La Justicia de Misiones ordenó la detención por crímenes de lesa humanidad del coronel retirado Luis Alberto Sarmiento, ex ministro de Gobierno de Misiones durante la dictadura, aunque después de su arresto, cuando los médicos constataron que su estado de salud no le permitía declarar, el represor fue dejado en libertad. La noticia hubiera sido una más sobre los militares que están siendo llevados a juicio por terrorismo de Estado de no ser porque se trata del padre de María José Sarmiento, la jueza que en enero desató una crisis política cuando falló en contra del decreto 2010 de creación del Fondo del Bicentenario para el pago de deuda externa con reservas.

El militar vive con su hija en su departamento de Barrio Norte, al que ayer llegó la Gendarmería para cumplir con la orden de detención firmada por el juez federal Claudio Ramón Chávez. Según explicaron a Página/12 fuentes de la fiscalía federal de Posadas, la orden de arresto fue dictada para que Sarmiento respondiera “sobre los secuestros, torturas y, en el caso de las mujeres, violaciones, cometidos en el departamento de informaciones” de la policía de Misiones –que funcionó como centro clandestino de detención– mientras era ministro de Gobierno. “En ese cargo, no pudo desconocer lo que ocurría en la policía, que dependía de él. Por eso está sospechado de ser autor mediato o partícipe primario o secundario” de los hechos.

La causa abarca a 43 víctimas y tiene a otros represores con pedido de indagatoria. Un tramo del expediente fue incluso elevado a juicio oral.

Los investigadores señalaron que el coronel fue ministro de Gobierno de Misiones desde marzo del ’76 a marzo del ’77, es decir que dirigió a la policía provincial en el período de mayor represión de la dictadura. El 85 por ciento de los casos denunciados de secuestros y torturas en la provincia ocurrieron mientras él tenía a su cargo a la policía.

El pasado represivo del coronel Sarmiento no se agota en este juicio. En la nota “El mago de la picana”, que este diario publicó en enero (ver página 2), Horacio Verbitsky reveló que el padre de la jueza fue señalado por dos policías como quien torturó al estudiante Angel Enrique Brandazza hasta provocarle la muerte; ocurrió en 1972, durante el gobierno de Lanusse. Sarmiento integró después la SIDE y fue además jefe del grupo antisubversivo en el Ministerio de Justicia de la Nación.

El dato clave

Tras la llegada de la Gendarmería a su casa, y mientras los médicos revisaban al imputado, la jueza María José Sarmiento salió a hacer declaraciones a los medios. Atribuyó la orden de detención contra su padre al fallo que dictó en enero contra el DNU de creación del Fondo de Bicentenario (ese día, la jueza también repuso en su cargo a Martín Redrado, que había sido desplazado del Banco Central con un decreto presidencial). “No hay otra causa que haya afectado tanto al Gobierno. Me parece que es muy llamativo, no voy a ser tan hipócrita de decir que no, evidentemente (el Gobierno) está relacionado” con la orden de detención, acusó en un reportaje radial.

Dijo además que se sentía presionada (“esto es una presión, pero no voy a ceder”) y que la orden contra su padre le parecía algo “muy raro porque él tiene 85 años y no tuvo nunca una causa”. La jueza consideró “muy llamativo que justamente ahora haya un allanamiento con detención sin saber su edad ni su estado de salud”.

Sarmiento, sin embargo, estaba omitiendo un dato clave: la fiscalía federal de Misiones venía pidiendo la detención de su padre desde finales del año 2006. Dato que estaba precisado en la nota publicada en este diario y que ella misma citó al ser entrevistada en Radio 10.

Así lo aclaró la Procuración General de la Nación, al informar que el primer pedido de captura contra el padre de la jueza se realizó “en el último trimestre del 2006”. En el transcurso del 2007, la fiscalía “reiteró el pedido de detención e indagatoria”. En febrero y julio de 2008 insistió en reclamar el arresto, y finalmente en febrero pasado repitió el pedido con un recurso de “pronto despacho”.

El avance de la causa siguió un recorrido similar al de muchos otros casos por violaciones a los derechos humanos. Su querellante es Graciela Franzen, una militante peronista que fue secuestrada junto a su hermano Arturo en mayo de 1976 y los dos torturados. Ella presentó la denuncia en 2005, tras ser derogadas las leyes de punto final y obediencia debida. En la investigación ya se procesó al ex comisario Felipe Nicolás Giménez (que estuvo a cargo del departamento de Informaciones), al ex jefe de policía de Misiones Carlos Omar Herrero y al ex oficial Guillermo Mendoza. Hay además condenados y otras personas con pedidos de detención (ver aparte).

“Debió excusarse”

En este punto, desde el gobierno nacional salieron a contestar a la jueza. “El gesto que ha tenido es absolutamente antidemocrático. Sea quien fuere, familiar de quien fuere, si está en el marco de un delito de lesa humanidad tiene que ser juzgado”, sostuvo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El ministro rechazó que el Gobierno haya tenido que ver con la orden de detención y aclaró que “la única intervención” del Ejecutivo fue la actuación de la Gendarmería, que dio cumplimiento a la orden judicial.

Otros funcionarios, como el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, avanzaron un paso más e hicieron el razonamiento contrario al de la jueza: dado que el Poder Ejecutivo impulsó el avance de los juicios por violaciones a los derechos humanos, lo que afectó directamente al padre de la jueza (la secretaría es incluso querellante en la causa en la que se lo investiga), ¿no debería ella haberse excusado en la causa de los DNU, en la que falló en contra el Gobierno?

La polémica, por sus alcances, seguirá en los próximos días. Por lo pronto, el arresto de Sarmiento padre pasó a ser una cuestión abstracta. Los médicos diagnosticaron que “sufre de una enfermedad degenerativa” avanzada. El juez federal Sergio Torres, quien había recibido el pedido de captura firmado por Chávez y enviado a la Gendarmería a realizar la detención, y luego a los médicos para que hicieran el chequeo, transmitió el informe de los forenses al juzgado de Misiones. Y el juez Chávez decidió levantar el arresto, la detención y dejar sin efecto la indagatoria. En Misiones dicen que en esta causa ya pasó lo mismo con otros imputados, que por su edad no pudieron movilizarse. En esos casos personal del juzgado se trasladó al domicilio de los acusados para hacer las indagatorias. Si los médicos evalúan que Sarmiento, que tiene mal de Parkinson, está en condiciones mentales de declarar, el juez podría disponer que se le tome declaración en su domicilio, lo que podría suceder el próximo lunes.