[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

¿Quiénes se oponen a Cristina Fernández? Indudablemente son muchos, aunque para estar equivocada le bastaría con uno. Sin embargo, erigirse en opositor supondría admitir realizaciones al Gobierno que el odio visceral ha impedido, y construir argumentos que incluyeran dialécticamente algunos de sus logros. Los intentos en ese sentido evidentemente han errado el blanco. Se hallan los que cuestionan al kirchnerismo por no llevar a cabo lo que éste no se propuso ni se propondría. Los que le cuestionan los aciertos. Los que lo condenan sin pruebas. Los que rechazan aquello que hicieron cuando fueron gobierno. Los que señalan que lo que hace el Gobierno es insuficiente, sin aportar los votos y las bancas para hacerlo. Se suman a éstos otros cuestionamientos supuestamente más sutiles pero igual de falaces, que provienen de “serios” académicos de la ciencias sociales y son los referidos a los modales del oficialismo, y de quienes intentan defender como pueden conquistas como la ley de medios. Omiten adrede que la anterior gestión K se ató a un mecanismo aún más democrático que el establecido para proponer a los nuevos miembros de la Corte o que la actual gestión se abstuvo de reprimir a la sedición agrofacista que paralizó al país durante seis meses. En este caso, el odio apenas disimulado proviene de los mismos que alentaron a la Alianza, que terminó con más de treinta muertos y decenas de heridos o mutilados tendidos en las calles de Buenos Aires y Rosario. Para esta modalidad de diatriba es más importante guardar las formalidades que la desmonopolización de la información o la asignación por hijo o las quitas en la deuda pública o el realineamiento latinoamericanista o el juicio a los genocidas. Es decir, cuidar más la legalidad del capitalismo que contribuir a un proceso de democratización. Pronto objetarán, en la misma dirección, que los cambios proyectados a la Ley de Quiebras o a la Ley de Entidades Financieras agravian sagrados derechos adquiridos. El academicismo liberaloide que escribe indignado en los medios que han sido los “intelectuales orgánicos” de las dictaduras y de la barbarie neoliberal, como La Nación, Clarín y sus epígonos, en algo se parece en su genética política a sus lejanos mentores, aunque sea en lo peor. Locke, Voltaire, Jefferson fueron eminentes declamadores de la tolerancia, pero invirtieron sus fortunas personales en el comercio de esclavos. Nuestros pequeños ejemplares no toleran los gestos enérgicos del Gobierno frente a las corporaciones (gestos que a menudo sólo se quedan en eso) pero que lejos de indicar cómo poner límites a los poderosos, son tan amables con ellos como únicamente las bellas almas de los pusilánimes pueden serlo.

La crítica centrada en el supuesto agravio oficialista a los “procedimientos” legales equivoca también el objetivo, porque estos procedimientos simplemente no existen. Si existieran tendrían primacía sobre todo contenido y las decisiones se legitimarían o criticarían en relación con ellos. Nuestra Constitución, como todas las constituciones, convierte a los procedimientos en “instrumentos” al establecer por ejemplo que el proceso de formación y sanción de las leyes se subordine a cláusulas materiales y dogmáticas que quedan fuera del alcance del legislador, tal como lo fija expresamente su artículo 28. Esto significa que las decisiones se convalidan o impugnan según sus contenidos coincidan o no con los que están de antemano predeterminados. En este sentido, el propio texto constitucional pervierte o subordina la voluntad popular a materias prepolíticas e intangibles que no pueden ser alteradas por ley, como la propiedad privada, el libre comercio, el sostenimiento del culto católico, los tipos impositivos, la representación como principio político excluyente, la obligación de armarse en defensa de la patria. Algo equivalente a lo que postulan las encíclicas papales al declarar que la democracia merece defenderse sólo si promueve determinados valores. Así, cuando se ataca al adversario porque no respeta las reglas de juego de la Constitución, se cuestiona en realidad que no hayan sido instrumentadas en función de una política o de una ley que responda a las orientaciones sustantivas preestablecidas. Por eso se ha podido, por ejemplo, con toda naturalidad y descaro, incurrir en transgresiones como la del Senado de Cobos, en la que una mayoría relativa cambia la regla de mayoría absoluta, o la de un juez que se arroga el derecho de suspender la vigencia de una ley en razón de que no se habría respetado el reglamento parlamentario para su sanción. Casos como éstos, que exhiben lo que es una rutina institucional sólo porque son más flagrantes, deberían inducirnos a pensar en la validez de las decisiones públicas sobre la base de reglas democráticas y no en función de reglas constitucionales, ya que no son lo mismo.

En términos más sistémicos, cuando la legitimidad no surge del ajuste práctico de la toma de decisiones a reglas procesales que tengan prioridad sobre todo contenido, sino de la coincidencia de las decisiones con objetivos que están por encima de todo procedimiento, no habrá nunca un terreno común de disputa que por sí mismo pueda dirimir sobre las discrepancias sustantivas o de fondo. Por eso, los partidos políticos son conducidos a un dilema de hierro. Si acuerdan “políticas de Estado” se vuelven opciones indiferenciadas y si se enfrentan polarizadamente ponen en riesgo las reglas. En nuestro caso, mientras el Gobierno defiende su modelo, la derecha no se atreve a explicitar el suyo porque todos saben que únicamente tendrá viabilidad con la pistola láser de Macri o con los métodos de la Gendarmería. Para evitar definiciones, los opositores se esconden en la crítica a la transgresión, inventada o imaginaria, de reglas que no tienen un carácter procesal inapelable, crítica que mientras tanto se convierte en obstrucción, lo que muestra en el Senado y en Diputados lo que serán capaces de hacer en cuanto puedan.

Cabe tener en cuenta finalmente que los procesos de democratización tienen su propia lógica formal interna. Una dinámica que se orienta por principios de justicia procesal, propios de la democracia revolucionaria cuya tradición cumplirá entre nosotros 200 años y que estarán siempre en colisión con la justicia instrumental instituida. Esto es lo que aterra a los analistas liberales respecto de las experiencias reformistas latinoamericanas actuales. Temores que se exhiben a través de un neogolpismo mediático, cuya complicidad con las dictaduras será burda e instintiva pero no menos feroz a la hora de defender sus intereses, idénticos a los que están consagrados en el texto constitucional, casualmente, en su parte “dogmática”.

Politólogo, investigador del Conicet.