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La persistente campaña de presunciones intimidatorias que precedió a las dos últimas jornadas fue insuficiente para desarmar la movilización popular, aunque sin duda cohibió la presencia activa, espontánea y masiva de los ciudadanos sin encuadramientos orgánicos. De todas maneras, el compromiso y la responsabilidad de las diversas entidades convocantes hicieron posibles las manifestaciones en todo el país, sin desbordes violentos ni excluir la adhesión de familias completas. Quedará para la hora de los recuentos meticulosos la medición exacta de adhesiones y retraimientos, pero lo que sucedió ante la vista de todos alcanzó para ratificar que permanece intacto el descontento multisectorial que hace un año conmovió al país y al mundo. También las modalidades adoptadas por las distintas organizaciones mostraron que si bien los actores sociales van consolidando sus respectivos espacios, entre ellos persisten puntos de vista diferentes o encontrados que impiden aún la formación de un frente único que potencie las energías del movimiento en su conjunto.
Esa persistente fragmentación facilita las maniobras de la vieja política para sobrevivir a la repulsa generalizada, pese a que expresan, al mismo tiempo, la incapacidad para recuperar la confianza pública a través de reformas verdaderas de conductas y pensamientos. El nivel de conflictividad en el interior del PJ, partido de gobierno, y los resultados de los comicios internos en la UCR son evidencias netas en ambos partidos, recipientes por décadas de las mayorías electorales, de la incapacidad para reponer la legitimidad de sus representaciones. Si el colapso no alcanzó todavía niveles más altos de disgregación, quizá se deba a que aún faltan en el paisaje institucional las fuerzas organizadas, o los nuevos partidos, en condiciones de producir los relevos que demanda la ciudadanía cuando reclama “que se vayan todos”.
Tampoco el mercado ha sido capaz de redimir o atenuar la devastación provocada por el modelo del perpetuo ajuste, ya que sólo atina a repetirse a sí mismo y, por lo mismo, a agravar las nefastas consecuencias en materia de exclusión social, desempleo y hambre. Después de un cuarto de siglo de completo dominio sobre las políticas públicas, las promesas que alguna vez ganaron el ánimo público con la expectativa de estabilidad económico-financiera, de crédito disponible y calidad de vida comparable a la del Primer Mundo, reventaron como pompas de jabón.
Ha sido tan calamitosa la gestión del presunto capitalismo “moderno” que el país retrocedió décadas en casi todos sus rubros, en primer lugar en los derechos económicos y sociales, y hasta se llevaron por delante supuestos valores esenciales del sistema, como el derecho de propiedad sobre el capital propio de cada uno, mediante un colosal fraude financiero. En estas horas, un probable acuerdo temporario con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tampoco resolverá ninguna injusticia social, ya que sus propósitos, al igual que todos los anteriores, atienden con exclusividad los intereses de la banca internacional.
La pérdida simultánea de la confianza pública en los dos sistemas, el político partidario y el del mercado como patrón absoluto, es el contenido sustantivo de las jornadas de diciembre del año pasado y quedó reafirmado en las últimas 48 horas. La suma de impotencias parciales en las cúpulas del viejo régimen ha vaciado la disputa por perpetuarse en el poder de cualquier fundamento ideológico o político para expresarse en pujas, sordas o abiertas, entre cínicas ambiciones que no vacilan en recurrir a recursos que son casi estereotipos de actitudes mafiosas. Tal vez haya que referirse a este contexto para entender la gestualidad ampulosa con que fue detenida Ernestina Herrera de Noble, accionista mayoritaria del poderoso grupo multimedia Clarín, quien desde ayer continúa detenida ensu residencia particular, un privilegio de la edad que ya les fue concedido a jerarcas de la última dictadura terrorista.
La suposición de intrigas o extorsiones mafiosas incitó a diversas corporaciones de propietarios de medios de difusión a criticar la intempestiva decisión del juez Marquevich, uno de los que a su tiempo figuró en la conocida anécdota, divulgada por Domingo Cavallo, de los “jueces de la servilleta” de Carlos Corach. Los pronunciamientos conocidos pretenden advertir sobre los peligros de rencillas privadas que pueden atropellar libertades, como las de expresión, a fin de ganar las competencias entre bandas rivales. Este episodio bien podría servir de punto de partida para una revisión rigurosa de la actitud de los medios de difusión, entre los que ocupa un lugar prominente el Grupo Clarín, durante los años de plomo, los esfuerzos realizados a favor de las libertades y derechos civiles y en defensa de periodistas, incluso directores y propietarios, que fueron detenidos, torturados, desaparecidos y asesinados, sin expediente judicial, derecho a defensa ni legalidad alguna.
Aun con estas consideraciones a mano, queda pendiente la aclaración de presuntos delitos, origen último del expediente en curso, que podría haber cometido la imputada en el trámite de adopción de sus dos hijos, pocos meses después de cometido el golpe de Estado de marzo de 1976. Ninguna posición económica o social puede eludir, sin violar hasta el más sencillo sentido de decencia, la obligación moral y legal de ofrecer todas las pruebas indispensables para despejar cualquier duda, puesto que no se trata de comprometerse con las mafias en pugna sino de probar o no la integridad de una conducta.
Sobre todo, porque en el imaginario colectivo ese tipo de duda suele conectarse con uno de los más aberrantes crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, la apropiación forzada de bebés nacidos de padres “desaparecidos” y la consiguiente adulteración de identidades. La verdad y la justicia a veces pueden ser dolorosas y apabullantes, pero siempre son preferibles a la mentira y la ignorancia. Es deber de cualquier persona honesta, mucho más cuando ejerce alguna clase de influencia pública, quebrar todo remanente de impunidad en esta materia, que mantiene abiertas heridas profundas y desgarrantes, por las que han derramado lágrimas desde hace 26 años muchos hogares destrozados por la tragedia del genocidio planificado. La prensa independiente colaboró en los años de la democracia a descorrer velos que ocultaban la tragedia de esos tiempos de infamia, por lo cual recibió el mérito de credibilidad de sus audiencias, pero es un compromiso vigente y lo será hasta que los derechos humanos resplandezcan en plenitud para todos, sin excepciones ni preferencias.
La corrupción de una sociedad, de un poder y hasta de una clase social puede manifestarse de múltiples formas, además del soborno y del tráfico de influencias, según puede constatarse otra vez en estos días a propósito de un espantoso asesinato y su intento de encubrimiento en el seno de una familia con residencia en un country exclusivo. Al parecer, algunas prácticas delictivas no están circunscriptas, como algunos creían, a las barriadas más pobres o marginales. En este caso, uno de los hermanos de la víctima que prefirió callar antes que investigar, solía ocupar espacios mediáticos para lanzar admoniciones moralistas sobre los poderes públicos. La hipocresía social también puede ser fuente de corrupción.
Estos y otros hechos conforman la imagen de un país que gira sobre sí mismo, sin encontrar una vía de salida hacia el porvenir, igual que un charco de agua estancada. Sopesando los distintos elementos del cuadro general, resulta más que evidente que las esperanzas de futuro es preferible depositarlas ante todo en esos cuerpos exhaustos, pero firmes, y en esos espíritus en llamas que ayer honraron la memoria de los que no guardan secretos vergonzantes ni otra ambición que el bien común.