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La Cámara Federal rechazó el planteo del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, para desplazar al juez Norberto Oyarbide de la investigación del espionaje que tiene a mal traer al macrismo. De inmediato, el juez ratificó la citación a declaración indagatoria del ministro: el próximo viernes lo esperan en tribunales. La resolución de los camaristas activó las especulaciones sobre la continuidad de Montenegro, quien viene sorteando misiles desde que su jefe Mauricio Macri eligió al comisario retirado Jorge “Fino” Palacios para armar la Policía Metropolitana. Su subordinado, el ahora jefe policial Eugenio Burzaco es uno de los nombres que suenan para desplazarlo. En los últimos días apareció también en el candelero el del ex juez Fernando Archimbal, defensor de Amira Yoma y hombre de confianza de los ex titulares de la Side Hugo Anzorreguy y Fernando de Santibañes.

Los colaboradores de Montenegro no se cansan de repetir que el ministro está firme y que todas son operaciones para seguir desgastándolo. Sin embargo, el viernes, en la Legislatura, Burzaco eludió defenderlo cuando le preguntaron sobre el respaldo que le había dado Montenegro a Palacios, el jefe policial preso por espionaje al igual que Ciro James, el espía que iba a buscar a la Side las escuchas a Sergio Burstein, de las víctimas del atentado a la AMIA y de Daniel Leonardo, el cuñado de Macri, entre muchas otras.

La causa por espionaje le costó el cargo a Mariano Narodowski, el ministro de Educación que tenía contratado en su cartera como abogado a James por 6000 pesos mensuales. En el entramado de poder PRO, Narodowski y Montenegro habían llegado al gabinete macrista de la mano de la ex vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti. El affaire Palacios resintió el vínculo y a la diputada la ven alejada de la gestión. Quienes apuestan a la continuidad de Montenegro dicen que “es una forma de garantizar el equilibrio con Gabriela para que no se dispare”. El nombramiento de Palacios fue una decisión de Macri que desestimó todas las advertencias sobre el desenlace del escándalo anunciado y terminó involucrando a los hombres de Michetti.

Burzaco, ex diputado PRO, siempre aspiró al sillón de ministro y no resigna expectativas. Si él asciende, uno de los candidatos a probarse el traje de jefe de la Metropolitana es Manuel Izura, representante del área Legal de la Policía. Izura fue subsecretario de Seguridad Urbana durante la gestión de Diego Gorgal, proveniente del Grupo Sophi,a donde abreva el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Izura está vinculado al Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), que durante el retorno de la democracia propuso la continuidad de los jueces de la dictadura. Antes de asumir como responsable legal de la Metropolitana encaró la defensa de los jefes de los marinos acusados de espionaje en la Base Naval Almirante Zar. Izura representó al segundo de la Armada Benito Rótolo. La estrategia fue plantear recursos para demorar las definiciones: hasta ahora exitosa porque tanto el jefe de la Marina Jorge Godoy como Rótolo siguen en funciones y la causa está empantanada.

Izura puso la cara para explicar uno de los últimos escándalos del casting de la Metropolitana. Cuando Clarín publicó que el comisario Fausto Colombo, uno de los jefes de la nueva policía, estaba procesado por coimear a prostíbulos VIP mientras se desempeñó en la Federal, Izura informó que Colombo había sido separado de su cargo “en forma preventiva” y advirtió que el acusado “al menos no informó la situación judicial que enfrentaba”, ya que “él no estaba imputado en la causa original, porque había recibido de un juez de primera instancia una falta de mérito”.

Otro de los aspirantes a ministro, Fernando Archimbal, es un conocedor de la trama permanente del poder. Está vinculado a la Fundación Pensar, donde se funde la derecha PRO: Burzaco y otro de los ministros macristas, Esteban Bullrich, son asiduos articulistas del think tank que piloteó hasta hace poco Jorge Triaca hijo, ahora diputado nacional. Archimbal fue el encargado de idear la estrategia que le permitió a la ex cuñada de Carlos Menem, Amira Yoma, sortear el pedido de extradición a España en la causa que investigaba el juez Baltasar Garzón por lavado de dinero. Hacer una denuncia por el mismo tema en la Argentina y asegurarse que recayera en un juez amigo fue el artilugio que logró el objetivo buscado. Luego, durante el gobierno de la Alianza, apeló a una ingeniería similar para intentar parar la extradición desde México a España del marino Ricardo Miguel Cavallo, detenido por delitos de lesa humanidad. Su relación con De Santibañes habría abierto ese canal con el delarruismo al margen de la decisión de no intervenir que había anunciado el entonces ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra. En ese caso la jugada fue infructuosa.

El estudio Archimbal está fogueado en las ligas mayores. A la luz de sus antecedentes parece más perfilado para asesorar al jefe de Gobierno en su defensa en la causa de espionaje –está citado a indagatoria para el 5 de mayo– que para la cartera de Justicia y Seguridad de la “nueva política” PRO.