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El empresario farmacéutico Gabriel Brito, preso en la causa por la mafia de los medicamentos, aseguró que el ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli y el dueño de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, “hacían negociados” para desviar fondos de la Administración de Programas Especiales (APE) a las obras sociales. Una de las modalidades para justificar el giro de reintegros, dijo, era la falsificación de recetas o historias clínicas a las que se adjuntaban troqueles truchos: le cobraban al Estado remedios y tratamientos inexistentes. Brito, que está detenido en la investigación y figura como aportante a la campaña presidencial de Cristina Kirchner, fue indagado ayer en el juzgado de Norberto Oyarbide por segundo día y seguirá declarando hoy.

La empresa de Brito se llamaba Global Pharmacy Service y auditaba medicamentos, entre otros de San Javier. En una ocasión advirtió la existencia de troqueles falsos, lo que lo llevó –dijo– a saber que era parte del negocio por el cual las obras sociales recibían fondos del APE por tratamientos muy caros, aunque inexistentes, para enfermedades graves. Cuando previno a Lorenzo, la respuesta fue “no digas idioteces”, relató, según testigos de la audiencia. El “negocio” con los fondos lo armaban –sostuvo– Capaccioli y Lorenzo en coordinación con La Bancaria, a cargo de Juan José Zanola. El viernes también implicó al ex gerente de la Superintendencia en los tiempos de Capaccioli, Néstor Vázquez. Y dijo que entre agosto y septiembre de 2009 denunció estas circunstancias en un mail que envió a la Jefatura de Gabinete y la AGN.

Brito está acusado por Oyarbide de integrar una asociación ilícita que lideraba Lorenzo, dedicada a comercializar medicamentos robados, vencidos y adulterados, de estafar al Estado y de coaccionar a otros coimputados con pedidos de dinero bajo amenaza de difamarlos o denunciarlos. Para la ex ministra de Salud Graciela Ocaña es “un arrepentido” que conoce todos los vericuetos de la trama. El juzgado evalúa sus revelaciones con cautela. Brito dice que todo su problema se originó cuando cuatro cheques suyos por 310 mil pesos aparecieron como aportes a la campaña de 2007 del FpV. Eran cheques que según su versión le había prestado a Lorenzo. Pero luego asegura que se desayunó con que habían sido usados para financiar al FpV. Los cheques fueron cambiados en la cooperativa Vernet, pero por uno que quedó sin cubrir le pidieron la quiebra. Cuando le reclamó –dijo–, Lorenzo lo mandó a hablar con dos de los recaudadores de la campaña, Capaccioli y el legislador Sebastián Gramajo. Sobre Capaccioli, dijo que nunca consiguió que lo atendiera. El dice que Gramajo era quien lo extorsionaba.

Brito contó que del asesinado Sebastián Forza le había llamado la atención la súbita mejora de su nivel de vida. Señaló a otro empresario con pedido de captura, Marcelo Abasto, y lo vinculó con Lorenzo. Habló de Hernán Diez –ligado a la recaudación electoral, titular de Lotería Nacional– y de la cooperativa Vernet, que sostiene que es de Lorenzo, a quien definió como “un fabulador profesional” que “maneja todo desde la cárcel”.