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Mientras el ex piloto naval Julio Alberto Poch prepara sus petates en la prisión de Estremera (España) y el coronel uruguayo Manuel Cordero sueña con un diagnóstico que lo declare enfermo en una clínica de Santana do Livramento (Brasil), otro represor imputado por delitos de lesa humanidad se apresta a ser extraditado a la Argentina. Se trata de Eduardo Abelardo Britos, comandante retirado de Gendarmería, quien llegaría entre febrero y marzo desde Paraguay. El juez federal riojano Daniel Herrera Piedrabuena, que en mayo solicitó su captura internacional, pretende indagarlo por el delito de tormentos contra presos políticos en La Rioja.

Tal como lo comprobaron el marino Ricardo Miguel Cavallo en México, el mayor Ernesto Barreiro en los Estados Unidos, Poch en el reino de los Países Bajos y el coronel Cordero en Brasil, entre otros, el planeta parece un sitio inseguro para los represores del Cono Sur. Sérpico Cavallo afronta su primer juicio por crímenes en la ESMA junto con Acosta, Astiz & Cía. El ex carapintada Barreiro se prepara para rendir cuentas por su actuación como torturador en La Perla, Córdoba. La Audiencia Nacional de España acaba de ordenar el envío del ex marino Poch con la condición de que no se lo condene a reclusión perpetua (en España podría purgar mil años de prisión pero jamás perpetua).

En tanto, el juez federal Norberto Oyarbide pedirá hoy precisiones sobre la salud de Cordero, cuya extradición aprobó el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil. Según fuentes judiciales, el uruguayo imputado en la causa Plan Cóndor fue internado luego de que la policía de Brasil lo detuviera para extraditarlo. Cordero fue filmado este año mientras fumaba y tomaba cerveza en un bar y también mientras corría para huir del camarógrafo. Su abogado José Favera había invocado “problemas cardíacos” para intentar prolongar su impunidad.

Los citados no son los únicos procesos de extradición en curso. Brasil también debe enviar al ex mayor Norberto Tozzo, imputado por la Masacre de Margarita Belén. Paraguay, histórico refugio de represores argentinos, tiene pendiente la entrega del médico militar y apropiador Norberto Bianco, imputado por ladesaparición de mujeres embarazadas en el hospital de Campo de Mayo. Un Tribunal de Apelaciones confirmó en septiembre un fallo de primera instancia a favor de la extradición, que los defensores de Bianco (con arresto domiciliario) volvieron a apelar.

Más intrincada parece la extradición del capitán Roberto Bravo, sindicado como fusilador de la Masacre de Trelew en 1972 y dueño en Miami de la empresa RGB Group,que firma contratos millonarios con la fuerza aérea norteamericana. El juez chubutense Hugo Sastre pidió su detención en febrero de 2008. Traducir las pruebas y satisfacer las “recomendaciones” de la embajada de los Estados Unidos demoró casi un año y medio. El 15 de julio el edido llegó finalmente al Departamento de Estado, última escala antes de que un juez analice el caso y ordene la detención. El juicio oral y público en el teatro Verdi de Trelew está previsto para abril, por lo que –si Estados Unidos lo extradita–Bravo sería juzgado en soledad.

El comandante Britos, de 60 años, fue detenido por Interpol Paraguay el 25 de agosto en la ciudad de San Lorenzo. Llevaba un año prófugo y se ofrecían 100 mil pesos de recompensa para ubicarlo. Herrera Piedrabuena ordenó su captura por su actuación hace treinta años, cuando con el grado de primer alférez integraba el Escuadrón 24 en Chilecito, La Rioja. El periodista Enrique Lanzillotto recordó que Britos fue denunciado por torturar a presos políticos en la cárcel riojana. El juez paraguayo Rubén Ayala Brun consideró que los delitos estaban prescriptos y rechazó en primera instancia el pedido de su colega argentino, pero el 4 de enero la Sala Penal de la Corte Suprema de Paraguay revocó el fallo y ordenó su extradición.

Igual que Mendoza, La Rioja no tiene ningún represor preso. Apenas se elevaron dos causas con tres imputados. Adiferencia de los cuyanos, en los pagos de Menem no se avizoran juicios en el horizonte.