A poco menos de treinta y cuatro años del golpe de Estado, un cuarto de siglo desde el juicio a los ex comandantes y tres años desde que los torturadores Miguel Etchecolatz y Julio Simón comenzaron a rendir cuentas ante un tribunal, los juicios a represores de la dictadura comienzan a afianzarse como una sana costumbre de la democracia argentina. Ayer, en menos de noventa minutos, los policías que custodiaban la sala de audiencias de Comodoro Py vieron partir con esposas a los marinos Acosta, Donda, Astiz & Cía., imputados por crímenes en la ESMA, e ingresar a los militares Durán Sáenz, Gamen y Pascarelli, menos conocidos pero acusados por idénticos delitos de lesa humanidad en el centro clandestino Vesubio.

El primer juicio oral y público a un grupo de ocho jefes y guardias de uno de los mayores campos de exterminio del Primer Cuerpo de Ejército, por el que se estiman pasaron dos mil quinientos secuestrados, sufrió varias postergaciones y comenzó en un momento del día atípico, el atardecer, por problemas que ya son costumbre: las dificultades de los poderes Judicial, Ejecutivo y del Consejo de la Magistratura para cubrir en plazos razonables las vacantes en los tribunales y para encontrar salas de audiencias acordes con el interés que generan los procesos de lesa humanidad.

La última postergación fue por la jubilación de la jueza María San Martino, que no puede dejar el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) hasta que se lean los fundamentos del fallo por la tragedia de LAPA, y se solucionó con la designación como subrogante de Pablo Bertuzzi, quien acababa de ser desginado en La Plata. La falta de salas era un problema ostensible al menos desde abril pasado, cuando se reasignaron las causas acumuladas en el TOF5. El tribunal de San Martín que juzga a los jerarcas de Campo de Mayo demostró que con voluntad un juicio se puede realizar en un gimnasio. El ejemplo no cunde en Py: hasta ahora el tribunal que juzga Vesubio compartirá la sala con los de ESMA y Atlético-Banco-Olimpo. Pocas audiencias semanales para centenares de testigos eternizarán los juicios y obligarán a excarcelar más represores por exceder los plazos con prisión preventiva. Cambió el motivo, no el problema, y no aparece la solución.

La política del avestruz

La jornada de ayer arrancó en la calle, al mediodía, con actividades organizadas por H.I.J.O.S.. Entre banderas de organismos y de agrupaciones a las que pertenecieron algunos de los desaparecidos vistos en Vesubio, como el Partido de la Liberación o Vanguardia Comunista, se mezclaron sobrevivientes, familiares y allegados a las víctimas, con artistas como Juan Palomino, el músico Eduardo Schmidt o Fabián Matus, hijo de la fallecida Mercedes Sosa.

“Los amigos de los asesinos de la ESMA decían recién que falta poco, que esto se termina pronto. Hay que estar atentos, compañeros”, advertía micrófono en mano Lita Boitano, histórica de Familiares, desde un trailer reservado a expositores. A las cinco de la tarde militantes y periodistas vieron salir el camión del Servicio Penitenciario Federal con Donda, Astiz & Cía. y se aprestaron para el comienzo del nuevo juicio. Detalle no menor: a diferencia de la costumbre que impuso el TOF5 en tiempos de Guillermo Gordo, cuando los periodistas debían firmar una papeleta en la que certificaban que el tribunal garantizaba el principio de publicidad que en la práctica incumplía, ayer ni siquiera fue necesario acreditarse. A las 17.55 el murmullo viró en silencio: de saco y corbata, esposados, con las manos adelante, ingresaron cinco penitenciarios que supieron ser guardias del Vesubio y hoy promedian sesenta años: Ramón Erlán, José Maidana, Roberto Zeolit, Diego Chemes y Ricardo Martínez. Detrás, sin esposas, entraron el general Humberto Gamen y los coroneles Pedro Durán Sáenz y Hugo Pascarelli. Los tres están libres. El fiscal Félix Crous reclamó que sean detenidos durante el juicio, argumentó que la cercanía de la sentencia puede incentivar las fugas, citó el antecedente Febres para destacar que en caso de confesar la verdad, la libertad los pondría en riesgo, recordó que el criterio se aplicó en Córdoba, Santa Fe, Neuquén y San Martín, pero no conmovió al TOF4, que también integran Leopoldo Bruglia y Jorge Gorini.

Cuando vio ingresar a la docena de fotógrafos, el coronel Pascarelli, 82 años, ex jefe del área militar 114 dentro de la que funcionó Vesubio, se escondió detrás de su abogado, que sonrió para las cámaras. Cuando los reporteros buscaron el filón para disparar, Pascarelli se cubrió la cara. Un periodista lo comentó en la bandeja superior y la mujer de un imputado, de ceño fruncido y blusa almidonada, reivindicó al soldado:

–¡Claro que se cubren! ¡Lo bien que hacen!

–¿Le parece bien que se escondan como avestruces?

–Claro que sí –ratificó la mujer, con un rosario en las manos, mientras el joven que la acompañaba la observaba con pena.