Uno de los jueces de la Cámara de Casación que suspendió los estudios genéticos que podrían determinar si los hijos adoptivos de Ernestina de Noble son hijos de desaparecidos fue denunciado por su responsabilidad en la apropiación de un bebé cuando era titular de un Juzgado de Menores en la dictadura. Se trata de Gustavo Mitchell, quien firmó la entrega del chico, Simón Riquelo, al subcomisario Osvaldo Parodi, vinculado con el secuestro de su madre. La denuncia, presentada por un grupo de familiares de desaparecidos y por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, también apunta a José Martínez Sobrino, que era secretario de Mitchell y ahora integra el Tribunal Oral Federal Nº 6 (TOF6), a cargo del juicio sobre el plan sistemático de apropiación de menores, que incluye el caso de Riquelo, que recuperó su identidad en 2002.

El 13 de julio de 1976, a la medianoche, Simón fue arrancado de los brazos de su mamá, la uruguaya Sara Méndez, cuando un grupo de quince personas –que dijeron pertenecer a los ejércitos argentino y al uruguayo– irrumpió en su casa. Ella fue torturada y llevada al centro clandestino de detención Automotores Orletti. Cerca de las cuatro de la mañana, la comisaría 33ª le notificó al juzgado de Mitchell la aparición de un bebé “abandonado” en la puerta del Sanatorio Norte. Sara no volvió a saber nada de su hijo hasta 2002, cuando la Justicia pudo terminar de reconstruir la historia. En el secuestro y el robo del chico participaron, según se estableció, el represor Eduardo Ruffo y el subcomisario Parodi, de la seccional 33ª. Parodi –que murió– pidió y consiguió, a través del juzgado de Mitchell, primero la tenencia del nene y luego su adopción definitiva.

La denuncia contra Mitchell y Martínez Sobrino fue presentada ante el Procurador General, Esteban Righi, y advierte que “la gravedad” del caso es que “juzgan su propia participación en el robo de niños”. Uno, como juez de tribunal oral, debe sustanciar el juicio por medio centenar de apropiaciones, incluida la de Riquelo. El otro, como camarista de Casación, ya entiende en expedientes sobre apropiaciones y podría tocarle resolver apelaciones sobre aquellas en las que intervino.

“Ambos magistrados participaron en el despojo de la identidad, de los criterios de asignación, del ocultamiento a sus verdaderas familias y de la confección de un expediente ideológicamente falso para realizar una adopción irregular”, advierte el texto, que firman varios querellantes del juicio a cargo del TOF6, representados por el abogado Alejo Ramos Padilla. No hay constancias, dicen, de que en el expediente que derivó en la adopción de Simón se haya intentado dar “con los padres o familiares del niño”, “no hubo verificación de hábeas corpus o de nacimientos”.

Según pudo saber Página/12, los fiscales Martín Niklison y Félix Crous, asignados al juicio oral –que podría empezar en el segundo semestre– recusarían esta semana a Martínez Sobrino. Alegarían su relación con el caso que debe juzgar y el hecho de que custodia las pruebas.

“No creo que me tenga que excusar porque fui funcionario en un sumario donde la policía manifestó que había aparecido un menor en las escalinatas de un sanatorio. No me siento contaminado por haber presenciado ese hecho, soy un testigo”, le dijo Martínez Sobrino a este diario. “Quien dispuso la entrega fue el juez, Mitchell, que me lo informó entonces. En muchos casos así, si nadie reclamaba al niño, y alguien con condiciones económicas, sociales y morales pedía la guarda, seguramente se le concedía para evitar mandarlo a un instituto de menores. La adopción se tramitó aparte, en el expediente tutelar”, puntualizó. “Con Parodi (el apropiador) no tuve trato. No tuve conocimiento de la apropiación ni intervine en una maniobra encubridora”, añadió. A los dos meses, contó, fue cesanteado por razones políticas y gremiales (era socio fundador de la Unión de Empleados de la Justicia) en la misma tanda que las juezas Carmen Argibay y Lucila Larrandart. En cambio, Mitchell fue ascendido a camarista en 1979. Lo reemplazó José Allevato, también denunciado, ya que antes era secretario tutelar. Hoy es abogado.

Una de las medidas que Ramos Padilla y los familiares pidieron a la Procuración es que impulse la intervención de los juzgados de menores para que se analicen todos los “expedientes penales y tutelares vinculados al hallazgo de niños entre 1976 y 1983” y las adopciones derivadas de ellos. “Allí podría haber muchas pistas para dar con tantos chicos que aún no recuperaron su identidad”, señaló el abogado a Página/12. La denuncia hace hincapié en el papel del Poder Judicial de la dictadura en “consolidar la apropiación de niños, mediante el robo de su historia, su origen e identidad y la entrega a los apropiadores a través de un marco de supuesta legalidad judicial”. Plantea, además, que los jueces sean investigados por el Consejo de la Magistratura.

También incluye un reclamo para que la Corte Suprema intervenga la vocalía de Mitchell y que establezca “si ha omitido excusarse en causas similares que lo involucran”; que “reasuma la superintendencia del TOF6” para “preservar la prueba” y con su intervención “garantice que no haya nuevas dilaciones” en el juicio donde estarán en el banquillo represores como Jorge Rafael Videla, Cristino Nicolaides y Reynaldo Bignone.