La causa judicial por los vejámenes que sufrieron los conscriptos durante la guerra de Malvinas está frenada por un fallo de la Cámara de Casación Penal. Haciendo lugar a un planteo de los militares acusados, los integrantes de la Sala I de Casación dictaminaron que los estaqueamientos a que fueron sometidos los soldados por parte de sus superiores no pueden ser considerados delitos de lesa humanidad. El tribunal planteó, con este criterio, que las acciones penales ya prescribieron, lo que implica una orden a los tribunales inferiores para que cierren la investigación. Para evitarlo, las víctimas se preparan a llevar el caso a la Corte Suprema.

En la causa había unos 70 militares acusados por hechos aberrantes, como estaqueamientos a la intemperie por prolongados lapsos, en algunos casos sin abrigo ni calzado, el enterramiento de pie en pozos que las mismas víctimas debían cavar, golpizas, reducción a la servidumbre y abandono de persona. En ese marco se investigaban, además, dos homicidios.

La denuncia con la que se abrió el expediente había sido presentada en abril de 2007 y reunía 22 testimonios de soldados correntinos, que fueron patrocinados por el entonces secretario de Derechos Humanos de la provincia, Pablo Vassel. Para cuando Casación la congeló, en noviembre del año pasado, el paquete había crecido enormemente y los militares ya estaban amenazados por el llamado a las primeras declaraciones indagatorias. “La causa, que empezó siendo de víctimas correntinas, se nacionalizó porque se sumaron denuncias desde muchas provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Chubut, La Pampa, Córdoba, la Capital Federal, Santiago del Estero. Teníamos 150 testigos y 79 casos. Veníamos bárbaro, y por supuesto ellos no se iban a quedar con los brazos cruzados”, definió ayer Ernesto Alonso, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata.

Además de la megacausa principal, radicada en el juzgado federal de Río Grande, a cargo de la jueza Liliana Herráez, existe un expediente en Comodoro Rivadavia por el caso de un conscripto que fue estaqueado no en Malvinas, sino en el liceo militar de esa ciudad.

Los recursos presentados ante Casación que lograron el fallo para frenar las investigaciones fueron presentados por dos imputados, el oficial Daniel Delfor Polano (quien entre sus antecedentes tiene una denuncia ante la Conadep por su actuación en El Campito, centro clandestino de concentración de Campo de Mayo) y el ex subteniente Jorge Taranto, quien en la actualidad trabaja en el canal de cable C5N y ayer organizó un acto con Mario Benjamín Menéndez y otros represores (ver aparte). Al hacer lugar al pedido de los militares, la Sala I de Casación, integrada por Raúl Madueño, Juan Fégoli y Juan Rodríguez Basavilbaso cuestionaron la aplicación del criterio de crímenes de lesa humanidad (y por lo tanto imprescriptibles) a los hechos juzgados. “No se ha demostrado que el ataque a quienes se señala como víctimas haya sido parte y objetivo de una política” ni “la consecuencia de un plan determinado de ataque hacia una población o grupo”, argumentaron los camaristas. El fallo alcanza tanto a la megacausa como al expediente por el estaqueamiento en el liceo de Comodoro Rivadavia.

En el proceso judicial se está definiendo no sólo el castigo o la impunidad para los delitos de los que fueron víctimas los conscriptos, sino que también, como cuestión de fondo, cuál será la lectura histórica de lo sucedido en las islas.

Para los ex combatientes que impulsan los juicios, “los jóvenes de 18 años que fuimos llevados a la guerra de Malvinas fuimos el moño del genocidio que generó el golpe de Estado”. Así lo definió el correntino Orlando Pascua cuando declaró ante la Justicia federal. En la misma línea, cuando se conoció el fallo de Casación, Pascua no se dijo sorprendido: “Sabemos que no será fácil enfrentar al último reducto de poder dictatorial”, opinó. Pero como era de esperar, dentro del universo de los ex combatientes hay también sectores y agrupaciones que, vinculados a la militancia nacionalista y de ultraderecha, se oponen a los juicios por los estaqueamientos, asegurando que no existieron o que, en el peor de los casos, que se trató de sanciones por indisciplina inherentes al ámbito militar.

Aunque en los últimos meses se han presentado diez nuevas denuncias por vejámenes, ahora todo dependerá de si se puede revertir el fallo de Casación. “El centro de ex combatientes de La Plata y la secretaria de Derechos Humanos bonaerense nos presentamos como querellantes en la causa e hicimos un pedido de una audiencia in voce para apelar el fallo de Casación y llevar el caso a la Corte Suprema”, contó ayer Alonso, quien se quejó porque “la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no se presentó como querellante”, lo que sumaría “fuerzas para impulsar el tema”. La audiencia todavía no tiene fecha, ya que como requisito previo la Cámara de Comodoro Rivadavia debe formarse con una nueva integración. En el caso de que la apelación no prospere, la intención de los denunciantes es llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para Alonso, “sea por haber sido delitos de lesa humanidad, sea por ser entendidos como crímenes de guerra, estos son delitos que no tienen prescripción”.