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Por Craig Fagan

La sindicalización policial ya es un fenómeno internacional, especialmente desde la década del sesenta, con antecedentes que llegan a principios del siglo XX. Los resultados son mixtos y contradictorios: en algunos países se reconoce una democratización y un aumento de la transparencia, mientras que en otros, notablemente Estados Unidos, se acusa a los gremios policiales de ser una herramienta más de encubrimiento de abusos y bloqueo de investigaciones y controles externos.
Ya hay una mayoría de países en el mundo que tienen algún tipo de agremiación legal para los policías, con todas las contradicciones y problemas que esto implica. Es que por un lado existe la lógica de la sindicalización laboral, que abarca a todos los que trabajan, y por el otro el rol teórico de servidores del Estado y de la sociedad que tienen los policías. Este rol crea demandas de control social y de transparencia que no tienen otros sectores, y los sindicatos pueden obstaculizarlas. La lucha por un salario mínimo, condiciones de trabajo y horarios máximos, deseables y lógicos, se asocian en la práctica con la institucionalización de la corrupción y el abuso de poder.
Así, mientras países como Italia permiten sindicatos nacionales de policías, Gran Bretaña y España los apoyan con fuerza pero los limitan a localidades o regiones, prohibiendo gremios policiales nacionales. Otros, como Singapur o Irlanda, declaran ilegales los sindicatos y sólo aceptan “asociaciones” con peso institucional limitado.
Estas asociaciones, muchas veces llamadas hermandades, cumplen algunas de las funciones típicamente asociadas a los sindicatos, como administrar fondos de pensión, proveer servicios sociales y médicos, y crear un “tejido social” entre sus miembros. Lo que se limita conscientemente es su crecimiento político.
Estados Unidos tiene una historia más complicada, con fuertes resistencias a la misma idea de sindicatos policiales. La prohibición fue reforzada después de la huelga policial de Boston, en 1919: los agentes se quedaron en casa por 48 horas, después que se les negara el derecho a agremiarse, y los desmanes y saqueos que siguieron todavía son recordados. Los policías de las grandes ciudades sólo tuvieron representaciones parciales e informales de sus intereses por medio de instituciones étnicas, como la pintoresca Antigua Orden de Hibernia, que agrupaba a los muchos irlandeses en las fuerzas de Boston o Nueva York.
La tendencia se revirtió en 1961, cuando el presidente John F. Kennedy levanta la prohibición de agremiarse de todos los empleados públicos y permite que se forme la Asociación Nacional de Empleados de Gobierno. Rápidamente aparecen sindicatos locales, que en 1966 se agrupan en la Unión Internacional de Asociaciones de Policías. Esta es la primera organización de uniformados que logra entrar a la poderosa AFL-CIO, la central obrera norteamericana, que no acepta miembros que no sean del ámbito nacional. La Asociación tiene hoy casi 100.000 afiliados, miembros de 580 filiales a nivel local.
En 1964 surge espontáneamente otro nucleamiento, la Hermandad Internacional de Oficiales de Policía, producto de las protestas por el despido de siete agentes de una comisaría de Rhode Island. La Hermandad se creó para defenderlos y ganó la causa judicial por despido injustificado. En 1970, el sindicato se unió también a la AFL-CIO.
A estas dos organizaciones principales le siguen en importancia otras que representan al millón de policías que sirven en las 17.000 comisarías de Estados Unidos según su especialidad o simplemente como empleados municipales.
Las organizaciones de derechos humanos no suelen tener una opinión favorable de los sindicatos policiales, sin embargo, en particular de distritos grandes como Chicago, Los Angeles y Nueva York. En documentosrecientes, tanto Amnesty International como Human Rights Watch criticaron duramente a los gremios uniformados, a los que acusan de “socavar” los esfuerzos de imponer mayores controles comunitarios sobre los actos de los policías.
Estos y otros grupos señalan que los sindicatos “patrullan” a sus miembros para que respeten el código de silencio con que se cubre tanto la corrupción como las violaciones a los derechos básicos de testigos y detenidos. Las ONG y grupos comunitarios civiles se encuentran en bandos opuestos con los sindicatos cuando se trata de denunciar a malos policías.
Una investigación oficial sobre las acciones y standards de trabajo de los 29.000 agentes del departamento de policía de Nueva York llegó a las mismas conclusiones que los grupos de derechos humanos. “Los sindicatos policiales y las asociaciones fraternales de policías pueden en ocasiones imponer mejores normas de profesionalismo y condiciones de trabajo, pero también promueven la falta de transparencia que caracteriza la cultura interna de las fuerzas policiales”, dijo textualmente el informe de la Comisión Mollen, publicado en 1998.
Amnesty International destacó que los sindicatos siempre “corren el riesgo de ser utilizados para la institucionalización del abuso policial”.