El despacho que Rodolfo Mattarollo tiene en la Secretaría de Derechos Humanos está repleto de fotos. Sobresalen unas en blanco y negro de una protesta en París en 1981, donde aparece junto a François Mitterrand y Catherine Deneuve, y la más reciente –en color– que lo muestra en su viaje a Sierra Leona, abrazado a ejércitos rivales. Mattarollo es el consultor de derecho internacional de la secretaría y se entusiasma cuando comenta su participación a principios de mes en el Foro sobre la Prevención del Genocidio en Tanzania, del cual formó parte como experto en el panel de experiencias comparadas. “Fue un encuentro muy original, dado que es la primera vez que se da un foro internacional de derechos humanos en Africa. Además, se realizó en Arusha, sede del Tribunal Internacional donde fueron juzgados los crímenes cometidos en Ruanda”, explica.

–Usted formó parte de la delegación argentina que se presentó días atrás para dar su informe ante el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, en Nueva York. ¿Qué balance extrae de aquel encuentro?

–En nuestra presentación mostramos avances y reconocimos déficit. Pero más allá de ciertas “zonas de oscuridad” –que derivan, en parte, de cuestiones estructurales– el balance general es indudablemente favorable a la Argentina. Hubo avances no sólo en la lucha contra la impunidad y el castigo de crímenes de lesa humanidad, sino además en hechos que a menudo no se contabilizan en la política de derechos humanos pero que son la esencia de esa política: la nueva Ley de Inmigración, el programa Patria Grande, la Ley de Refugio. Incluso la Ley de Medios, que ha sido elogiada por el relator de Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión.

–Organismos de derechos humanos como el CELS, la APDH y la Comisión Provincial por la Memoria se mostraron preocupados por la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires y lo señalaron como un retroceso.

–El Estado nacional es responsable, en el plano internacional, de las violaciones de los derechos humanos aunque hayan ocurrido en las jurisdicciones locales. Es la gran paradoja de los estados federales. Muchas veces hemos coincidido en la necesidad de tener una ley federal de derechos humanos. Sin embargo, no será sencillo lograr que una provincia cumpla con un tratado si no tiene la voluntad política de hacerlo.

–¿Cuál fue la iniciativa que presentó en el Foro sobre la Prevención del Genocidio?

–Nuestra propuesta, por así decirlo, consiste en “ponerle dientes” a la convención contra el genocidio. La convención data de diciembre de 1948, en vísperas de la creación de Naciones Unidas. Tiene aspectos penales y no penales, y en los no penales no existe una idea de vigilancia. Proponemos otorgarle al asesor especial del secretario general de la ONU la facultad de examinar reclamos o comunicaciones sobre genocidio o sobre el peligro de que se desencadene una situación de genocidio en cualquier lugar del mundo. Además, queremos ampliar la protección hacia los grupos políticos, dado que la gran limitación de la convención es que protege a grupos raciales, étnicos, nacionales y religiosos pero excluye a los grupos políticos, algo que en su momento no se logró por oposición de la Unión Soviética y el Reino Unido. Esto dio lugar a toda la discusión que conocemos sobre si hubo o no genocidio en Argentina o en Camboya, ya que las víctimas pertenecían sobre todo a grupos políticos.

–¿Qué alcances tendría esta ampliación del rol del asesor especial?

–Dar respuesta a lo que nunca se pudo, es decir, cómo volver operativa la convención. La convención tiene hoy aspectos penales que permiten juzgamientos, aunque sabemos que hay países –como los Estados Unidos– que no han reconocido fallos de la Corte Penal Internacional. Estos estados se han mantenido al margen del alcance de la Corte y tienen la percepción de que ella sólo es competente para juzgar a los países débiles. Esto debe modificarse, y aunque es difícil hacerlo en sus aspectos integrales, un camino posible es el de darle competencia de examen a un órgano que por lo menos existe, que es el asesor especial del secretario general. Es nuestra manera de ser innovadores pero realistas a la vez. Nos basamos en un precedente importante, que fue el proyecto de la Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas, que consiguió que el comité ahora pueda dirigirse –por medio del secretario general– a los órganos políticos de la Asamblea General para prevenir las desapariciones. Nuestra sugerencia es crear algo similar para los casos de genocidio.

–¿En qué consiste la propuesta argentina del “derecho a la verdad” que llevó al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra?

–La propuesta argentina es reconocer el derecho a la verdad como un derecho humano. En 2005, nuestro país promovió la primera resolución de la Comisión de Derechos Humanos por el derecho a la verdad: ahora proponemos la consolidación de este derecho como un derecho existente. Darle un contenido concreto, transformarlo en un instrumento de la ONU. Son recomendaciones a los Estados sobre preservación de archivos, protección de testigos, querellantes, abogados, jueces y fiscales, desclasificación de documentación... La idea es hacer concretamente accesible el derecho a la verdad a las víctimas y a la sociedad.

–De alguna manera se podría decir que la Argentina tomó la delantera en “la búsqueda de la verdad” en el mundo.

–El prestigio, respeto y consideración internacional que existe por la defensa y la consolidación de los derechos humanos en Argentina es inmenso. No existe en el país conciencia suficiente al respecto. La Argentina es considerada un Estado pionero en la lucha contra la impunidad. En el consejo informamos sobre la recuperación de la identidad del nieto 101 gracias a las Abuelas, considerándolo un ejemplo concreto de actuación del derecho a la verdad. Desde el punto de vista jurídico, esto es una creación argentina basada en nuestras propias luchas, que responden a la pregunta sobre qué se hace en el caso de las desapariciones. Esa simple pregunta, “¿dónde están?” que –como en el caso del Nunca Más o la palabra “desaparecidos”– provienen de nuestra propia experiencia.

–¿Creen que este derecho terminará incorporándose al Consejo?

–Esperamos que en los próximos meses avance la idea de una declaración del Consejo sobre Memoria y Verdad para la Asamblea General, aunque sea un conjunto de normas mínimas.

Entrevista: Federico Poore.