3,92 dólares. Para los recién nacidos será gratuito.

El anuncio sobre los nuevos DNI lo hará la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la primera semana de noviembre. En la Casa Rosada aseguraron a Página/12 que estarán en condiciones de ser emitidos en el mismo mes de noviembre.

El nuevo DNI se extenderá a quienes lo tengan que sacar a los 16 años y a las personas que necesiten cambiarlo. El recambio no será obligatorio, por lo que quienes tengan su actual documento en buen estado y no quieran sacar el nuevo pueden seguir usándolo. Junto al nuevo DNI se entregará, además, una especie de cédula que servirá para hacer trámites comunes.

En el Gobierno aseguran que obtener el DNI “llevará unos pocos días”. Con el actual sistema, la demora es de varios meses.

Según los funcionarios que trabajan en el tema, la calidad y las normas de seguridad del nuevo documento serán iguales a las de los países desarrollados. Su confección será similar a la del pasaporte. Tendrá la fotografía impresa, las hojas estarán plastificadas, contendrá sellos holográficos y marcas para ser leídas con rayos infrarrojos, medidas todas para evitar falsificaciones.

Para esto el Estado instaló una fábrica con tecnología “de la más moderna en el mundo en la materia”. El ReNaPer ya capacitó a casi mil personas para trabajar en ese lugar. Todo el sistema informático y de digitalización fue confeccionado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y la tecnología y maquinaria de impresión fue comprada a una empresa suiza, ganadora de la licitación.

Al lanzar los nuevo DNI, el Gobierno cerrará un capítulo del plan de modernizar los documentos que comenzó en febrero de 1998, cuando Siemens se adjudicó un contrato de 10 años por 1260 millones para la confección de los DNI, la informatización de los puestos de frontera y la elaboración de nuevos padrones electorales. Dos años después, en febrero de 2000, el gobierno de De la Rúa rescindió el contrato y Siemens demandó a la Argentina ante el Ciadi, que condenó a la Argentina a pagarle a la empresa 208 millones de dólares de resarcimiento. El fallo fue apelado y Siemens decidió retirar la demanda.

Antes de hacer el anuncio de los DNI, el Gobierno avanzará con la reforma política. La Casa Rosada enviará al Congreso cuatro proyectos: uno de internas abiertas, simultáneas y obligatorias; otro de fortalecimiento de los partidos políticos; un tercero sobre financiamiento de las campañas electorales; y el último de modernización del Código Electoral.

El proyecto de elecciones primarias al estilo de las que se realizan en Uruguay estipula que todos los aspirantes a ocupar cargos electivos nacionales deberán someterse a estos comicios aun cuando tengan listas únicas. Y para que esos candidatos sean convalidados para las elecciones generales deberán obtener al menos una cantidad de votos equivalente al 3 por ciento del padrón electoral.

La iniciativa que denominan de fortalecimiento de los partidos determinará que el Estado les aporte mayores recursos económicos a las fuerzas políticas. Como contrapartida, les impondrá obligaciones referidas a la formación de cuadros y capacitación de sus afiliados.

Para el financiamiento de los partidos políticos, el proyecto que el Ejecutivo prepara para remitir al Parlamento apunta a emparejar las chances publicitarias de las diferentes agrupaciones. El propósito de la iniciativa es beneficiar a aquellas fuerzas con menos posibilidades recaudatorias, sobre todo en lo que se refiere al acceso a la difusión de sus propuestas en radio y televisión.

El cuarto proyecto, el de modernización del Código Electoral, tiene dos ejes centrales: por un lado, la unificación del padrón electoral, que actualmente está dividido por sexos; por otro, la digitalización de los padrones de afiliados de los partidos.