Miles de militantes de izquierda están trabajando a destajo para que sus respectivos partidos puedan cumplir con los nuevos requisitos que estableció la reforma política. Sus principales dirigentes no dudan en calificar la modificación electoral como “proscriptiva” para los partidos de izquierda, e incluso de centroizquierda. Aseguran que están haciendo un gran “esfuerzo militante” y dicen que van a llegar a cumplir con las nuevas condiciones para presentarse en los comicios de 2011. Confiados en su propia fuerza, algunos descartan la posibilidad de tener que realizar alianzas de supervivencia. Otros sostienen que será necesario, porque de otra manera no llegarán por sí solos a obtener el 1,5 por ciento de los votos que la interna abierta general estableció para todos los partidos como condición para participar de la elección general.

La Ley de Reforma Política votada en el Congreso tuvo el veto parcial del Poder Ejecutivo en cláusulas que afectan particularmente a los partidos chicos. La nueva norma determinó la caducidad de sus personerías jurídicas por no haber reunido en las últimas elecciones el mínimo del 2 por ciento de votos, y por no tener suficientes afiliados para seguir existiendo a pesar de ello. Pero daba una prórroga que establecía la entrada en vigencia de la ley para diciembre de 2011. Esa postergación del plazo, que les concedía tiempo para afrontar el nuevo escenario, fue vetada por la Presidenta. De la controvertida Comisión Bicameral de Seguimiento de Trámite Legislativo, que regula los decretos de necesidad y urgencia, salieron dos dictámenes, uno a favor del veto y otro en contra. En Diputados se derogaron los vetos por mayoría simple, pero el Frente para la Victoria argumentó que eran necesarios los dos tercios para que la derogación fuera efectiva. Aunque el Senado aún no se expidió, la Reforma Política ya quedó en medio del pantano reglamentario. De todos modos, los partidos de izquierda no esperan el resultado de las apelaciones que presentaron en diferentes instancias administrativas y judiciales, y comenzaron a afiliar gente.

- Alejandro Bodart, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST): “Es un esfuerzo muy grande, humano, financiero y de un tiempo que podríamos utilizar en actividad política, pero creemos que vamos a llegar a cumplir con los requisitos. Ya corren los plazos en aquellos distritos donde tenemos legalidad, pero nos faltan afiliaciones, para nosotros en diez donde sacamos más del 2 por ciento, o sea que la caducidad no sería por el número de votos. Y en otros diez nos voltearon la legalidad y tenemos que hacer una nueva”, dijo. Para Bodart, la reforma busca “reconstruir el cuestionado bipartidismo, herido de muerte desde antes de 2001, es una ley pensada para rearmar los viejos partidos, evitar sus fugas, que haya un solo PJ y una sola UCR. Y, por otra parte, busca impedir que surjan expresiones por fuera de eso. La ley anterior tampoco era progresiva, pero ésta multiplica por 20 las trabas anteriores, dificulta hacer nuevos partidos, impide participar de la elección general porque puso un piso muy alto para la interna previa y profundiza la diferencia entre los viejos partidos y los de izquierda en cuanto a sus recursos”. Página/12 quiso saber si el MST pasaría la interna abierta con sus propias fuerzas. “Van a intentar usar los votos para dirimir la interna del PJ. Pero también está en la izquierda presentar una campaña atractiva. Nuestra aspiración es ver si la izquierda se replantea la necesidad de unirse, que ya era necesidad. Todos los partidos de izquierda corremos el riesgo de no pasar esa interna. Según los datos de la última elección, ni Pino Solanas superó el 1,5 por ciento.”

Un escenario posible sería que los otros partidos trotskistas decidan que prefieren no competir antes que hacer alianza con los seguidores de Vilma Ripoll. En tal caso, ¿renovarían los intentos de acordar con Pino Solanas o con Raúl Castells, con quienes ya se aliaron en la provincia? “Hicimos un llamado a la unidad que va más allá de la reforma, aunque lo alimente, para buscar diez puntos políticos que nos unan. La izquierda es un actor fundamental, esos puntos partirían bien desde la izquierda. Pero al mismo tiempo tenemos diálogo con la gente de Pino, si nos pusiéramos de acuerdo en ese programa sería progresivo, con temas como la deuda externa, las privatizaciones, una asamblea constituyente que democratice los resortes del régimen, el salario, la democracia sindical. No pondríamos como condición ‘una Argentina socialista’”. Bodart admitió que “el gran problema serían las candidaturas”, pero destacó que la ley podría obligar a dirimir eso en caso de no llegar a acuerdos. “La interna podría ser usada para ordenar las listas”, especuló.

- Marcelo Ramal, Partido Obrero (PO): “Estamos trabajando muy intensamente, el partido realiza afiliaciones en todo el país, superamos seis mil en 45 días, que se suman a las 40 mil que teníamos. Estamos reforzando en distritos donde por esta norma restrictiva podríamos tener intimaciones y planteos. Es mucha energía que el movimiento obrero tiene volcada en los barrios y la universidad. Y es duro por las características de la ley. Por ejemplo, piden que se produzca una de-safiliación por telegrama del partido anterior al que la persona pertenecía, sino cuando presentás la ficha nueva salta que estás afiliado a otro partido, algo que antes era automático. Entonces hay que llevar a una persona para que envíe el telegrama o que se presente a la Secretaría Electoral del distrito para desafiliarse. Y los partidos del régimen están haciendo cosas para evitar que le desafilien gente. El PO no está tranquilo, pero con un esfuerzo muy grande lo vamos a lograr. Somos una realidad viva y actuante”, expresó el dirigente. Respecto de la política de alianzas, dijo que “los frentes no pueden ser el resultado de una disposición legal, en cualquier caso no estamos trabajando ni conversando la política electoral”. Para Ramal, la reforma “tiende a contener la disgregación de los partidos que gobernaron históricamente Argentina forzándolos a concentrarse detrás de determinados aparatos y personerías, y preparando la polarización para 2011”. Pero considera que “esa disgregación política obedece a causas más profundas que un régimen electoral”. A su criterio, “también se apuntó a proscribir expresiones políticas independientes del Gobierno, porque el kirchnerismo no tolera la oposición de los trabajadores y la izquierda”.

- Christian Castillo, Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS): “El PTS está consiguiendo la legalidad en cinco nuevos distritos, que se suman a los ocho donde ya la teníamos, porque tuvimos un crecimiento importante. Estamos peleando algunos aspectos en lo jurídico, pero a partir del 1º de mayo vamos a salir con una campaña de afiliación para superar las trabas proscriptivas que impone la nueva ley”, afirmó Castillo. El dirigente y docente universitario estimó que la reforma “es claramente proscriptiva, y lo más perverso es la interna obligatoria, porque aumenta la injerencia del Estado en la vida de los partidos”. También dijo que “no está claro si habrá financiamiento estatal para hacer campaña para esa instancia”. Castillo evaluó que el piso de 1,5 por ciento es muy alto, al punto de que podría dejar afuera incluso a fuerzas de centroizquierda, y que en Santa Fe no lo tienen. Página/12 le planteó que, en teoría, la Reforma fue pensada para ordenar el caos partidario existente. “Tomaron criterios de existencia que se limitan a la cantidad de votos y no tuvieron en cuenta la prensa regular publicada, una página actualizada, la participación en universidades y sindicatos y la cantidad de militantes afiliados activos. Los partidos grandes no tienen ni programa ni congresos que expresen sus ideas, y sus locales están cerrados con carteles de alquiler”, respondió. Ante las próximas elecciones, ¿el PTS tendrá que hacer alianzas de supervivencia? “No vamos a ordenar nuestra política electoral en función de lo que dice el Gobierno, que es que los partidos de izquierda nos amontonemos independientemente de la política y el programa, no vamos a cambiar nuestros principios para una fórmula con quienes apoyaron a la Sociedad Rural”, dijo en alusión al MST y al PCR.

- Roberto Sáenz, Movimiento al Socialismo (Nuevo MAS): “Somos un partido nacional que en este momento apeló a la Corte Suprema por la legalidad nacional del MAS, dado que la Cámara Electoral nos dio de baja. Estamos juntado afiliaciones para recuperarla en caso de que la Corte no nos haga lugar”, explicó. Para el secretario general del Nuevo MAS, el escenario electoral es aún “confuso e incierto” porque no se sabe qué ocurrirá con los vetos presidenciales a la reforma. “Hay que ver si sobrevive esta cuestionada ley”, apuntó. En cuanto a la política de alianzas, Sáenz manifestó que “más allá de las diferencias habituales en la izquierda hay un lío terrible: dos organizaciones que estuvieron con el campo, el MST y el PCR que ahora sí va a elecciones, y para el PTS, el PO y el Nuevo MAS es difícil ignorar eso”. Según dijo, el MAS e Izquierda Socialista (IS) le plantearon al PTS mantener la alianza que hicieron para la última elección pero les respondió que no. “Los partidos de masas patronales y burgueses son partidos de Estado, con una red clientelar pero vaciados de militancia. El centroizquierda hace acuerdos oportunistas, mientras que la izquierda tiene una tradición en la gente, pero no tiene recursos. Esta ley tan restrictiva suprime un sector activo que no tiene millones de votos ni recursos para elección pero que es activa en sindicatos, universidades y sus respectivas luchas. Por eso en condiciones de exclusión absoluta habrá que evaluar si se decide participar”, consideró el dirigente.

- José Castillo, Izquierda Socialista (IS): “Como partido nacional nos toca lo mismo que a toda la izquierda, al no alcanzar el 2 por ciento de los votos perdemos la personería y hay que volver a hacer todas las afiliaciones. Con los demás partidos hicimos presentaciones para oponernos a la ley, pero tiene otra trampa que implica que, aunque hagamos todo lo que impusieron, podríamos no pasar la interna abierta obligatoria, de modo que es proscriptiva en toda la línea”, dijo Castillo. “Lo hicieron por sus cuestiones de la interna del PJ, pero además van a lograr que la izquierda se quede sin representación electoral, y esto es porque el Gobierno se planta como supuesta opción progresista de modo que cualquier expresión por izquierda le desnuda su doble discurso. Nosotros estamos en las luchas y los conflictos, pero tenemos que hacer también esta tarea, que no es la que más nos agrada”, agregó. “Si esta ley sigue vigente el año que viene, obligará a la izquierda a unirse, algo que debemos hacer pero no por una ley que nos obligue.”