Venció el plazo legal y los fiscales no apelaron la decisión del juez federal Norberto Oyarbide que sobreseyó al matrimonio Kirchner en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Ni el fiscal Eduardo Taiano ni el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Guillermo Noailles, presentaron cuestionamientos al fallo del pasado 18 de diciembre, al considerar justificado el aumento de 158 por ciento del patrimonio de la Presidenta y de su marido durante 2008. El radicalismo anunció que impulsará el juicio político del fiscal. La oposición había anticipado que también reclamaría la destitución de Oyarbide, pero todavía no realizó ninguna denuncia ante el Consejo de la Magistratura.

Como en la Argentina rige el principio “ne bis in idem”, es decir que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo presunto delito, el sobreseimiento a favor del matrimonio Kirchner tendría fuerza de “cosa juzgada”. El único que apeló la resolución de Oyarbide fue el abogado denunciante, Enrique Piragini, aunque es discutible la validez de su presentación en el expediente y por eso lo hizo bajo la figura de “pretenso querellante”. La posibilidad de que se tenga en cuenta esa vía es casi inexistente.

Oyarbide sobreseyó al diputado Néstor Kirchner y a su esposa, la presidenta Cristina Fernández, en base a un informe del Cuerpo de Peritors Contadores de la Corte Suprema de Justicia. El juez de la Corte Suprema Enrique Petracchi dijo que existe “un gran desorden en el cuerpo de peritos contadores”, la dependencia del máximo tribunal que elaboró el dictamen tomado como base por Oyarbide.

El patrimonio neto declarado por los Kirchner pasó de 17.824.941 pesos, en 2007, a 46.036.711 pesos un año después. El incremento aparecía vinculado especialmente con la venta de 14 propiedades y terrenos por los que los Kirchner declararon ingresos de 14.525.800 pesos. El peritaje firmado por Alfredo Peralta y María del Carmen Penedo analiza las declaraciones juradas de Cristina y Néstor Kirchner y señala que todas las operaciones se hicieron mediante cheques o movimientos bancarios, que las ventas y compras de propiedades se concretaron mediante escrituras públicas, que los alquileres también figuran en contratos registrados y se cobraron con cheques o transferencias bancarias. En resumen, los peritos contadores afirman que “el incremento patrimonial fue confrontado de conformidad con el movimiento de fondos de los resúmenes bancarios”.

Uno de los debates planteados consiste en si esas operaciones se hicieron a valores de mercado. El ejemplo más habitual es que los Kirchner vendieron una propiedad en El Calafate que habían comprado a 7,50 pesos el metro cuadrado. Sobre esa operación ya existe una causa judicial. Y el argumento del matrimonio presidencial es que exactamente por el mismo valor compraron terrenos muchas otras personas, entre ellas su principal opositor, el dirigente radical Eduardo Costa. También a 7,50 pesos, Costa compró el 12 de junio de 2004, 29.900 metros cuadrados que se destinaron a un supermercado de su propiedad, el Hipertehuelche. Y en su momento se hizo un concurso para vender más terrenos a 7.50 pesos pero hubo una parte que quedó vacante por falta de ofertas: de 240 terrenos, sólo hubo propuestas por 60. De todas maneras, la cuestión de los terrenos de Calafate tramita en el expediente de Río Gallegos en que el denunciado es el ex intendente Néstor Méndez.

Además de la investigación a cargo de Oyarbide, tuvieron otras dos causas penales por supuesto enriquecimiento ilícito. La primera, que instruyó Julián Ercolini y abarcó el período entre 1995 y 2004, fue cerrada. La otra, que estuvo en manos de Rodolfo Canicoba Corral, abarcaba la evolución de la riqueza entre 2004 y 2007 y fue archivada, lo que implica que aún podría ser reabierta si surge algún elemento que lo amerite.