Domingo, 6 de diciembre de 2009 | Hoy
EL PAíS › DERROTA DEL OFICIALISMO UNIDO ANTE LA OPOSICION DISPERSA
Por primera vez en seis años el gobierno conoció la derrota en Diputados, en una sesión en la que no se discutieron proyectos políticos sino una piñata de cargos. Está por verse si la oposición dispersa consigue otros factores de unidad que el placer de castigar a un adversario demonizado y aborrecido.
Por Horacio Verbitsky
Los anuncios escatológicos de Elisa María Carrió son tomados cada vez menos en serio, por la desmesura de sus deseos y por su dificultad para distinguirlos de la realidad. Sin embargo, con su remanente aptitud comunicacional abre el espacio para que otros actores políticos y sociales relajen el autocontrol y se permitan afirmaciones que, sin ese marco de referencia, pondrían en duda su equilibrio mental.
Un ejemplo es la comparación del historiador de la UCR, Luis Alberto Romero, entre la jura de los nuevos diputados del Congreso Argentino y la Asamblea Nacional Francesa de 1789, que “celebraron la república y la representación”. En cambio, las movilizaciones en la plaza del Congreso le hacen pensar en el Parlamento italiano o el Reichstag alemán que “votaron las atribuciones con las cuales Mussolini y Hitler pudieron asaltar el Estado desde el gobierno”. El ex senador Eduardo Duhalde repite desde hace meses que “el que trajo al loco se lo tiene que llevar”, como justificación de su regreso a la política para cumplir esa misión superior. Y las principales organizaciones empresariales se agrupan con el mismo propósito, bajo la conducción de las cámaras patronales agropecuarias. La recomposición de un agrupamiento multisectorial de tajante perfil opositor pone en evidencia el error cometido por el gobierno en sus mejores años, al tomar a los mayores grupos económicos transnacionalizados por la mítica burguesía nacional con la que todo peronista sueña. En la reunión de la UIA se defendió el derecho de propiedad como si estuviera en peligro, aunque el clima festivo lo desmentía, como mostraban los rostros exultantes de Hugo Biolcati y Héctor Méndez, que parecen salidos de uno de los cuadros del alemán Otto Dix entre las dos grandes guerras del siglo pasado. Estos actores procuran acabar más pronto que tarde con el proceso iniciado en 2003, que recuperó para el Estado una autoridad que desde 1955 había ido cediendo a favor de las corporaciones y los grupos de presión. El jueves dieron un paso adelante en el Congreso.
Dentro del Congreso un comando unificado que amuchó a Pino y a Pinedo, a Carrió, a Felipe Solá y a Oscar Aguad, se apoderó de la mayoría en todas las comisiones, imponiendo el número por primera vez en seis años. La gran beneficiaria fue la UCR que incluso pudo zanjar parte de sus querellas internas, compensando al hijo del ex presidente Raúl Alfonsín con la vicepresidencia 1ª de la Cámara por la conducción del bloque que asumió Aguad. En estos días las calles de Buenos Aires fueron una fiesta, con el acampe de los piqueteros que pedían y obtuvieron su parte en el clientelismo, las movilizaciones a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, en un caso que mostró la facilidad de Maurizio Macri para enemistarse con tirios y troyanos, y el arresto del capo de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, quien con el saco sobre las esposas y una sonrisa forzada disimulaba lo mal que le cae el saneamiento de las obras sociales sindicales. Ni los brigadistas ni las SA imaginarias de Luis Alberto Romero actuaron contra esta alteración del orden. A la derecha de la alianza legislativa, Solá proponía que el misionero Ramón Puerta fuera designado presidente de la Cámara. A cargo del reparto en las comisiones quedó la policromática Patricia Bullrich, con un método revelador del vacío político de esa piñata de cargos: dividió la totalidad de la Cámara en dos bloques, A y B, que bien podrían haberse llamado Nosotros y el Resto del Mundo. Allí amontonaron también a Martín Sabatella y a la media docena de diputados que coinciden con él. El ex intendente de Morón fundamentó su oposición a esta forma de funcionamiento en la que nadie representa otro proyecto que la exaltación de sí mismo. Otro minibloque de seis diputados, encabezado por Graciela Camaño y Juan José Alvarez terció con una propuesta intermedia: preponderancia del oficialismo en las comisiones que hacen a la gobernabilidad y de la oposición en las de control. Aun desechada por quienes tenían el número para imponerse en un tiempo que sienten de revancha, esa idea sirvió de base para la que por fin dejó en minoría al oficialismo por apenas un voto en cuatro comisiones críticas, como Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, y aplicó al resto la proporcionalidad de 55 a 45 por ciento.
No todos los casos son iguales. Solá se alejó del gobierno en junio del año pasado, cuando votó en contra de la resolución 125, luego de usufructuar como nadie el privilegio de pertenecer. Pero renunció este año a su banca y la recuperó, ya como opositor, después de vencer a Kirchner. Está en su derecho de ser atrabiliario y rencoroso. En cambio Graciela Camaño fue electa hace dos años por el oficialismo, del que se alejó ahora. Lo mismo ocurre con Victoria Analía Donda, que nació cautiva en la ESMA pero no diferencia entre Kirchner y Aguad, a quien los cordobeses llaman El Milico porque se recostó para gobernar Córdoba en los policías torturadores del D-2 e hizo pública ostentación de su cordial relación con Luciano Menéndez. Vicky llegó a integrar la lista del Frente para la Victoria no en un acuerdo político con Libres del Sur, sino a pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo. El mismo año fue elegido Miguel Bonasso, en una lista de ocasión, adosada a la candidatura presidencial de CFK, que traccionó los votos para que fuera electo como jefe del monobloque Bonasso. Eso no los inhibe ahora de negociar cargos con el Frente del Rechazo e intentan fundamentarlo con presuntos cambios del gobierno, al que todos ellos le descubren gravísimas fallas que durante años no le vieron. Indiscutible, en cambio, es la coherencia de Fernando Solanas, que hizo una elección brillante en la Capital con un discurso del que no se aparta ahora y que incluye la definición de Kirchner como gran traidor a la patria. Es posible opinar que se equivoca, pero nadie podría decir que se haya llevado algo que no le pertenece. Entre tantas defecciones por derecha, alguien que se afiebre por izquierda le viene mejor al gobierno que a sí mismo. Tampoco merece objeciones su denuncia del kirchnerismo por no recuperar los yacimientos petrolíferos y prorrogar concesiones. Pero la presidencia de la Comisión de Energía se la deberá a los seguidores de Duhalde y Rodolfo Terragno, cuyo plan del Bicentenario tiene un solo punto concreto en medio de una tibia laguna de generalidades: el plan de incentivos para la inversión transnacional elaborado por los secretarios de Energía de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando De la Rúa, los de la privatización de YPF, la exportación descontrolada de un recurso estratégico agotable y la disminución del horizonte de reservas.
Se lee y se escucha que el autoritario Kirchner objetó el esquema de distribución de comisiones que había acordado Agustín Rossi, quien habría tenido que amenazarlo con su renuncia para que entrara en razones. No es esa la versión que transmiten Kirchner ni la presidencia. Según Kirchner (quien objetó que votaran en el recinto diputados que recién comenzarían su mandato la semana siguiente), las decisiones las adoptó CFK, en consulta telefónica con los negociadores Rossi y Patricia Fadel, dada la experiencia legislativa de la que él carece. Kirchner ocupó la banca contigua a la de Rossi, para marcar el respaldo a su conducción. Durante la reunión de bloque previa ambos hablaron acerca de la necesidad de que la bancada piense y debata con madurez política, para recuperar el discurso ético y las utopías y profundizar la transformación. Fue la presidente quien dispuso aceptar en calma el resultado adverso, sin gestos ampulosos ni retiros del recinto como los que la oposición cultivó cuando estaba en minoría. Desde esas posiciones posibles, se intentará reconstruir poder a medida que se manifiesten las contradicciones dentro de lo que Rossi llamó una mayoría circunstancial, con proyectos de difícil conciliación. Quienes recuerdan la crisis de la Alianza luego de la derrota electoral de octubre de 2001, afirman que un grupo de gobernadores, entre quienes estaba Kirchner se opuso al propósito de Duhalde de relegar al radicalismo en todas las comisiones. Las leyendas que se vierten sobre Kirchner como verdad revelada son asombrosas. Para la principal columna política de La Nación, quedó en minoría “por primera vez en su vida”. Todo lo contrario: cuando accedió a la intendencia de Río Gallegos obtuvo apenas 111 votos de ventaja sobre su competidor y en el Consejo Deliberante lo apoyaba sólo uno de los siete concejales. Ya en la gobernación, tenía quince legisladores en contra y sólo nueve propios. “A Zannini y a mi nos llamaban los reyes del veto”, recordó en varias ocasiones. Ni siquiera contaba con bloques propios en el Congreso Nacional cuando llegó a la presidencia en 2003, lo cual lo obligó a construir poder político del que luego se derivaran consecuencias institucionales. Recién con las elecciones de 2005 comenzó a revertir esa situación pero volvió a perder la mayoría luego del conflicto con la Sociedad Rural, que el jueves intentará repetir su concentración masiva en el Rosedal, aunque los récord de exportaciones de carne y soja, la normalización en trigo, los buenos precios, el apoyo oficial a las zonas en emergencia, el pago de miles de millones en subsidios y la política dialoguista del nuevo ministro Julián Domínguez han reducido a la Mesa de Enlace a una maquinaria política y clasista, que no augura multitudes. Es probable que en algunos casos, la presidente recurra al veto, dado que la oposición carece de los dos tercios necesarios para remontarlo. Pero su ánimo es esperar a ver qué proponen y aceptar las mejoras que puedan proponer. No vetaré por vetar, ha dicho. También habrá casos en que el Senado será el freno suficiente para los pujos de la cámara baja.
Entre un gobierno sin quórum propio y una oposición sin otro acuerdo básico que maniatar al Poder Ejecutivo, la convivencia no será simple. A la lectura que se impuso el jueves de todos contra uno, se opone la que expresó Rossi cuando explicó que su bloque duplica al radical, triplica al de los peronistas sin rumbo y cuadruplica al de la Coalición Cívica Libertadora. Ambas visiones expresan aspectos de una realidad compleja y sólo el tiempo puede decir cuál prevalecerá.
La presidente se reunió en Portugal con la cantante Shakira Mebarak, quien le pidió que incluyera en el temario de la próxima cumbre iberoamericana programas de estimulación temprana de niños, tema en el que trabaja la musa de la Juventud Antoniana. CFK aceptó y le contó cómo su gobierno había extendido la protección social a cada hijo. El impacto de ese programa es cualquier cosa menos desdeñable. Un estudio de CIFRA, el Centro de Investigaciones económicas de la Secretaría General de la CTA, dirigido por Eduardo Basualdo, estima que ampliará de cuatro a nueve millones de niños la población alcanzada por el régimen de asignaciones familiares. La erogación necesaria equivale al 0,83 por ciento del Producto Interno Bruto, lo cual más que duplica la transferencia del exitoso programa Bolsa Familia (0,37 por ciento del PIB brasileño) y casi triplica la de Oportunidades (0,31 por ciento del PIB de México). Si se mide la transferencia hacia una familia tipo es de 166 dólares en la Argentina, 101 en México y 78 en Brasil. No sólo disminuirá la pobreza y la indigencia, sino también la desigualdad, que aumentó en el último año. El estudio de CIFRA considera que el porcentaje de la población que vive en hogares pobres bajará del 29,8 por ciento actual hasta el 25,2 por ciento, con lo que cerca de 1,8 millones de personas dejarán de ser pobres. La indigencia se reducirá desde el 12,1 hasta el 6,0 por ciento de la población, lo cual hará que abandonen esa horrenda condición casi 2,4 millones de personas. Otro cálculo, realizado por la Consultora Equis sólo sobre la provincia de Buenos Aires, parte de un indicador actual de pobreza del 32 por ciento y estima que con la extensión de las asignaciones familiares bajará al 17,7 por ciento. Las primeras estimaciones inflacionarias para el mes pasado indican que aún antes de que la asignación comenzara a pagarse, el poder adquisitivo de esos ingresos comenzó a ser erosionado, en un 1,2 o 1,3 por ciento al mes, a pesar de que existe capacidad productiva ociosa. Esto es, no por razones de mercado sino de imperfección del mercado o, dicho de otro modo, como consecuencia del alto grado de oligopolización de la estructura económica y la inocuidad de los controles de la Secretaría de Comercio Interior, pródiga en el anuncio de acuerdos que sólo se cumplen durante pocos días y para una gama reducida de productos, mientras se aceleran los incrementos en el resto de los bienes. Equis mide el impacto de la asignación a lo largo de una década, partiendo del supuesto de que la inflación promedio para los sectores por debajo de la línea de pobreza en la década 2010-2019 será de 16,4 por ciento anual. Si la asignación quedara congelada en su valor actual, como ocurrió con el plan Jefes y Jefas, cada año la inflación roería parte de su poder adquisitivo y en 2010 la tasa de pobreza volvería a ser de 28,6 por ciento de la población bonaerense. Estas proyecciones de largo plazo deberían ser tenidas en cuenta cuando el decreto presidencial deje su lugar a una ley, que además de la asignación contemple algún mecanismo de movilidad, para que esa transferencia no termine, vía aumento de precios, incrementando las ganancias de las empresas líderes y el círculo vicioso de la inflación.
Pero mientras ese día llega, algo urgente debe hacerse para terminar con la escandalosa ausencia de información sobre mortalidad infantil. Ese indicador es considerado como una referencia principal sobre la calidad de vida de una población y tanto la Organización Mundial de la Salud como el Banco Mundial o el PNUD lo relacionan con el nivel general de desarrollo de cada país. Desde los primeros estudios de Louis René Villermé en el siglo XIX se detectó una relación inversa de la mortalidad infantil con el ingreso y directa con la pobreza y las condiciones de vida. Un informe oficial publicado por el ministerio de Salud en 2004 sostuvo que la mortalidad materna y la mortalidad infantil revelan la situación socio-económica de la población, la organización del sistema sanitario, la cobertura y la calidad de los servicios; que el 65 por ciento de la mortalidad infantil puede evitarse con tecnología simple o de complejidad moderada y que la información estadística sobre esos indicadores es “un insumo de gran valor para evaluar el impacto de las acciones de salud”. Sin embargo, a partir de 2007 dejó de publicarse la cifra de ese indicador, luego de que la ex ministra Graciela Ocaña admitiera que había aumentado y que se estaban estudiando las causas. El actual ministro, José Manzur, ha visitado las provincias con las cifras más altas y ha planteado prácticas para reducirlas. Pero esto será pura retórica si no comienza por informar sobre su nivel actual. Ahora que el ministro de Economía Amado Boudou ha hincado el diente en el duro hueso del Instituto Nacional de Exterminio de la Credibilidad (INDEC), es imprescindible que el gobierno nacional actúe también en el caso de Salud. Ninguna foto con la Loba Mebarak podrá tener un efecto equivalente al de una orden presidencial a Manzur para que de inmediato concluya con esta práctica salvaje que distingue a la Argentina en el mundo.
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