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El 12 de diciembre en la Legislatura porteña flamearán banderas con los colores del arco iris. Esa es la fecha decidida para la votación del proyecto de ley de uniones civiles entre gays o lesbianas, que logró un despacho de preferencia en la sesión del martes antepasado. La sanción de la norma, que permitiría que las parejas del mismo sexo anoten su unión en un registro y gocen en el ámbito de la ciudad de los mismos beneficios sociales que las parejas de hecho, es una de las últimas decisiones que la Cámara deberá tomar antes de que termine este período legislativo. El proyecto, presentado hace ya un año y medio por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), tiene despacho de cuatro diferentes comisiones en las que fue analizado y consensuado. Con el aval de la izquierda, el ARI, el Frepaso, diez de los trece radicales y algunos peronistas es muy probable que la ciudad se convierta esta semana en la primera en Latinoamérica en legalizar la convivencia amorosa de gays o de lesbianas.
La verdad es que ha sido largo el camino recorrido por el proyecto de ley redactado para la CHA por la jurista y jueza de familia de San Isidro, Graciela Medina (ver reportaje aparte), quien ha defendido la letra de su texto ante los diputados y diputadas dubitativos que al comienzo miraban de costado su planteos. El proyecto de unión civil ingresó por la Comisión de Derechos Humanos en agosto de 2001 a la Legislatura porteña. Aquél fue un día de optimismo para las minorías sexuales: además de conseguir los comentarios elogiosos de algunos diputados, 18 de ellos firmaron el proyecto, comenzando por Roque Bellomo. “Creo que va a tener un apoyo generalizado, no conozco quién no esté a favor. Es prudente, muy razonable”, le dijo el frepasista a Página/12. Pero los tiempos legislativos pueden estirarse aún más que la interminable espera ante un novio que no quiere casarse.
Casi un año y medio pasó entre ese comienzo auspicioso y el actual nuevo optimismo. En el medio, la Iglesia dio su batalla. Así se pusieron en acción hombres entrenados como el diputado justicialista y ex embajador ante el Vaticano, Santiago de Estrada, quien planteará su total desacuerdo con el proyecto porque considera que generará gastos al gobierno porteño. Brazo radical de la misma orden de combate ha sido Jorge Enríquez, tan enfrentado con la unión civil que sacó un despacho en el que pide el archivo del proyecto presentado por la CHA. En ese texto Enríquez deja al desnudo su matriz: además de considerar de manera escatológica que el objetivo del proyecto es “contranatura” pide que se tome en consideración lo dicho por la Asamblea Episcopal de América: “Es inadmisible que se quiera hacer pasar como legítimas las uniones de homosexuales y lesbianas”. También consiguieron que los despachos de los legisladores se llenaron de cartas y mails enviados por militantes católicos de todas las latitudes del país. Además del informe que se solicitó a la Universidad Católica Argentina revelado en exclusiva por Página/12 y en el que se considera a los homosexuales como “enfermos”.
Una de las primeras críticas que recibió el proyecto llegó de Alicia
Pierini, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, quien, como otros diputados, consideraba que una ley de unión civil podía superponerse con las facultades del Código Civil de la Nación. Pero las consultas hechas al Colegio Público de Abogados, la clínica de derecho de la Universidad de Palermo y la Cátedra de Derecho de Familia de la UBA rebatieron el asunto. De todas maneras, una vez tratado el proyecto en la comisión presidida por la peronista se le dio traslado a Asuntos Constitucionales. Cuando ya contaba con el aval de esa comisión se solicitó su traslado a Legislación General.
Finalmente, fue Santiago de Estrada quien pidió que también se lo enviara a la Comisión de Presupuesto. Esta última, según los que apoyan la sanción de la ley, fue la manera elegida por los peronistas más reticentes a la unión civil, para boicotear su tratamiento. “Jurídicamente no les alcanza para cuestionar. No saben cómo justificar la reticencia a votar el proyecto y se van a aferrar a la cuestión del presupuesto, que es una problemática falsa”, confesó un peronista que medita su decisión con la presión de su bloque en la nuca. El que sí se mostró ya de acuerdo y firmó un despacho con algunas diferencias junto a Juliana Marino y Julio Vitobello es el justicialista Alberto Fernández. “Lo que planteamos es que no es razonable que sea para parejas heterosexuales, sino que tiene que ser claro en decir que es para homosexuales”, le dijo el legislador a este diario. “Me parece que somos muchos”, pronosticó al evaluar cómo votarán sus compañeros con libertad de conciencia.
La que seguro no dejará que alguna presión le aferre la mano votadora será Pierini, quien ahora sí está convencida de la pertinencia del proyecto consensuado al final en cuatro comisiones. “Muy probablemente no vayamos a tomar una posición de bloque”, le dijo a Página/12 la diputada del PJ Pimpi Colombo, antes de aclarar que personalmente no es “partidaria” de la creación de un registro para uniones gays o lésbicas. “Esto directamente es plata. Si existe un cálculo, si es posible en esos términos, entonces no hay problema”, opinó luego. “Es necesario un debate profundo”, propuso. “Pero el proyecto parece batir el record de la profundidad del debate”, quiso bromear Página/12. “No sé si es record, pero estos proyectos sirven solamente para que algunos diputados consigan un titular en el diario y que no sirva para nada, se trate de Cuba, la represión, los derechos humanos, los civiles o las amas de casa”, respondió muy seria la legisladora.
“Creo que esto es una chicana política. Porque no cuesta plata, simplemente da la posibilidad de algunos derechos como el uso de la obra social del Gobierno de la Ciudad”, opinó sobre lo dicho por Colombo el radical Tom Costanzo. “Que no digan que no hubo un debate serio y profundo. Cuando estaba por salir el proyecto lo mandaron a presupuesto para dilatarlo todo más”, acusó. Para Marcelo Suntheim, de la CHA, en “el peronismo mostraron reticencia a tratar el tema por la proximidad de las elecciones, más allá de la calidad del proyecto, contra el que en realidad tienen poco que decir”. La visión de Flavio Rapisardi, coordinador del Area de Estudios Qeer de la UBA –que organizó un seminario en el que prestigiosos intelectuales rebatieron las nociones de la UCA–, es otra. “Estuve en todos los debates y lo que surgió de este proceso es que se confrontaron aquí dos nociones de Estado, el neoliberal acotado, y un Estado que debería actuar por políticas inclusivas –planteó Rapisardi–. Lo que se cuestiona desde la derecha es la aplicación de políticas específicas con el argumento de que de esa manera se discrimina. Pero sólo a través de políticas así se puede incluir a los sectores vulnerados. Esta ley viene a crear una herramienta más que nada social que pretende generar igualdad de derechos, obligaciones y valoración cultural.”