El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó en la Feria del Libro su informe anual en el que señala avances, retrocesos y “materias pendientes” en temas de derechos humanos. En el encuentro, la directora adjunta del organismo, Andrea Pochak, destacó el avance de los juicios por los crímenes de lesa humanidad, la implementación de la asignación universal por hijo y la aprobación de la ley de medios audiovisuales. Los especialistas del panel remarcaron la persistencia de torturas en cárceles y comisarías, el resurgimiento de las políticas de “mano dura” y criticaron –sin que volaran sillas– los problemas de transparencia del Indec.

Desde hace quince años, la entidad que preside Horacio Verbitsky produce cada año un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en el país. El informe 2010 fue presentado a sala llena por un panel que Pochak compartió con la directora de programa del CELS, Josefina Martínez, el sociólogo Artemio López y la investigadora del Conicet Rosalía Cortés.

Pochak comenzó destacando la consolidación de los procesos por crímenes de lesa humanidad y que se hayan iniciado juicios “en provincias donde no las había, como Formosa, Salta, Santa Fe y Chaco”. Sostuvo que hay a la fecha 1484 imputados, aunque advirtió que “después de las elecciones se retrasaron algunos juicios”. De hecho –señaló con preocupación–, el 73 por ciento de las causas abiertas aún están en la etapa de instrucción.

El informe del CELS celebra la inhabilitación de Luis Patti para ocupar cargos públicos y la política del gobierno nacional de no reprimir la protesta, así como la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la aparición de fallos “sobre temas que no estaban presentes”, como la tenencia de drogas y el matrimonio homosexual. En contraste, el organismo insistió sobre la grave situación de las personas detenidas. “Existe una violación sistemática de los derechos humanos de los encarcelados, que incluyen tortura y hacinamiento”, sostuvo su directora ejecutiva, que hizo especial hincapié en el incremento de la violencia policial, con la desaparición de Luciano Arruga como caso paradigmático. “Se reconocen avances, asignaturas pendientes e importantes retrocesos”, resumió Pochak.

Le siguió Josefina Martínez, que abordó su exposición a partir de un ejemplo cotidiano: las charlas que tuvo con quienes abordan el tema de la inseguridad “desde el lugar de potencial víctima”. “Los interlocutores exigen, se indignan, pero no proponen ninguna solución concreta más allá de pedir ‘más policía, reforma de las leyes’”. Martínez argumentó que el problema no es la existencia de estos discursos en sí, sino que luego se los tome “como diagnósticos válidos por quienes producen políticas”.

Al respecto, la antropóloga advirtió sobre el riesgo de caer en lo que llamó una “demagogia punitiva”, es decir, el anuncio y aplicación de soluciones rápidas y expeditivas como el aumento de las penas y la baja en la edad de imputabilidad. “Lo único que hacen es reforzar el poder penal sobre burocracias sobre las cuales no se hace ningún relevamiento”. En ese sentido, criticó las medidas del gobierno de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, que incluyen numerosos intentos de reforma del código contravencional –con la reinstalación de antiguas figuras represivas– y la limitación a las excarcelaciones, políticas que la especialista emparentó con el enfoque securitario de Mauricio Macri.

En cambio, Martínez destacó el Acuerdo por la Seguridad Democrática –firmado en diciembre pasado por representantes de varios partidos– como una serie de principios válidos sobre los cuales avanzar para poder alejarse “del paradigma militar de la guerra contra el delito”.

El repaso continuó con un comentario sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales. Pochak había señalado el estado del Indec como uno de los mayores retrocesos al recordar que “aún no está regularizada la situación del organismo”. Artemio López, director de la consultora Equis, recogió el guante. “El Gobierno con esto ha cometido un error descomunal, porque con todos sus claroscuros tiene muchos claros y no los puede mostrar”, sostuvo López. El sociólogo lamentó la situación, ya que “ahora asistimos a un festival de gente sin ningún escrúpulo, que con cuatrocientas llamadas telefónicas dice que hay 40 por ciento de pobres, y nosotros no tenemos cómo responderle”.

La integrante del Conicet Rosalía Cortés tuvo una visión más pesimista. Para la investigadora, las políticas sociales implementadas hasta el momento repiten el esquema clásico de la década del noventa al haberse encarado únicamente como una transferencia de ingresos, sin actuar específicamente sobre las carencias educativas y sanitarias de los sectores más vulnerables. También remarcó que, pese a todos los esfuerzos, el treinta por ciento más pobre de los jóvenes hoy no está entrando al mercado de trabajo. “¿Eso es ‘salir de la pobreza’? Debemos pensar políticas complementarias al plan de asignación universal”, reclamó.

En cuanto a la política social, López explicó cómo progresivamente la pobreza fue desvinculándose de lo que pasaba en el mercado de trabajo. “Aún hoy, con una potencial situación de pleno empleo, difícilmente podamos perforar el 25 por ciento de pobreza”, dijo. El encuestador celebró la implementación de la asignación universal por hijo, aunque dijo que la intervención “se desarrolló un poco tarde, porque esto es algo que ya se sabía en 2003”. Sin embargo, y más allá de la demora de la medida, el sociólogo la elogió como “la herramienta más potente que se pensó desde el regreso a la democracia”.

Informe: Federico Poore.