El tema de los menores y el delito en la provincia de Buenos Aires se ha convertido, espasmo tras espasmo, en un slogan que mide el grado de temor de “la gente” y la reacción punitiva posible como forma de demagogia política. Las reformas legislativas que aprovechan estas coyunturas exponen una señal clara de dar marcha atrás con las leyes de la niñez 13.634 y 13.298, violando la Convención de los Derechos del Niño en cuanto establece en su artículo 37 d): “... La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”. Los plazos legales en procesos penales de niños son las garantías básicas que éstos tienen ante las discrecionalidades del Estado en el manejo de su libertad. El alongamiento de esos plazos son claros avances del Estado sobre sus derechos básicos. La idea del “período más breve que proceda” nunca puede llegar a ser 24 horas (igual período que para un adulto), y menos en un ámbito como la comisaría, lugar al que la Corte Suprema estableció (fallo Verbitsky) que no es el adecuado para alojarlos. Respecto del alargamiento a 10 días como plazo para el dictado de la prisión preventiva, se estaría estableciendo para el niño menos derechos procesales que para un adulto, pues este último cuenta con 5 días para que se resuelva la excarcelación en su favor en delitos graves como el homicidio. La regresión en términos de derechos no requiere de mayor ilustración. Bajo la excusa de darle mayor margen al fiscal de jóvenes para que investigue, le damos más plazos que al fiscal de adultos y aseguramos que la prisión preventiva sea una forma de adelanto de castigo de niños. Este último argumento es muy sencillo y echa por tierra toda discusión sobre la evidente inconstitucionalidad de la intentona contrarreformista.

* Defensor oficial del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata.