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El manejo de información privilegiada es habitual en ámbitos empresarios y financieros. Define la posibilidad de ganar mucho dinero, poder e influencia si se tiene acceso a datos clave. Esa forma de actuar en el mundo de los negocios se conoce como inside trading. Es una maniobra que está prohibida por normas legales y de regulación de los mercados. Los autores de esas operaciones son multados y reciben penas de cárcel, dependiendo de la importancia del material capturado en forma ilegal. Resultan obvias las muchas oportunidades que se presentan cuando se cuenta con la ventaja de información reservada. Puede ser una norma del Banco Central que altera reglas de juego o saber de antemano la decisión de una asamblea de accionistas de una empresa que cotiza en Bolsa. También brinda provecho extra conocer antes que la competencia las condiciones de un pliego de licitación de una obra pública o el plan oficial de aplicar un fuerte ajuste del tipo de cambio. Datos secretos del presupuesto nacional, proyecciones del programa financiero o del índice de precios al consumidor también son números sensibles para ejecutivos del sector privado, para hacedores de políticas públicas y para figuras políticas de la oposición.

Para obtener ventajas económicas o políticas, una práctica usual es pagar para acceder a información privilegiada. Este tipo de comportamiento empieza a adquirir mayor intensidad y difusión en el ámbito privado con la desregulación financiera, cuando el mercado global pasa a ocupar un espacio hegemónico en el funcionamiento de la economía, desplazando al Estado. Con la explosión de los negocios financieros y la consiguiente inestabilidad macroeconómica, contar con datos previos brinda al financista o empresario un horizonte tan despejado como seductor, hasta para violar la ley comprando información confidencial.

Existen numerosos antecedentes internacionales de inside trading. Uno de los casos más famosos llegó al cine con Wall Street, protagonizada por Charlie Sheen y Michael Douglas de la mano de Oliver Stone. Es una recreación de agentes de Bolsa inescrupulosos que a mediados de los ’80 fueron estrellas de Wall Street: Ivan Boesky y Michael Milken, acusados y condenados, entre otros fraudes, por inside trading. Milken era conocido como el “Rey de los takeovers” por asumir el control de una empresa a través de la compra de acciones en la Bolsa mediante maniobras poco transparentes. Boesky, en 1986, era el más poderoso especulador en la compra de compañías en Wall Street, mientras secretamente compraba información reservada. En esa organización jugaba un rol destacado el mercader de la información. Ese papel lo cumplía el operador Martin Siegel, quien confesó, a cambio de una reducción de la pena, que recibía dinero de Boesky por el servicio de brindarle información privilegiada. Esta historia está relatada en forma estupenda en el libro Cueva de bandidos, del periodista James B. Stewart.

El descubrimiento de un circuito de tráfico de información reservada no es algo que haya sorprendido al mercado local. Su existencia es conocida por entidades financieras y empresas líderes, puesto que son usuarios de ese servicio. El Banco Central, el Instituto de Estadística y Censos y el Ministerio de Economía son fuentes vitales. La posibilidad de capturar información de esas dependencias públicas es uno de los máximos anhelos de hombres de negocios, y también de políticos. Como la red de beneficiarios es muy amplia, los comerciantes de información y sus clientes constituyen una sociedad de complicidad. Incluso aquellos que no se encuentran en lugares relevantes del mercado mantienen prudente silencio sobre su existencia porque no saben si alguna vez requerirán de ese servicio. No es secreto que consultoras de la city, manejadas por economistas especializados en el error que son referentes mediáticos, son clientes distinguidos de esos vendedores de planillas confidenciales. La prueba de esas compras son sus propias reseñas macroeconómicas, que cuentan con información no pública, adornada con sus propios análisis desde la vereda de la ortodoxia. La mirada distraída de organismos de control, de sus clientes, de cierta prensa y de hasta dirigentes políticos sobre la utilización de información oficial reservada es lo que ha permitido hasta ahora el ocultamiento de ese nicho de negocios en la city.

Cuando las dependencias públicas claves empezaron a difundir más información durante la década del ‘90, lo que aumentó la transparencia informativa, la tarea de los “topos” fue cada vez más complicada porque necesitaban acceder a datos más complejos para retener clientes. Según el momento económico, el centro de relevancia de la información pasaba del Banco Central al Indec o hacia despachos importantes de Economía. El adelanto del IPC o cortes de la encuesta permanente de hogares formaban parte de ese circuito, lo que en parte permite entender el elevado grado de excitación que ha provocado el conflicto en el Indec. A lo largo de las últimas dos décadas, en más de una oportunidad este columnista ha señalado la filtración de datos reservados de organismos del área económica, a través de lo que se conocen como “kioscos” de funcionarios. Una de ellas fue la famosa devaluación del 6 de febrero de 1989, que hizo estallar el Plan Primavera, que desembocó en hiperinflación. Un par de bancos de inversión locales sabía con antelación que la conducción del Banco Central iba a disponer un fuerte ajuste cambiario. La compra previa de gran cantidad de dólares, listado de operaciones que el directorio posterior no difundió pese a conocer de su existencia, les aseguró una ganancia extraordinaria a esos bancos. Una de esas entidades mantenía vínculos cercanos con lo que se conocía entonces como la Coordinadora radical.

La mesa de operaciones de compraventa de dólares y de títulos públicos del Banco Central es un lugar sensible, como también el departamento de normas que regulan la actividad del sistema. En el Palacio de Hacienda, las oficinas de Presupuesto y Finanzas revisten el carácter de esenciales, teniendo en cuenta la obsesión de la ortodoxia por las cuentas públicas y la situación financiera vinculada con necesidades de colocación de deuda. Por eso resulta extraño el particular interés de ciertos representantes del centroizquierda sobre esos tópicos macroeconómicos, cuando se supone que deberían considerar más relevantes aspectos vinculados con el empleo y con la evolución industrial, por ejemplo. Se conoce que los servicios de asesoría en el Congreso tienen en el Senado mejor pago que en Diputados. También se sabe que la utilización de información privilegiada no recibe una tipificación diferente si el comprador es una consultora de la city, banco o empresa de primer nivel o grupos políticos del centroizquierda.

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