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El programa federal de desendeudamiento viene a solucionar la urgencia de las provincias muy endeudadas: salvarlas del ahogo financiero que las tenía al borde de la cesación de pagos. No les soluciona definitivamente, en cambio, la situación económica, aunque las ayuda: el programa oficial no les atraerá más recursos para cerrar el desequilibrio primario (diferencia entre gastos e ingresos), pero les mejora en parte el resultado financiero (que le suma al déficit anterior la carga de las amortizaciones e intereses). En cuanto al conflicto político, queda abierto un interrogante: si el Gobierno logrará, por el contacto directo con las administraciones provinciales, una vía de diálogo que aparentemente tiene cerrada por el camino del Congreso.

Los tres frentes de batalla –el financiero, el económico y el político–tienen entre sí puntos de contacto y otros que los diferencian. En lo político, tal como reconociera el ministro del Interior, Florencio Randazzo, al gobierno nacional le resulta más fácil entenderse en el mano a mano con los gobernadores que en el Congreso con los legisladores que responden, en los papeles, a esos mismos mandatarios. En el Congreso, todas las propuestas que presenta el Gobierno llegan a un punto de tratamiento que se simplifica en un juego de vida o muerte, sin posibilidad de trabajar sobre las coincidencias. En la mesa de discusión de la Casa Rosada con los gobernadores, aparecen los matices que acercan el consenso. Anoche no se explicitó a qué acuerdos se arribó en otros ítems vinculados con el uso de los recursos públicos, como la coparticipación del impuesto al cheque o el uso de las reservas. Pero no puede haber estado ajeno en las conversaciones.

En lo financiero, algunas provincias severamente endeudadas habrán recibido con euforia la solución propuesta por el Gobierno. El gobierno bonaerense mostraba un volumen de deuda cercano a los 40 mil millones de pesos y un déficit previsto para este año de unos 6000 a 6500 millones corroboran esa impresión. Córdoba, con 8300 millones de deuda, no está en una situación mucho mejor. Menos aún otras provincias chicas y fuertemente endeudadas, como Chaco, Formosa y Jujuy. El período de gracia hasta fin de 2011 representa un desahogo, pero la refinanciación a veinte años (sin ajuste por CER) con una tasa anual del 6 por ciento le agrega un condimento de licuación de deuda más interesante.

Subsisten otros problemas económicos, que no dejan de ser políticos. El ministro de Economía anunció que este año no habrá distribución de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), que el Gobierno utilizará para financiarse, y que no le cobrará la deuda a las provincias. Esto generará la lógica reacción adversa de las provincias poco endeudadas, ya que no son beneficiarias directas de la reprogramación de deuda y ahora tampoco podrán acceder a los ATN para atender gastos corrientes.

Persistirán los reclamos por modificar la coparticipación, un mecanismo injusto sobre una estructura tributaria no menos injusta que concentra cada vez más la recaudación en recursos no coparticipados. El “desendeudamiento” es necesario, pero el “país federal” también.