La Cámara en lo Contencioso Administrativo podría diferir un pronunciamiento sobre la medida cautelar que repuso a Martín Redrado en la presidencia del Banco Central, mientras espera si se produce o no la reunión de la comisión bicameral que debe dar su “consejo” sobre el decreto de necesidad y urgencia que lo había removido del cargo. La omisión de esa intervención parlamentaria es el eje de la demanda del titular del BCRA, que podría volverse abstracta si la comisión interviene. Eso es algo que tendrá que definir el tribunal que, todo hace pensar, también postergaría al menos unos días una definición sobre el Fondo del Bicentenario, ya que aún no recibió todas las contestaciones a la apelación del Estado: falta la del PJ disidente.

El juez Ernesto Marinelli, esta semana a cargo como “juez de feria” de las causas sobre el Banco Central, elevó ayer a la Cámara las apelaciones del Estado y las réplicas de los abogados de Redrado, de los legisladores de PRO y la Coalición Cívica y de los radicales. El PJ disidente, que también promovió y consiguió una medida cautelar para congelar los fondos destinados a pagar la deuda, tiene tiempo para contestar hasta la semana que viene. Es probable que el tribunal entonces espere a juntar todas las presentaciones porque aunque falle en dos planteos seguirá quedando un tercero pendiente y con él, indefectiblemente, el efecto de la decisión de la jueza María José Sarmiento de bloquear el uso de las reservas.

Las juezas que integran la Cámara hasta febrero son Clara do Pico y Marta Herrera. Ayer ratificaron la habilitación de la feria dada la gravedad de las circunstancias, una señal de que el tema tendría alguna chance de llegar a un desenlace antes de que Tribunales retome la actividad habitual, en dos semanas. En otra, informaron que son ellas quienes integran –al menos por ahora– el tribunal. Carlos Grecco se excusó después de recibir una andanada de objeciones por haber recibido la apelación del Gobierno durante un fin de semana. Sólo en caso de que las dos juezas tengan posturas contrarias a la hora de fallar convocarían a un tercer magistrado. Lo que está sujeto a discusión es si lo reclutarían de la Cámara Civil y Comercial o del fuero de la Seguridad Social. Aunque circulan versiones de que tendrían divergencias entre ellas, eso aún está por verse. Están en pleno análisis de los expedientes.

Según coincidieron dos especialistas consultados por Página/12, la demanda de Redrado perdería su mayor sustancia si finalmente la Comisión Bicameral se expide sobre el DNU de su remoción. No importa si lo avala o no. Lo que dice la Carta Orgánica del BCRA es que el Poder Ejecutivo puede remover a su presidente siempre que exista el “previo consejo” de la comisión en cuestión, cuyo contenido no es vinculante. De hecho, los abogados de Redrado –Gregorio Badeni y Juan Carlos Cassagne– señalaron en su último escrito que la remoción del funcionario debió haber pasado por el Congreso y negaron que haya incumplido sus deberes de funcionario público porque no había un plazo para liberar las reservas requeridas por el Ejecutivo. El argumento es que Redrado no se oponía, sino que los dictámenes internos del BCRA estuvieron listos simultáneamente con su expulsión y no llegaron a ser tratados en la siguiente reunión de directorio.

Instruido por Cristina Kirchner, el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, instó a los presidentes de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas a que designen autoridades e integren la comisión bicameral que revisaría el desplazamiento de Redrado. El Gobierno aspira a que la comisión se reúna mañana: bastaría para que sesione con la presencia de dos diputados –serían Gustavo Marconato (FpV) y Alfonso Prat Gay (CC)– y de su titular, Julio Cobos. Luego la Presidenta podría firmar un decreto común echando a Redrado.

Las camaristas del fuero contencioso pueden esperar el desenlace político. Eso no descarta de plano un fallo, pero tal vez disminuye la urgencia. Además, a la hora del análisis jurídico hay aristas que tornan el asunto más complejo: por ejemplo, cuando la jueza Sarmiento repuso a Redrado, no sólo dijo que se había vulnerado la Carta Orgánica del BCRA sino que advirtió que su presencia era la única forma de garantizar que no fueran liberadas las reservas. Para el Estado ése es un planteo nulo, ya que los fondos son tema de debate en otras causas, las promovidas por diputados de la oposición. Pero es la Cámara la que debe decir si es así o no. Otros temas clave que tarde o temprano estarán bajo análisis son: si hubo razones de necesidad y urgencia para dictar los decretos, y en este punto un fallo de la Corte conocido como “Verrocchi” señala los parámetros para ese análisis; si el control de los DNU puede ejercerlo la Justicia o sólo el Congreso; y si los legisladores están legitimados para impulsar las demandas. Los abogados y funcionarios con acceso a la causa consultados por este diario no esperan grandes definiciones judiciales inmediatas.