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Casada, heterosexual, madre de familia numerosa, cristiana. Faltaría sólo que supiera bordar y la camarista en lo civil Graciela Medina sería la antítesis de lo que cualquiera podría imaginar que define a la autora del proyecto por el cual gays o lesbianas se unirán civilmente. Sin embargo, la férrea y sólida manera en que esta mujer de gustos clásicos y pasión por la pintura defendió ante unos y otros el texto que debatirán el jueves los legisladores es una de las claves sobre por qué ese polémico proyecto sorteó todas las vallas que en el camino le fueron puestas. Pagó, eso sí, con “vivir la discriminación que padecen los homosexuales” con su propia segregación en publicaciones y dentro de su entorno social.
–¿Qué fue lo peor que le pasó en la defensa de este logro?
–Vivir la discriminación en carne propia. En algunos casos fue en el ámbito académico jurídico y en la prensa: allí donde me llamaban para colaborar habitualmente con mis textos y ensayos, ya no me convocaron.
En alguna oportunidad hice una cena a la que invité a algunos miembros de las organizaciones de minorías sexuales y hubo personas que se comunicaron para decir que no asistirían para no sentarse junto a ellos.
–¿Cómo se reacciona ante ese tipo de discriminación?
–Me di cuenta de que era necesario, más que la ley, instaurar en la sociedad una idea distinta. Porque mientras mantengamos la idea de que no hay que discriminar sólo en el papel o en el texto legal, pero no enseñemos a no hacerlo, el sistema no sirve para nada.
–Entonces, ¿para qué sirve la unión civil?
–Primero sirve para dar un reconocimiento que no existía, y en segundo lugar para otorgar algunos derechos a los que no se pueden acceder de otra manera que no sea mediante un reconocimiento en el Estado. En una pareja que está unida, uno de ellos puede hacer un contrato con el otro, disponer de sus bienes, hacerse seguros entre ellos, un testamento a favor del otro. Por ejemplo, una pareja puede vivir 25 años conviviendo solidariamente. Si uno de ellos muere, si el que queda vivo trabaja en la administración pública, para tener un día de licencia necesita que esta unión sea reconocida. Son derechos básicos.
–Usted tuvo que defender este proyecto en infinidad de reuniones con legisladores y juristas. ¿Cómo fue ese proceso de defensa?
–Fue muy difícil. Pero no está mal que los legisladores se ocupen seriamente de estos temas, que se pidan consultas a las universidades, a la academia, que escuchen decenas de especialistas. Lo malo es que lo hagan sólo en este caso. Lo primero que trataron los que se oponían fue demostrar que era inconstitucional. Verdaderamente esto no resistía el menor análisis. En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires se legisló sobre las uniones concubinarias antes de que lo hiciera la Nación, hace cincuenta años. Entonces los que se oponían dijeron lo mismo.
–Los conservadores reaccionan igual que entonces.
–Y estudian poco. Y no aprenden de los errores.
–Algunos legisladores cambiaron de opinión. ¿Cómo hicieron para convencerlos?
–Les trajimos el producto de años de estudios, fallos de la Corte que demostraban que la ciudad de Buenos Aires debe y puede proteger las relaciones de quienes habitan en ella. También les aportamos las soluciones de otros países en los que se había legislado como en España, casos como los de Aragón, Castilla, Navarra.
–El diputado radical Jorge Enríquez cree que la ley es inoportuna en tiempos de crisis y la define como “un producto sofisticado de las naciones nórdicas”.
–Reconocer derechos humanos no es reconocer ningún producto sofisticado y siempre es oportuno hacerlo. No porque seamos sur, ni porque vivamos una crisis, ni porque seamos pobres, tenemos que además ser inhumanos.
–Ahora, otros legisladores dicen que se gastaría demasiado.
–El costo de una ley debe ser un costo integral, y debe contemplar los beneficios de la norma. ¿En cuánto abarata al Estado que haya otra persona que se haga cargo del cuidado, del auxilio, de la ayuda en la enfermedad y en la pobreza del compañero de vida? Este es el argumento del Consejo de Estado francés cuando se le preguntaba por qué debían pagar menos impuestos las parejas que convivían que las personas individuales. Si no hay quien atienda a esa persona, aumenta el costo del Estado que debe hacerse cargo con la seguridad social.
–Una de las estrategias en la campaña contra el proyecto fue confundir la unión civil con el matrimonio.
–Esa crítica está llena de ignorancia. Es efectista. Mi tesis doctoral es sobre el derecho de los homosexuales a contraer matrimonio, y justamente yo sostengo que los homosexuales no tienen ese derecho. Así que, si lo hubieran estudiado, se darían cuenta de que esto no tiene nada que ver con el matrimonio. Yo estoy convencida de que el matrimonio está pensado para las parejas heterosexuales, sin que esto signifique que no se les deben reconocer los derechos a las parejas homosexuales.
–Usted es católica. ¿Cómo tomó el ataque de la Iglesia?
–Soy católica, pero no puedo tener una postura confesional sino jurídica. El Papa actual, en una carta a los obispos de 1992, pidió a los fieles que los homosexuales sean tratados con respeto, con delicadeza y que no los convirtieran en objetos de discriminación. Sería muy bueno que los fieles de la Iglesia Católica recordaran estas palabras.
–¿Qué viene a decir una ley de uniones que es también para heterosexuales sobre el cambio en las relaciones en esta época?
–El registro es fundamental para los heterosexuales. Para ellos plantea primero el reconocimiento de que hay una familia de características extramatrimoniales, y que la familia no necesariamente está basada en el matrimonio. Esto es una realidad que por primera vez es reconocida con la creación de un registro. En segundo lugar facilita las cosas. Tengo muchos juicios de concubinos heterosexuales. La mitad del juicio –lo que significa mucho dinero, tiempo y desgaste– la gente se la pasa intentando demostrar la situación del concubinato. Ahora existirá la posibilidad de registrar que se vive en concubinato sin necesidad de casarse. Es posible decidir que se quiere vivir en otro tipo de relación donde no existen ni los derechos ni las obligaciones del matrimonio. Hay muchas personas que no quieren tener un régimen de bienes en común, aunque esto les permite tenerlos si hacen un contrato. Si a una persona le matan a su pareja en un accidente de tránsito, el concubino se pasa tres años tratando de probar que convivían. Con esto puede demostrarlo.