En cuanto fue denunciado por reivindicar al coronel carapintada Mohamed Alí Seineldín en un aviso fúnebre, el camarista Eduardo Vocos Conesa se pidió una licencia psiquiátrica que aún continúa vigente. De esa forma evitaba que el Consejo de la Magistratura le notificara que había abierto una investigación en su contra. Sin embargo, en medio de su receso hizo un breve paréntesis y el sábado 10 de octubre facilitó su firma para que saliera un fallo de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial –que él integra– a favor de un reclamo de Telecom Italia en una disputa feroz con la pata argentina de la compañía. El tribunal, que está siendo auditado por retrasos en el trámite de las causas, esta vez invocó razones de “urgencia” para justificar por qué trabajaba el fin de semana. El Consejo pidió informes sobre el régimen de licencias del juez.

Vocos Conesa fue denunciado por el legislador porteño Juan Cabandié después de que publicó un obituario por la muerte de Seineldín con citas del creador de la fascista Falange Española. “Rendimos el homenaje que la antipatria te niega. Te despedimos con palabras de José Antonio Primo Rivera: ‘Camarada, nada de un párrafo de gracias, simplemente gracias como corresponde al laconismo militar de nuestro estilo’”, decía el aviso publicado en La Nación. Cabandié señalaba la gravedad de que esas palabras estuvieran en boca de un magistrado y advertía sobre su “evidente apartamiento de la institucionalidad democrática y de la Constitución”, además de su “desprecio por la memoria histórica referida al terrorismo de Estado que ejerció la dictadura”.

La Comisión de Acusación del Consejo abrió una investigación, pero hasta hoy no logró notificar al juez, que no está en su despacho porque goza de una licencia psiquiátrica que pidió el 10 de septiembre, un día después de ser denunciado. La licencia se le venció el viernes 9 de octubre. Para pedir que se la renovaran esperó hasta el martes 13. En el ínterin, por un día, parecieron curarse sus problemas psiquiátricos: el sábado 10 puso su firma en un fallo a favor de un pedido de Telecom Italia para que se suspendiera una reunión de directorio que había sido convocada por Telecom Argentina, que dejaba afuera a sus representantes. El conflicto en la telefónica se venía agudizando desde que a fines de agosto la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) obligó a la empresa italiana a vender sus activos en el país con el argumento de que su vinculación con Telefónica de España derivaría en una práctica monopólica en el mercado de las telecomunicaciones, ya bastante concentrado.

El fallo de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial, al que accedió Página/12, tenía en un comienzo dos votos distintos, los de Ricardo Guaroni y Alfredo Gusmán. Vocos Conesa desempató y definió el resultado, adhiriendo a la propuesta de Guaroni. Ese voto de mayoría avala el planteo de Telecom Italia, que decía, entre otras cosas, que su par argentina había convocado la reunión de sus directivos, ignorando una medida cautelar que el mismo tribunal le había concedido. Aquella resolución dejaba en suspenso la disposición de la CNDC que ordenaba a los directores y síndicos de la italiana abstenerse de tomar decisiones en Telecom Argentina.

El tribunal en cuestión está siendo auditado desde hace algunos días por un pedido del diputado-consejero oficialista Carlos Kunkel, porque tendría demoras de arrastre en el trámite de las causas, que vendrían de épocas anteriores al nombramiento de Guaroni y Gusmán. La premura para firmar el caso Telecom un sábado respondía, según justificaron los camaristas, a la inminencia de la reunión de directorio.

En el encuentro de la Comisión de Acusación del jueves último, el presidente del Consejo, Luis María Bunge Campos, que tiene a cargo la investigación contra Vocos Conesa por sus alabanzas a Seineldín, planteó ante sus colegas hacer un pedido de informes sobre sus licencias psiquiátricas. Todos estuvieron de acuerdo. Además decidieron mandatar a una secretaria para que le notifique en su domicilio particular la apertura del expediente en su contra. También resolvieron mandarla al diario La Nación, que no contestó un oficio donde le piden que se informe quién pagó el obituario.

En 2004, el Consejo ya investigó a Vocos Conesa por haber insultado a familiares de las víctimas de la última dictadura durante las audiencias del juicio político al ex camarista Ricardo Lona, acusado por su responsabilidad en la Masacre de las Palomitas, donde fueron fusilados doce presos políticos. “Basura”, “la puta que te parió”, fueron algunas de las frases que espetó. Ante aquella investigación, recordó Bunge, Vocos Conesa también había pedido licencia psiquiátrica para evitar la notificación. Al final lo sancionaron con una multa. El consejero les comentó también a sus colegas que le había llegado un rumor de que el camarista, “pese a estar de licencia, había efectuado algún acto jurisdiccional”, pero que hasta ese momento no tenía precisiones. Con este escenario, el clima en la comisión indicaba que a Vocos Conesa le espera un horizonte complicado.

El viernes, un día después de la reunión de Acusación, Vocos Conesa se presentó en Reconocimientos Médicos del Poder Judicial para apurar una nueva revisión psiquiátrica que le extienda la licencia, según confirmaron fuentes judiciales a este diario. Esta vez se anticipó bastante, ya que la licencia en curso recién se le vencería a mediados de noviembre.