La Policía Bonaerense encontró ayer una caja con un arma, una bala y la leyenda de una amenaza destinada presuntamente a la presidenta Cristina Fernández en el subsuelo del Hospital de Vicente López, ubicado a ocho cuadras de la residencia de Olivos. El episodio se suma al ocurrido el último viernes, día en que las comunicaciones del helicóptero presidencial fueron interferidas por desconocidos que amenazaron a la Presidenta. De acuerdo con fuentes calificadas consultadas por Página/12, la nueva causa quedó asentada en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado.

La Policía Bonaerense descubrió la caja a partir de un llamado de alerta al 911. El paquete estaba en el subsuelo del hospital ubicado en Hipólito Yrigoyen 1757, entre las calles Avellaneda y Caseros, muy cerca de la quinta presidencial. A partir de ese momento, la encargada de dar a conocer la noticia fue una de las fuerzas más cuestionadas de la provincia de Buenos Aires. La cúpula de la policía provincial comunicó la información a la jefatura de la Federal, que a su vez terminó informándolo al Gobierno.

En tanto, ayer fue uno de los días más importantes en la corta existencia de la causa de las amenazas al helicóptero presidencial. El juzgado de Ariel Lijo, a cargo de la investigación de caso, convocó al jefe de la Casa Militar, el coronel Alejandro Graham. En su declaración testimonial, Graham aseguró que lo que pasó fue un episodio “grave”, porque mientras duran las interferencias en la frecuencia de operaciones, el sistema de radio de la aeronave pierde contacto con la torre de control, que en este caso operaba desde el aeroparque Jorge Newbery.

Graham fue la persona que a partir del viernes pasado trabajó en el informe que el Gobierno terminó presentado como denuncia en la Justicia dos días después. Es, además, el jefe de la Casa Militar y quien tomó las primeras declaraciones a las personas que estuvieron vinculadas al vuelo H-03 en el que hubo entre cinco y seis interferencias, de pocos segundos, en las que se escucharon amenazas como “maten a la yegua” o “maten al pescado” mientras viajaba la Presidenta de Olivos a Casa de Gobierno.

Ante el juez Lijo, Graham confirmó el informe. Pero agregó, además, que “es la primera vez que ocurrió”, en oposición a alguna de las versiones que habían circulado. También explicó que con ese tipo de interferencias “peligra la navegación aérea”. En ese sentido, expertos consultados por Página/12 a comienzos de la semana indicaron que otro de los problemas es que cualquiera de esas intervenciones en la frecuencia podría hacer perder la dirección de la nave.

Lijo también tomó declaración al controlador aéreo Juan Manuel Pereyra, el jefe de la Agrupación Aérea Roberto Tissoni y el titular de la Torre Aeroparque, Roberto Fernández. Todos ratificaron el informe del Gobierno. Aún no declararon el piloto ni el ingeniero en comunicaciones que durante esta semana están fuera del país. Aun así, la Justicia avanza en dos direcciones. La primera alienta la posibilidad de que las interferencias se hayan hecho, como se supone hasta ahora, con un equipo de alta fidelidad o VHF, un aparato accesible, que puede comprarse a unos 160 dólares en el mercado local, y que una vez que está en la zona de influencia –en este caso el aeroparque Jorge Newbery– puede entrar en la frecuencia en la que modula el aeroparque. La otra opción alienta, en cambio, una hipótesis más sofisticada: que se haya usado no un handy ni una radio sino un dispositivo distinto de mayor complejidad. Ese es el dato más importante sobre el que trabajan los investigadores, pero sobre el que nadie dio mayores precisiones.

Contra lo que suponen muchos expertos en comunicaciones, del informe que el Gobierno presentó ante la Justicia se desprende que la frecuencia de operaciones que utiliza para sus comunicaciones el avión presidencial o, en este caso, el helicóptero no es secreta ni está encriptada. Según los datos oficiales, el helicóptero se comunicó en la frecuencia operativa 118,85 MGZ, que es una de las que habitualmente usa el aeroparque. La frecuencia es tan pública que pueden escucharla (y técnicamente también pueden intervenir) todos los aviones que están volando, los que están en tierra y hasta los empleados del aeroparque con handy. Sólo en un momento del vuelo, según el informe oficial, hacia el final, los pilotos pidieron a la torre de control permiso para cambiar a la frecuencia de la Casa de Gobierno, que sí es secreta y sí es más difícil de vulnerar.

“Lo que debería ocurrir –dijo a este diario el piloto Jorge Pérez Tamayo– es que el avión presidencial siempre use frecuencias secretas porque estas situaciones son un riesgo claro de seguridad.”

Las primeras amenazas se escucharon a las 11.34 del viernes pasado. A las 11.10 entraban al salón de audiencias de los Tribunales de Comodoro Py los ex represores acusados por su intervención en la Escuela de Mecánica de la Armada. Luego hubo tiempo para las fotos. 11.37 empezaba el juicio. El Gobierno vinculó uno y otro suceso.