El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº Tres (TOPE 3) reanudó ayer el juicio oral por la venta ilegal de material bélico a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995, el caso en el que está acusado el ex presidente Carlos Menem y varios de sus ex funcionarios. El proceso, que continuó con la recepción de nuevos testimonios, empezó el 16 de octubre de 2008 y va camino a batir un record por su duración.

Tras la suspensión del debate por el receso judicial de enero, el primero en declarar en el caso fue el perito contador Alfredo Popritkin, quien mencionó presuntos desfases en los informes sobre el “stock” de armamento en arsenales y fábricas militares y la falta de justificación de la exportación de armas.

Está previsto que en el transcurso de este mes también brinden sus testimonios ante el TOPE 3 –integrado por Luis Imas, Gustavo Losada y Horacio Artabe– el ex jefe del Ejército y actual embajador argentino en Colombia, Martín Balza, y el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Hugo Anzorreguy.

Además de Menem y su ex cuñado Emir Yoma, en la causa –cuyo actual instructor es el juez en lo penal económico Rafael Caputo– hay otros 16 procesados. En la nómina figuran el ex ministro de Defensa Oscar Camilión, el ex jefe de la Fuerza Aérea Juan Paulik, el ex interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), Luis Sarlenga, y el sindicado traficante de armas Diego Palleros.

También están procesados ex directores de Seguridad Internacional y Coordinación Empresaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Enrique De la Torre y Mauricio Musi, respectivamente, y los ex funcionarios de la DGFM Manuel Cornejo Torino, Haroldo Fusari, Carlos Núñez, Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Antonio Vicario y Julio Sabra. La lista de procesados la completan el ex director de la fábrica militar de Río Tercero, Jorge Cornejo Torino, la ex jefa de abastecimiento de la DGFM Teresa Irañeta de Canterito, y la ex verificadora de la Dirección General de Aduanas, María Teresa Cueto.

La causa se inició en 1995, cuando el abogado Ricardo Monner Sans denunció la venta ilegal de material bélico al exterior, bajo la pantalla de operaciones comerciales con Panamá, Venezuela y Bolivia. Las armas y municiones fueron a Ecuador, que en ese momento estaba en conflicto con Perú por cuestiones limítrofes, y a Croacia, donde regía un embargo internacional para tal tipo de operaciones.

Desde el inicio del juicio, el ex presidente Menem hizo sucesivas presentaciones aduciendo problemas médicos para no concurrir a las audiencias. Logró no aparecer sentado en el banquillo de los acusados el día del inicio del juicio, el 16 de octubre de 2008.

Los jueces del TOPE habían advertido que sería “obligatoria” la presencia de cada uno de los imputados en el juicio cuando se leyeran sus respectivas acusaciones. Sin embargo, luego dieron marcha atrás en esa decisión al admitir las justificaciones médicas presentadas por la defensa de Menem, aunque las mismas diferían de los dictámenes de los médicos forenses de la Corte Suprema, que sentenciaron que el ex presidente podía viajar desde La Rioja.

La audiencia con la obligatoria lectura de los cargos en contra del actual senador nacional ocurrió recién el 28 de noviembre de aquel año, a un mes y medio de iniciado el juicio en Buenos Aires de esta megacausa emblemática de la corrupción que signó su gobierno. Pero no hizo falta que el riojano viajara: lo hizo por videoconferencia.